El reciente ascenso oficial y posterior nombramiento de Luis Hernando como enlace municipal ante las Juntas de Acción Comunal de Garzón, impulsado por el intendente Francisco Calderón, no pasó desapercibido para los municipios.
En el comunicado, el presidente declaró que Luis Hernando «ha entregado su vida a las juntas de acción de la comunidad», argumento con el que justificó su ingreso al grupo de gobierno como interlocutor directo con los comunitarios. El gesto buscó reconocer la historia y enviar una señal de apoyo a las JAC como actores clave en el desarrollo local, aunque en política los símbolos rara vez son inocentes.
Luis Hernando no es un protagonista menor. Su recorrido en el trabajo comunitario, el apoyo de las bases y su cargo como presidente de la Asociación de Gobiernos Locales lo convierten en una persona influyente. Él mismo mencionó que “siempre he estado por los miembros de la comunidad” y aseguró que este nombramiento no será la excepción, prometiendo trabajo y compromiso constante. Sus palabras son coherentes con su historia y refuerzan la legitimidad construida sobre el territorio.
Sin embargo, el debate surge cuando el reconocimiento simbólico se convierte en una tasa administrativa. Las juntas de acción comunitaria deben esencialmente conservar su independencia, capacidad de supervisión y libertad para exigir al gobierno local. Vincular a uno de sus principales líderes a la estructura institucional conlleva un peligro evidente: que las voces críticas sean suprimidas y que la acción social dependa de la proximidad al poder.
El alcalde Calderón sostuvo que la decisión busca «darle a los comuneros un espacio importante dentro de la administración. El enfoque es relevante en un municipio donde muchas comunidades han caído en mal estado. Sin embargo, el desafío radica en lograr que este espacio no conduzca a una cooperación política, sino a una verdadera herramienta de gestión, diálogo y solución de problemas».
53
