En el marco del acalorado debate en torno a la Quinta Comisión del Senado, el diputado del Senado Miguel Barreto, originario de Tolima, ha expresado críticas contundentes hacia el servicio policial y empresas como Celsia, acusándolas de un tipo de cambio vergonzoso que refleja poca responsabilidad. «Nos están permitiendo a nosotros y a nadie responde», afirmó con desdén. Para Barreto, el sistema de energía de Colombia está efectivamente secuestrado por un oligopolio que se alimenta de colecciones insaciables mientras ofrece servicios de mala calidad, plagados de errores y fallas.
La situación es preocupante, y los habitantes de Tolima vuelven a verse afectados. Se enfrentan a la oscuridad continua, con cortes de energía que pueden llegar a ocurrir hasta 12 veces al día, lo que provoca daños en dispositivos eléctricos en municipios como Espinal, Chaparral o Mariquita. Sin embargo, frente a esta crisis, la respuesta de un oficial de policía es simplemente: «Todo está bien». Esta desconexión entre el público y la realidad que enfrentan los ciudadanos se traduce en una serie de pesadillas cotidianas, reflejando un sistema institucional que parece estar más inclinado a proteger a las grandes empresas que a los ciudadanos comunes.
Además, Barreto hizo un llamado a la atención sobre el hecho de que, aunque en el país se habla continuamente de la necesidad de adoptar energía limpia y de hacer una transición energética, la compañía predominante en el mercado parece estar estancada. Esta situación se vuelve aún más grave, ya que las empresas líderes en el sector rechazan licencias cruciales para el desarrollo de proyectos de energía solar o eólica. Su resistencia está frenando el avance de Colombia hacia una energía más asequible y sustentable. Como resultado de sus declaraciones, se organizó una visita del policía de servicios públicos a Tolima para evaluar la situación actual. Pero persiste una pregunta inquietante en el aire: ¿será capaz de resolver algo o solamente justificar el caos que ha imperado hasta ahora?
Existen indicios claros de que el descontento popular está en aumento. Los residentes de Tolima sienten que sus derechos como consumidores, así como su calidad de vida, están en peligro ante la inacción de las autoridades y el monopolio de las empresas de energía. Los clamorosos reclamos por un servicio adecuado y responsable están siendo ignorados, y muchos ciudadanos se preguntan si hay realmente un camino hacia la transparencia y la justicia en el sector de la energía en el país.
Con la creciente insatisfacción social, es crucial que los responsables tomen medidas concretas para abordar estos problemas. La falta de acción no solo perpetúa el sufrimiento de los ciudadanos de Tolima, sino que también socava la confianza en las instituciones que deberían proteger sus derechos. Es imperativo que se busquen soluciones efectivas para asegurar un suministro eléctrico confiable y de calidad. En este contexto, el papel del gobierno y las regulaciones son más importantes que nunca para gestionar este desafío y buscar un futuro más brillante para todos los colombianos.
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