Un nuevo capítulo se abre en la investigación por el asesinato del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de que la Fiscalía General de la Nación emitiera órdenes de captura contra varios integrantes de la estructura armada conocida como Segunda Marquetalia.
De acuerdo con los avances del proceso judicial, las autoridades lograron establecer que el crimen no obedeció a un hecho aislado, sino a una operación cuidadosamente planificada desde niveles estratégicos de esta organización ilegal. Las órdenes judiciales cobijan a varios señalados cabecillas, quienes habrían tenido participación directa en la coordinación y financiación del atentado.
El homicidio ocurrió el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá, cuando el dirigente político fue atacado con arma de fuego en medio de una actividad pública. Aunque inicialmente logró ser trasladado a un centro asistencial, falleció semanas después debido a la gravedad de las heridas.
Uno de los elementos clave dentro de la investigación ha sido el testimonio de un intermediario, quien habría servido de enlace entre los autores intelectuales y los ejecutores materiales del crimen. Esta declaración permitió a las autoridades reconstruir la cadena de mando y ubicar a los responsables de mayor jerarquía dentro de la estructura criminal.
Las pesquisas también revelan que el atentado habría sido financiado con una millonaria suma de dinero, destinada tanto a la ejecución del asesinato como a posibles maniobras de encubrimiento. Según la Fiscalía, el objetivo del crimen trascendía lo individual y buscaba generar un fuerte impacto en el escenario político nacional.
Por este caso, ya se habían registrado capturas previas de personas vinculadas a la logística del ataque, incluyendo al autor material, un menor de edad que fue detenido en el lugar de los hechos. Sin embargo, con estas nuevas órdenes de captura, las autoridades buscan desarticular completamente la red que estaría detrás del magnicidio.
El proceso continúa en desarrollo, mientras se intensifican las operaciones para dar con el paradero de los señalados, en un caso que ha sido calificado como uno de los más graves ataques contra la institucionalidad en los últimos años en Colombia.
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