Si los defensores colombianos del status quo fueran defensores de las instituciones, hoy condenarían el ataque al derecho internacional, que, además, fue pasado por alto por el propio Congreso de los Estados Unidos. En este momento urge revitalizar las instituciones internacionales, porque, como señaló en su momento Estanislao Zuleta, esto representa una conquista parcial de los pueblos del mundo en movimiento y garantiza, en cierta medida, la posibilidad de procesar los conflictos de manera no violenta, especialmente no militar. No se trata de una defensa abstracta de formas e instituciones, sino más bien de un fortalecimiento popular, ojalá una reinvención, de aquellos elementos que actúan como freno al militarismo. De lo contrario, nos quedarán sólo los argumentos de la violencia armada, una gramática en la que los «fuertes» mandan y el resto de nosotros nos convertimos en carne de cañón, cuerpos útiles para las necesidades de otros.
Si los defensores colombianos de el status quo Si fueran verdaderos partidarios del institucionalismo, hoy no podrían permanecer en silencio ni retirarse a una calculada oscuridad, porque se verían obligados a condenar con la misma vehemencia un ataque frontal al derecho internacional que, además, ignoraba incluso los procedimientos y los controles y equilibrios del propio Congreso de los Estados Unidos. Su coherencia discursiva requeriría reconocer que no se trata de una cuestión marginal ni de una mera disputa geopolítica externa, sino más bien de una violación abierta de los marcos regulatorios que dicen defender cuando les resultan funcionales. La selectividad moral con la que suelen referirse al derecho y las instituciones revela que, en lugar de una defensa de la institucionalidad basada en principios, hay una adhesión interesada a un orden que está legitimado siempre que no perturbe las relaciones de poder ya establecidas.
En este momento es urgente revitalizar las instituciones internacionales, no como un fetiche legal o como un conjunto de procedimientos vaciados de contenido político, sino como un terreno de disputa históricamente conquistado. Como señaló en su momento Estanislao Zuleta, esta institucionalidad representa una conquista parcial de los pueblos del mundo en movimiento, resultado de luchas, derrotas y aprendizajes colectivos, y no un regalo gentilmente dado por las potencias dominantes. En este sentido, su valor radica en que todavía garantiza, aunque de forma limitada y siempre frágil, la posibilidad de procesar los conflictos de forma no violenta, especialmente no militar, abriendo espacios de expresión, mediación y reconocimiento de la alteridad. Renunciar a ella o dejar que se erosione sin resistencia equivale a desmantelar uno de los pocos dispositivos que aún nos permiten detener la normalización de la guerra como lenguaje político legítimo.
No se trata, por tanto, de una defensa abstracta de formas e instituciones, separadas de las personas que las hicieron posibles y que pueden reinventarlas, sino más bien de un fortalecimiento popular consciente, ojalá una reinvención profunda, de aquellos elementos institucionales que históricamente han actuado como freno al militarismo y a la lógica de la fuerza. Cuando estas mediaciones se debilitan o se vacían de significado, se impone el horizonte de los argumentos de la violencia armada, una gramática brutal en la que los llamados fuertes dictan las reglas, y el resto de nosotros quedamos reducidos a piezas reemplazables, a carne de cañón, a cuerpos instrumentalizados para fines ajenos a nosotros. La defensa y transformación de la institucionalidad es, en última instancia, un compromiso con la vida y la posibilidad misma de un mundo en el que los conflictos no se resuelvan sistemáticamente destruyendo la alteridad.
* Politólogo. Doctor en Filosofía. Profesor de la Universidad Nacional de Columbia.
