El Secretario de Justicia actualmente investiga una queja que podría tener profundas repercusiones en la junta de Johana Aranda. Este interés se despierta a raíz de la firma de un acuerdo que ha suscitado controversia entre el Instituto Municipal de Desarrollo Rural Integral (IMDRI) y Leidy Esperanza Galeano Ortiz, quien es la esposa del ex alcalde Andrés Fabián Hurtado.
Escalada
El Acuerdo 087 de 2024 fue firmado tan solo 53 días después de que el gobierno promulgara una enmienda. Este acuerdo fue diseñado para reducir en más de $65 millones de pesos la conexión de Galeano Ortiz con el trabajo psicosocial como contratista. Sin embargo, este acuerdo está en clara contravención de la Ley 80 de 1993, que prohíbe las contrataciones con cónyuges de funcionarios públicos durante un periodo crítico tras su desvinculación de funciones públicas.
La queja en cuestión fue presentada por el abogado José Baruth Tafur Gutérrez, bajo el número de Dokus E-2015-180399. Actualmente, este caso ha sido escalado a la corte 101 del II Case Penal en Ibagué, donde la comandante Alba Cristina Morales Lezano ha asumido el liderazgo de la investigación.
En contraste?
A fecha del 21 de abril de 2025, la oficina correspondiente ha confirmado el avance de este proceso legal, que ha puesto bajo la lupa tanto al gerente de fútbol del IMDRI, Sebastián Perdomo Rondón, como a la propia alcalde Johana Aranda. Se les acusa de permitir y facilitar la contratación de la esposa del ex alcalde, lo que claramente refleja la percepción de corrupción y abuso de poder en la gestión gubernamental.
Es crucial destacar que Andrés Hurtado se retiró de su cargo el 31 de diciembre de 2023. Apenas dos meses después, su esposa formalizó un contrato con la alcaldía de Ibagué, lo que representa una clara violación del Artículo 8 de la Ley 80. Esta situación no solo expone irregularidades legales, sino que también pone de manifiesto cómo el poder real en la ciudad podría seguir siendo manipulado, involucrando a familiares en la dinámica política.
Demanda
La queja presentada exige la anulación del contrato firmado y solicita medidas disciplinarias para que se establezcan protocolos que eviten que este tipo de tráfico de influencias y favoritismos familiares se repita en Ibagué. Este es un llamado claro a que se tomen decisiones que aseguren la transparencia y la ética en la administración pública.
A pesar de que la oficina del Ministro de Justicia está llevando a cabo una revisión exhaustiva del asunto, la presión política y social continúa aumentando. Se exige que los responsables enfrenten consecuencias por su presunta complicidad en estos actos. Si la investigación avanza de manera positiva, las repercusiones podrían alcanzar niveles altos dentro de las estructuras del gobierno local, generando un debate sobre la integridad y la confianza pública en la administración.
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