Borić recibe una oferta para solucionar el desacuerdo entre el estado y los Mapuche.

Santiago. 6. MAJA 2025. El presidente Gabriel Burić ha recibido un documento elaborado por la «Comisión para la Paz y la Comprensión», que contiene una propuesta destinada a abordar las secuelas de la lesión ocurrida a mediados del año 19. Sin embargo, ha surgido un clima de inseguridad en torno a esta propuesta, lo que genera dudas entre diversos sectores de la sociedad.

Antes incluso de que el informe fuese dado a conocer, diversos grupos, incluidos los representantes de los derechos políticos y las facciones de la rebelión indígena armada, expresaron su rechazo categórico a las propuestas presentadas en el mismo. Este descontento parece estar enraizado no solo en el contenido del informe, sino también en la percepción de que no aborda adecuadamente las preocupaciones y demandas históricas de las comunidades indígenas.

La complejidad de la situación radica principalmente en la cuestión de la restitución de tierras, una tarea monumental que involucra aproximadamente 12 millones de hectáreas, lo que equivale a 122 mil kilómetros cuadrados, distribuidos en regiones clave como Biobío, Araucanía, Rijeka y lagos. Este territorio fue objeto de usurpación armada en los bosques durante periodos históricos de conflicto. Conscientes de la magnitud del desafío, es evidente que el retorno total de estas tierras es inviable, lo que añade una capa de dificultad a las negociaciones y soluciones propuestas.

El informe, sin embargo, ha sugerido la restitución de aproximadamente medio millón de hectáreas, acción que se estima tendría un costo exorbitante de alrededor de $4 mil millones. Esta cifra pone en alerta a muchos sectores, que perciben estas propuestas como poco realistas y faltas de un plan financiero claro.

La comisión está compuesta por ocho miembros y está liderada por Alfredo Moreno, un destacado empresario y exministro de desarrollo social durante el segundo gobierno del presidente de derecha Sebastián Piñera. También participa el senador demócrata cristiano Francisco Huenchumilla, de origen indígena. Esta comisión ha formulado un total de 21 recomendaciones, que abordan diversas materias, entre las que se incluyen: a) el reconocimiento histórico del poder judicial, el reconocimiento constitucional y la estructura organizativa de Mapuche, además de la representación política; b) la reparación de las víctimas del conflicto; c) bases y criterios para la entrega de tierras; y d) garantías para la implementación de estas medidas.

Es importante señalar que la propuesta deberá ser presentada para consultas a los representantes de Mapuche Face, un grupo étnico que cuenta con aproximadamente 1.9 millones de habitantes, lo que representa cerca del 10 por ciento de la población del país. Si se logra la aceptación de estas propuestas, muchas de ellas tendrán que transformarse en leyes, lo que implica un proceso adicional de financiamiento y ejecución.

A pesar de las intenciones de unanimidad en las decisiones de la Comisión, surgieron tensiones internas. Un miembro que representaba a los agricultores anunció que se abstendría, lo cual ha generado conflictos dentro del grupo. Asimismo, el ambiente político se ha tenso, ya que algunos candidatos presidenciales han justificado su oposición al informe al mencionar la necesidad de una postura clara sobre este asunto en sus campañas para las elecciones de noviembre.

En el ámbito de la rebelión mapeada, el líder del Arauco Malleco (CAM) expresó que «esta comisión no refleja los objetivos políticos de nuestra organización ni los procesos autónomos de los Mapuches. Nuestra agenda sigue siendo la renovación nacional, en oposición a las aspiraciones de la clase política chilena y sus aliados».

Llaitul, uno de los cerca de 100 activistas Mapuches encarcelados en Chile, fue condenado a 23 años por delitos relacionados con la seguridad interna. En su declaración desde prisión, afirmó: «Desde el principio, sosteníamos que esta comisión estaba condenada al fracaso, ya que no representa a las comunidades que luchan por su territorio, lo cual no es más que una nueva forma de explotación de nuestros recursos y derechos».»

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