La madrugada del 17 de junio, un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía protagonizó un grave incidente en el barrio Quirigua, occidente de Bogotá. El funcionario, identificado como Wilson Sánchez Bobadilla, llegó armado al lugar tras una llamada de su hija, presuntamente involucrada en una riña dentro de un bar. Funcionario del CTI disparó a joven tras altercado en bar de Bogotá.
Al llegar, el agente no cruzó palabra con nadie. Sacó su arma de dotación y disparó contra tres personas. Una de ellas, Héctor Andrés Blanco Pulido, resultó herida por la espalda y cayó al suelo. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad, imágenes clave para la investigación.
Blanco sufrió heridas graves en órganos vitales como el intestino delgado, el grueso y el sistema cardiovascular. Además, recibió golpes después del disparo por parte de personas que, según testigos, acompañaban al funcionario.
Trayectoria del agresor: escolta, exmilitar y agente del CTI
Sánchez Bobadilla trabajó como escolta desde 2001. En 2015, ingresó a la Fiscalía como agente de protección y desde entonces prestaba servicios en el grupo de seguridad de la Corte Suprema de Justicia. También figura como exmilitar del Batallón de Usaquén, en Bogotá.
Investigadores aseguran que el servidor público actuó tras recibir una llamada de su hija, quien salió lesionada de la pelea que dio origen al incidente. El funcionario habría llegado en compañía de un grupo que agredió físicamente a las víctimas.
Las autoridades aseguran que la investigación sigue en curso, y que el video de vigilancia muestra que el agente disparó sin mediar palabra. El material probatorio está en poder de la Fiscalía.
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Captura, imputación y decisión judicial; Funcionario del CTI disparó a joven tras altercado en bar de Bogotá
La Policía capturó al agente en el lugar de los hechos. En audiencia del 19 de junio, un juez le imputó el delito de tentativa de homicidio. Sánchez Bobadilla no aceptó los cargos. Su defensa argumentó legítima defensa, pero la Fiscalía solicitó detención domiciliaria, medida que fue aceptada por la juez 73 de garantías de Bogotá sin apelación.
Hasta ahora, ni el funcionario ni su abogado han entregado declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Las víctimas siguen en recuperación, mientras el país observa con atención un caso que pone nuevamente sobre la mesa el uso de armas por parte de funcionarios del Estado en medio de conflictos personales.
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