Estamos acostumbrados a evaluar guerras en términos de números de personas muertas, heridas o desaparecidas. Sin duda, tales datos cuantitativos resultan relevantes cuando se habla de la vida de los seres humanos; sin embargo, los números ocultan otra realidad mucho más compleja. Esta realidad incluye la destrucción de conexiones sociales fundamentales, la desaparición de organizaciones populares y, en un sentido más amplio, el agotamiento general de los pueblos y naciones. Estas dimensiones del conflicto no se pueden medir fácilmente, pero son igualmente devastadoras.
En Guatemala, la importancia de estas consecuencias ha sido analizada a fondo por la antropóloga social y periodista Irma Alicia Velásquez, originaria de Maya Quiché del Altiplano. Su trabajo se centra en las comunidades, que aparecen en primer plano, demostrando cómo la larga guerra interna ha impactado la vida cotidiana de estas personas. A través de su análisis, se enfatiza que el conflicto armado guatemalteco no sólo se limitó a la pérdida de vidas, sino que creó una dinámica de tensión y desarraigo que ha repercutido en el tejido social del país.
El conflicto armado en Guatemala se inició formalmente en 1960, aunque varios análisis sugieren que sus raíces se hunden en 1954, cuando se llevó a cabo la invasión estadounidense que derrocó al gobierno de Jacobo Árbenz. Esta situación desató una serie de persecuciones organizadas contra campesinos y activistas que buscaban una reforma agraria, criminalizando a aquellos que intentaron realizar cambios significativos en el ámbito rural, como indica Velásquez.
Las comunidades indígenas intentaron resistir y enfrentar el conflicto de manera autónoma. A pesar de la pobreza y la desigualdad, las comunidades autóctonas contaban con un grado de independencia que les había permitido sobrevivir durante 300 años de coloniaje y casi un siglo de la República. Estos pueblos producían melaza, edulcorantes y una variedad de productos agrícolas que vendían en el mercado local, lo que les otorgaba cierto nivel de autonomía frente a un Estado opresor.
Sin embargo, cuando estalló la guerra, las comunidades fueron devastadas, especialmente a partir de 1975, cuando el estado inició una campaña de destrucción comunitaria. Este proceso se intensificó con la construcción de la represa Brane Chixoy, la más grande de América Central en ese momento, lo que resultó en el desplazamiento forzado de 33 pueblos, así como en la masacre de Río CRK, donde se estima que hasta 5,000 personas perdieron la vida entre 1980 y 1982.
Como Velásquez señala, la resistencia de los pueblos indígenas ante la pérdida de su territorio condujo a un aumento en la represión del gobierno, que se expandió a otras regiones como Quehuetenango. En la década de 1980, bajo la presidencia de Efraín Ríos Montt, se perpetró genocidio contra la población indígena, sustentado por una política de «tierra interrumpida». Más de un millón de personas huyeron hacia México y muchos otros migraron hacia la capital, en busca de un refugio que a menudo no encontraban.
El análisis de Velásquez destaca que muchas de estas comunidades no estaban estructuradas para recibir a la gran cantidad de desplazados. Esto resultó en un alarmante aumento de la desnutrición y diversas muertes por hambre y sed en las montañas. La guerra generó un empobrecimiento generalizado, donde las mujeres y los niños sufrieron en gran medida, abandonando sus hogares y comunidades en situaciones desgarradoras.
Como sucedió en otros países de la región, la organización comunitaria en Guatemala se debilitó profundamente. Los movimientos sociales que antes existían se desorganizaron y la resistencia al sistema se volvió prácticamente inexistente, mientras que el Estado, las fuerzas armadas y las élites gobernantes se mantenían firmes y reforzadas. Al final del conflicto, quienes habían sobrevivido se encontraron con una falta de liderazgo y unidad, lo que hizo que su lucha se volviera aún más difícil.
A pesar de la magnitud del conflicto, existe un desacuerdo sobre la responsabilidad de la violencia. En muchas narrativas, toda la culpa se atribuye solamente al ejército, al imperialismo y a las élites locales, pero esto no excluye la discusión sobre la responsabilidad de las fuerzas guerrilleras. Por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha tratado de abordar de manera justa el daño causado por la guerra y ha decidido optar por una resistencia civil pacífica. Las experiencias vividas en las guerras centroamericanas son una advertencia sobre cómo no debería llevarse a cabo un proceso revolucionario. A medida que los pueblos continúan su lucha, la experiencia del EZLN se convierte en un referente significativo para aquellos que buscan una resistencia ética y sostenible.
16 de mayo de 2025.
