El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, declaró que hay alrededor de 45.000 trabajadores de alto riesgo (como bomberos, mineros, funcionarios de cárceles) que, por ley, deberían estar afiliados al régimen público de pensiones, pero actualmente están en fondos privados (AFP).
Según Dussán, esos fondos privados “le deben” al régimen público cerca de 9 billones de pesos, monto que correspondería a los recursos acumulados de esos trabajadores en las AFP.
El propósito de recuperar estos recursos sería usar el dinero para:
- aliviar la presión sobre el Presupuesto General de la Nación
- fortalecer el Pilar Solidario de la reforma pensional
- financiar subsidios y bonos pensionales a adultos mayores que no han recibido apoyo previo
Dussán indicó que los ministros de Hacienda y de Trabajo ya enviaron una carta a las AFP solicitando la devolución de esos recursos a Colpensiones.
Los desafíos legales y técnicos
Si bien la propuesta tiene respaldo político, expertos advierten que su implementación no es sencilla y podría contravenir normas existentes:
- Libertad de elección del régimen
La Ley 100 de 1993 protege que los trabajadores elijan libremente si cotizar en el régimen público (Colpensiones) o privado (AFP). - Normas específicas para alto riesgo
El Decreto 2090 de 2003 define qué trabajos son considerados de alto riesgo, cómo se pueden pensionar esos trabajadores y los requisitos para que estén bajo el régimen especial público. - Doble asesoría obligatoria (Ley 1748 de 2014)
Para que un trabajador cambie de régimen, debe recibir asesoría de ambas entidades (la pública y la privada) para tomar una decisión informada. Hacer traslados masivos podría violentar esa norma. - Falta de precisión en las cifras
Aunque Dussán habla de 9 billones, algunos especialistas advierten que no hay un consolidado claro de quiénes cumplen los requisitos legales exactos ni del monto real que sería susceptible de traslado. - Riesgo de demandas y disputas
Las AFP podrían alegar vulneración de derechos si los traslados se hacen sin cumplir todos los requisitos legales o sin consentimiento de los afiliados.
Acuerdos recientes y pasos propuestos
En respuesta a la polémica, el gobierno y los fondos privados sostuvieron una reunión de urgencia con representantes del Ministerio de Hacienda, Trabajo, Salud, Colpensiones y Asofondos.
Durante esa reunión:
- Se acordó habilitar la cotización inmediata para los trabajadores de alto riesgo mientras se define el procedimiento técnico para los traslados.
- Se propusieron mesas técnicas para determinar con precisión quiénes califican para ser trasladados, asegurando el cumplimiento de la doble asesoría y respetando la voluntariedad.
- Asofondos señaló que aunque no se oponen al traslado cuando la norma lo exige, el planteamiento de trasladar masivamente sin los pasos legales correctos tiene riesgos.
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