En Popayán, más de 80 habitantes del caserío Guayabal – Finca Pomona viven una difícil situación tras el cierre del camino que históricamente ha sido su único acceso hacia la ciudad. La noche del 20 de agosto, la vía que durante más de 60 años permitió la movilidad de esta comunidad fue bloqueada, dejando incomunicados a niños, estudiantes, trabajadores, madres cabeza de hogar y adultos mayores.
La comunidad denuncia que este cierre vulnera derechos fundamentales como la libre locomoción, el acceso a la educación, el trabajo y el mínimo vital. “Nuestros hijos no pueden llegar al colegio, muchos no han podido trabajar y los adultos mayores quedaron prácticamente aislados. Nos están quitando la posibilidad de vivir dignamente”, expresó Diana Carolina Timaná, habitante del sector.
Los pobladores explicaron que el camino no solo beneficia a las familias de la Finca Pomona, sino que también es utilizado por entidades públicas, empresas de servicios y plataformas de transporte. Además, allí se encuentran instaladas las redes de agua potable, energía eléctrica, internet y alumbrado público, lo que confirma su importancia como vía de uso comunitario.
El cierre se originó en una disputa con propietarios del predio vecino, quienes reclaman el derecho sobre el terreno. Sin embargo, la comunidad recuerda que en mayo de 2025 el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple reconoció la necesidad de imponer una servidumbre de tránsito a favor de la Finca Pomona. El fallo fijó una indemnización superior a los 2.300 millones de pesos, un monto que los habitantes jornaleros, agricultores y trabajadores de la construcción consideran imposible de cubrir debido a su precaria condición económica.
“Es desproporcionado exigirnos una suma millonaria que jamás podríamos pagar. Lo único que pedimos es que se respeten nuestros derechos y se garantice el libre tránsito por el camino que por décadas hemos cuidado”, afirmaron los afectados en un comunicado.
Los habitantes de la Finca Pomona hicieron un llamado urgente a la Alcaldía de Popayán, la Personería y la Defensoría del Pueblo para que intervengan de inmediato y protejan a la comunidad frente a esta vulneración. Recalcaron que la vía es esencial para su supervivencia, no solo por la movilidad sino porque de ella dependen la educación de sus hijos, el acceso a la salud y la posibilidad de sostener sus empleos. “Queremos soluciones justas y prontas. No pedimos privilegios, pedimos respeto por la vida y la dignidad de nuestras familias”, concluyeron.
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