El Senado de Estados Unidos está a punto de aprobar el proyecto de ley claramente mal llamado big beautiful bill (la gran y hermosa ley). En realidad, se trata de una de las leyes más monstruosas jamás aprobadas por el Congreso desde que se tiene memoria 1. La versión recientemente aprobada por la Cámara de Representantes prevé una reducción de 1,7 billones de dólares, principalmente en gastos internos, al tiempo que concede a los contribuyentes más ricos, que representan el 5 % de la población, unos 1,5 billones de dólares en desgravaciones fiscales.
En los próximos años, este mismo proyecto de ley añadirá 150 000 millones de dólares adicionales al presupuesto del Pentágono, que ya alcanza la cifra récord de 1 billón de dólares. En resumen, en este momento, en la batalla entre el Estado del Bienestar»y el Estado guerrero, son los militaristas los que están ganando.
El gasto innecesario del Pentágono y las personas a las que perjudica
El proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes y actualmente en trámite en el Senado, destinaría decenas de miles de millones de dólares para seguir adelante con el proyecto Golden Dome [sistema defensivo multicapa para contrarrestar misiles balísticos, hipersónicos y de crucero], muy querido por el presidente Trump, pero condenado al fracaso, que Laura Grego [física y astrónoma, directora del Programa de Seguridad Global], de la Unión de Científicos Preocupados, calificó de fantasía. Explicó con precisión por qué el Golden Dome, que se supone que protege a Estados Unidos de un ataque nuclear, es un sueño quimérico:
En los últimos 60 años, Estados Unidos ha gastado más de 350 000 millones de dólares en desarrollar una defensa contra misiles balísticos intercontinentales (ICBM) con ojivas nucleares. Estos esfuerzos se han caracterizado por falsos comienzos y fracasos, y ninguno ha demostrado aún su eficacia contra una amenaza real… Las defensas antimisiles no constituyen una estrategia útil ni a largo plazo para proteger a Estados Unidos contra las armas nucleares.
El proyecto de ley también prevé miles de millones adicionales para la construcción naval, nuevas inversiones importantes en artillería y municiones, así como la financiación de aviones de combate de nueva generación como el F-47 [¡Trump es el 47º presidente de Estados Unidos!].
Después de que todos estos programas de armamento obtengan su colosal parte del futuro presupuesto del Pentágono, en algún lugar al final de la lista figura una partida presupuestaria destinada a mejorar la calidad de vida del personal militar en servicio activo. Pero la parte destinada al bienestar de las y los soldados, marineros y aviadores representa menos del 6 % de los 150 000 millones de dólares que el Congreso se dispone añadir al ya colosal presupuesto de este departamento. Y ello a pesar de las repetidas afirmaciones de los halcones del presupuesto del Pentágono de que las colosales sumas que sistemáticamente prevén inyectar —y las arcas rebosantes de los empresarios a los que financia— son para las tropas.
Gran parte de los fondos previstos en el proyecto de ley se destinarán a los distritos electorales de miembros clave del Congreso (lo que les proporcionará una ventaja política considerable). Por ejemplo, el proyecto Golden Dome permitirá enviar miles de millones de dólares a empresas con sede en Huntsville, Alabama, conocida como Rocket City debido a la densa red de empresas que trabajan allí, tanto en misiles ofensivos como en sistemas de defensa antimisiles. Y esto, por supuesto, suena como música celestial para los oídos del representante Mike Rogers (republicano por Alabama), actual presidente del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, que casualmente es originario de Alabama.
Los fondos destinados a la construcción naval ayudarán a sostener a fabricantes de armas como HII Corporation (antes Huntington Ingalls), que opera un astillero en Pascagoula, Misisipi, el estado natal del presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado, Roger Wicker (republicano de Misuri). Fondos que también se destinarán a astilleros de Maine, Connecticut y Virginia.
Estos fondos beneficiarán a los copresidentes del Shipbuilding Caucus de la Cámara de Representantes, el representante Joe Courtney (demócrata de Connecticut) y el representante Rob Wittman (republicano de Virginia). Connecticut alberga la fábrica Electric Boat, de General Dynamics, que fabrica submarinos equipados con misiles balísticos, mientras que Virginia acoge el astillero Newport News Shipbuilding de HII Corporation, que construye tanto portaaviones como submarinos de ataque.
El proyecto de defensa antimisiles Golden Dome, en el que el presidente Trump ha prometido invertir 175 000 millones de dólares en los próximos tres años, beneficiará a pequeñas y grandes empresas. Entre ellas se encuentran empresas como Boeing, Lockheed Martin y Raytheon (ahora RTX), que construyen los sistemas de defensa antimisiles de la generación actual, así como empresas tecnológicas militares emergentes como Space X, de Elon Musk, y Anduril, de Palmer Luckey [que apoyó a Donald Trump], que, según algunos rumores, podrían desempeñar un papel destacado en el desarrollo del nuevo sistema antimisiles.
Y por si pensaban que este país solo tenía previsto invertir en defensa contra un ataque nuclear, para el año fiscal 2026 se ha propuesto un fuerte aumento del gasto en nuevas ojivas nucleares bajo los auspicios de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) del Ministerio de Energía . Treinta mil millones de dólares, para ser exactos, lo que supondría un aumento del 58 % con respecto al presupuesto del año anterior. Al mismo tiempo, dentro de esta agencia, los programas de no proliferación, saneamiento y energías renovables sufrirían importantes recortes, lo que dejaría el 80 % de la financiación propuesta por la NNSA destinada al —sí, lo han adivinado— armamento nuclear. Estos fondos se destinarán a empresas como Honeywell, Bechtel, Jacobs Engineering y Fluor, que contribuyen a la explotación de laboratorios nucleares y centros de producción nuclear, así como a instituciones educativas como la Universidad de Tennessee, Texas A&M y la Universidad de California en Berkeley, que ayudan a gestionar laboratorios de armas nucleares o centros de producción nuclear.
Debilitar el sistema seguridad social y a Estados Unidos
Y mientras los fabricantes de armas se llenan los bolsillos con esta nueva inyección masiva de liquidez, el personal militar, tanto actual como retirado, quedará claramente desatendido. Para empezar, la administración de veteranos está a punto de sufrir importantes recortes presupuestarios, que podrían suponer hasta 80 000 despidos, una medida que sin duda ralentizaría la tramitación de las prestaciones para quienes han servido en las guerras pasadas de Estados Unidos. También se reducirá la investigación sobre las enfermedades que afectan de manera desproporcionada a las y los veteranos, lo que debería considerarse un escándalo.
Mientras tanto, cientos de miles de veteranos y veteranas de las desastrosas guerras libradas por este país en Afganistán e Irak seguirán sufriendo lesiones físicas y psicológicas, entre ellas traumatismos craneales y trastornos de estrés postraumático (TEPT). Reducir la investigación que podría conducir a soluciones más eficaces para estos problemas debería considerarse una vergüenza nacional. Al mismo tiempo, los militares en servicio activo, que solo reciben una mínima parte de los 150 000 millones de dólares adicionales del Pentágono, también necesitan ayuda.
Peor aún, si apartamos la mirada del Pentágono por un momento, los recortes en el resto de esta hermoso proyecto de ley probablemente afectarán a la mayoría de las y los estadounidenses, ya sean demócratas, independientes o republicanos partidarios de Donald Trump. Es posible que sus efectos no se noten hasta dentro de varios meses, cuando empiecen a notarse los recortes de gastos que contiene. Sin embargo, la adopción de políticas que privan a las personas de alimentos y les niegan la atención médica no solo causará sufrimiento innecesario, sino que también costará vidas.
Como declaró hace más de 70 años el presidente (y antiguo general) Dwight D. Eisenhower, un republicano de otro tipo, la seguridad última de una nación no reside en el número de armas que puede acumular, sino en la salud, la educación y la resiliencia de su pueblo. El big beautiful bill y la política divisiva que lo rodea amenazan los cimientos mismos de nuestro poder nacional.
¿Enfrentamiento entre empresarios?
Mientras los recortes presupuestarios amenazan con debilitar a la población, las prioridades de gasto sesgadas refuerzan a los fabricantes de armas. Las cinco grandes —Lockheed Martin, RTX, Boeing, General Dynamics y Northrop Grumman— producen la mayoría de los costosos sistemas de armamento actuales, desde submarinos y misiles balísticos intercontinentales hasta tanques, aviones de combate y sistemas de defensa antimisiles. Al mismo tiempo, empresas tecnológicas emergentes como Palantir [cuyo presidente es Peter Thiel], Anduril [Peter Thiel también es un importante inversor en Anduril] y Space X [de Elon Musk] se benefician de contratos para vehículos no tripulados, sistemas de comunicación avanzados, gafas de última generación para el Ejército, sistemas antidrones y mucho más.
Pero incluso si el gasto militar alcanza niveles récord o casi récord, aún podría producirse una lucha entre las cinco grandes y las empresas tecnológicas emergentes por conseguir la mayor parte de este presupuesto. La Iniciativa de Transformación del Ejército (ATI) podría ser uno de los frentes de la batalla que se avecina entre las cinco grandes y los militaristas de Silicon Valley. Según el secretario del Ejército, Daniel P. Driscoll, uno de los objetivos de la ATI es “eliminar los sistemas obsoletos”.
Driscoll critica duramente la forma en que los miembros del Congreso asignan los fondos presupuestarios —un proceso conocido como pork barrel politics (política clientelar)— a partidas que los servicios militares ni siquiera han solicitado (y solicitan muchas), simplemente porque esos sistemas podrían crear más puestos de trabajo y generar más ingresos para sus estados o circunscripciones. De hecho, se ha comprometido a adoptar un enfoque incompatible con el actual proceso de elaboración del presupuesto del Pentágono, estrechamente ligado a los intereses locales. “Los grupos de presión y los burócratas han sustituido al Ejército en la jerarquización de las prioridades en materia de soldados y combate””, insistió.
Driscoll mantiene un discurso contundente cuando se trata de atacar a los grandes contratistas existentes. Está claramente dispuesto a presionar para que se lleve a cabo una reforma, incluso si eso significa que algunos de ellos tengan que cerrar. De hecho, parece incluso alegrarse de ello: “Consideraré un éxito que, en los próximos dos años, uno de los principales contratistas deje de operar”. (Los principales contratistas son grandes empresas como Lockheed Martin y General Dynamics, que dirigen los grandes programas y obtienen la mayor parte de la financiación, de la que redistribuyen una parte importante a subcontratistas de todo el país y del mundo).
Poner fin a la política clientelar en favor de un enfoque en el que el Pentágono solo compre sistemas que se ajusten a la estrategia de defensa real del país, como sugiere Driscoll, podría parecer un paso adelante significativo. Pero cuidado con lo que desean. Los fondos liberados al impedir que los representantes del Congreso traten el presupuesto del Pentágono como una hucha para comprar la lealtad de sus votantes se destinarán casi con toda seguridad a empresas tecnológicas emergentes dispuestas a construir sistemas de nueva generación, como enjambres de drones, armas capaces de destruir misiles hipersónicos o vehículos terrestres, aviones y barcos no tripulados. Driscoll es un gran entusiasta de la tecnología, al igual que su amigo y compañero de clase en la facultad de derecho de Yale, J. D. Vance [el vicepresidente], que primero fue empleado por el cofundador de Palantir, Peter Thiel, quien luego apoyó su exitosa candidatura al Senado de Ohio.
Dado que las empresas tecnológicas no cuentan con redes de producción tan extensas como las de las cinco grandes en los distritos electorales clave del Congreso, deben encontrar otras formas de persuadir al Congreso para que financie sus programas de armamento. Afortunadamente, los militaristas de Silicon Valley cuentan con un número importante de antiguos empleados o mecenas de la administración Trump que pueden defender su causa.
Además, las empresas de capital riesgo especializadas en tecnología militar han contratado al menos a 50 antiguos responsables del Pentágono y del Ejército, todos los cuales pueden ayudarles a ejercer su influencia sobre la Administración Trump y el Congreso. La mayor presa ha sido la contratación por parte de Palantir del excongresista de Wisconsin Mike Gallagher (republicano), que dirigió la comisión especial del Congreso sobre la China comunista, conocido por sus posiciones belicistas.
Algunos periodistas y analistas políticos se han preguntado si la disputa entre Donald Trump y Elon Musk perjudicará al sector de la tecnología militar. Bueno, no se preocupen. Incluso si Trump llevara a cabo su amenaza de eliminar la financiación pública de las empresas de Musk, las misiones que estas llevan a cabo —desde el lanzamiento de satélites militares hasta el desarrollo de un acceso a Internet más seguro para el personal militar desplegado— continuarían, pero bajo los auspicios de otras empresas. Sin duda habrá algunas fricciones, simplemente porque es difícil cambiar de proveedor de la noche a la mañana sin ralentizar la producción. Y la transición, si se produjera, también añadiría costes a unos programas que ya son extremadamente costosos.
Pero la amenaza de Trump de cancelar los contratos de Space X podría ser solo un argumento más en su guerra verbal con Musk, en lugar de una medida que su administración tenga intención de aplicar. Incluso si Musk y su presidente nunca se reconcilian, los recortes presupuestarios en la diplomacia internacional y los servicios sociales nacionales que Musk ha iniciado seguirán causando graves daños durante años.
El dinero no puede comprar la seguridad
Pasar de las cinco grandes [empresas de armamento] a las empresas tecnológicas militares emergentes no será solo una cuestión de dinero y tecnología. Las figuras clave de la creciente coalición de militaristas de Silicon Valley, como Alex Karp, director ejecutivo de Palantir, consideran que la fabricación de armas es más que un simple pilar necesario de la defensa nacional. Lo ven como una medida de carácter nacional.
El nuevo libro de Alex Karp, The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West, mezcla la ideología de la Guerra Fría de los años 50 con las tecnologías emergentes del siglo XXI. Denuncia la ausencia de conceptos unificadores como Occidente y considera que demasiados estadounidenses son vagos y carecen de orgullo nacional o patriotismo. Su solución, una misión nacional destinada a unirles, es —redoble de tambores— un proyecto Manhattan [el histórico programa de desarrollo de la bomba nuclear] moderno para el desarrollo de aplicaciones militares de la inteligencia artificial. Decir que se trata de una versión empobrecida de lo que debería ser la misión de este país es un eufemismo. Se me ocurren muchas otras posibilidades, como luchar contra el cambio climático, prevenir pandemias, mejorar nuestro sistema educativo o construir una sociedad en la que se satisfagan las necesidades básicas de todos y todas, dejando espacio para todo tipo de actividades creativas.
Los tecnoptimistas también están obsesionados con prepararse para una guerra con China que, según Palmer Luckey, el fundador de 32 años de la empresa de tecnología militar Anduril, tendrá lugar en 2027. Y muchos de su entorno, entre ellos Marc Andreessen, de la empresa de capital riesgo Andreessen Horowitz, están convencidos de que los riesgos potenciales asociados al desarrollo de la IA son insignificantes en comparación con la necesidad de vencer a China, no solo siendo los primeros en desarrollar aplicaciones militares sofisticadas, sino también ganando una futura guerra con Pekín, si fuera necesario. Los debates sobre la diplomacia para evitar una guerra en torno a Taiwán o sobre la cooperación en cuestiones mundiales como el cambio climático, las epidemias y la construcción de una economía mundial más inclusiva y menos desigual son escasos entre los militaristas acérrimos de Silicon Valley. En cambio, este grupo dedica mucho tiempo y dinero a tratar de influir en el futuro de la política exterior y militar de Estados Unidos, lo que constituye una evolución peligrosa.
Que las empresas tecnológicas emergentes logren o no fabricar armas más baratas y eficaces no tendrá ninguna importancia si estos avances se inscriben en una estrategia agresiva que pueda desencadenar un conflicto devastador con China. Si bien la lucha entre los cinco grandes y los líderes tecnológicos puede resultar interesante de observar, también es preocupante para el futuro de la política económica y exterior de nuestro país, por no hablar de la forma y el tamaño de nuestro presupuesto nacional.
El resto de nosotros, que no somos multimillonarios ni ganamos 20 millones de dólares al año como los directores generales de las grandes empresas armamentísticas (financiadas directa o indirectamente con nuestros impuestos), deberíamos desempeñar un papel destacado en la reflexión y la revisión del papel mundial de este país y de nuestras políticas internas. Si no afrontamos este reto, este país podría acabar cambiando una forma de militarismo, liderada por los cinco grandes, por otra, dirigida por líderes tecnológicos belicistas y engreídos, más preocupados por ganar dinero y crear nuevas tecnologías devastadoras que por la democracia o la calidad de vida de la y del estadounidense medio.
William D. Hartung es investigador senior del Quincy Institute for Responsible Statecraft y coautor, junto con Ben Freeman, de The Trillion Dollar War Machine: How Runaway Military Spending Drives America into Foreign Wars and Bankrupts Us at Home (de próxima publicación en Bold Type Books).
1/07/2025
Traduccion: viento sur
Según el New York Times del 1 de julio de 2025: “El Senado aprobó el martes el proyecto de ley sobre fiscalidad y política interior del presidente Trump, después de que el vicepresidente J.D. Vance desempatara la votación tras la ruptura de tres republicanos que se unieron a los demócratas para oponerse al texto. Este último vuelve ahora a la Cámara de Representantes, donde los importantes recortes presupuestarios en el programa Medicaid y el aumento de 3,3 billones de dólares de la deuda nacional han preocupado a algunos republicanos”. (Red.)
