La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) anunció el pasado viernes que se ha visto en la necesidad de suspender o limitar varios de sus programas en Colombia. La razón detrás de esta decisión es un profundo déficit de financiamiento que afecta su capacidad operativa en el país. La organización mundial necesita $ 118.3 millones para operar en el país para el año 2025, pero hasta ahora sólo ha logrado recaudar el 4.6% de ese monto total requerido. Esta situación ha llevado a ACNUR a suspender programas clave en el país, poniendo en grave riesgo a varias comunidades vulnerables.
William Spindler, portavoz de ACNUR, ofreció detalles sobre esta difícil situación durante una conferencia de prensa en Ginebra. Él resaltó que los recortes en la ayuda internacional, especialmente por parte de los Estados Unidos, han tenido un impacto directo en las capacidades operativas de la organización en regiones que requieren atención urgente, como el Catatumbo. En esta zona, la escalada de la violencia ha provocado el desplazamiento forzado de más de 63,000 personas, un número que marca un récord histórico para Colombia en términos de desplazamiento.
Influencia en niños, mujeres y desplazados internos; Acnur suspende programas clave en Colombia debido a la falta de fondos
ACNUR informa que los programas que han sido interrumpidos o reducidos incluyen ayuda humanitaria, protección de menores, prevención de la explotación sexual y apoyo legal para migrantes y desplazados. El impacto de este recorte es alarmante. Más de 17,000 niños se han visto afectados, exponiéndolos a riesgos como el reclutamiento forzado por parte de grupos armados, lo que pone en peligro su integridad y desarrollo.
Además, la distribución de artículos de primera necesidad, como linternas, productos de higiene y materiales escolares, ha sido interrumpida en diversas áreas de alto riesgo. Spindler advirtió que si la comunidad internacional no responde con rapidez y efectividad, “los años de progreso en integración y protección pueden deshacerse” de manera alarmante.
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La legalización de los asentamientos y la regulación de la migración también se detiene
En un giro adicional, ACNUR también ha confirmado que se verá obligada a detener su apoyo a la legalización de los asentamientos informales, una medida que había garantizado derechos de propiedad y acceso a servicios básicos para más de 105,000 desplazados internos. Esta decisión también afecta la regulación de más de 500,000 refugiados venezolanos que se encuentran en el país, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad de estas comunidades.
Colombia es el hogar de una de las poblaciones de desplazados internos más grandes del mundo, con más de siete millones de personas desplazadas, tres millones de migrantes y refugiados venezolanos, y medio millón de colombianos regresando al país. Sin una inyección de fondos adecuada, el panorama para estas comunidades vulnerables se está volviendo cada vez más incierto y preocupante.
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