Más de 250 personas han sido deportadas a los Estados Unidos bajo el legado sin precedente de la industria de mantenimiento. La polémica Megacárcel de Bukele los está esperando en El Salvador. Este caso del migrante salvadoreño, erroneamente deportado y retenido ilegalmente, ha traído consigo una tormenta de implicaciones legales y diplomáticas que llama la atención de todos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió el lunes en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, a quien considera su «amigo» en América Latina. Durante esta reunión, Trump no escatimó en elogios por la supuesta cooperación de Bukele en la recepción de migrantes deportados, lo cual ha suscitado numerosas críticas. Bukele, a su vez, afirmó estar dispuesto a colaborar con Estados Unidos para abordar el «problema del crimen» que afecta al país del norte.
Durante sus declaraciones, Trump agradeció a Bukele por cerrar las fronteras a cientos de migrantes que fueron expulsados por su administración y no dudó en culpar a su predecesor, Joe Biden. Considera que el legado dejado por Biden se caracteriza por tener «fronteras abiertas» que han facilitado el ingreso ilegal al país. En sus propias palabras, «Tuvimos gente estúpida que alcanzó este país, y lo que hicieron en la frontera nunca será olvidado. El pecado es lo que hicieron al no ayudar», comentaba Trump, enfatizando su descontento con la gestión previa.
A través de su plataforma de redes sociales, Truth Social, Trump volvió a manifestar su entusiasmo por su visita a El Salvador. «El presidente Bukele ha aceptado generosamente bajo su custodia a algunos de los enemigos extranjeros más violentos del mundo», escribió en uno de sus mensajes, reiterando el apoyo a las políticas de Bukele.
La dinámica entre ambos líderes ha sido particularmente cálida, con Trump describiendo a Bukele como un «dictador genial«, un término que utiliza en un intento de defenderlo de las acusaciones de autoritarismo. De hecho, Bukele es el primer presidente latinoamericano que ha sido recibido en la Oficina Oval durante el segundo mandato de un presidente republicano, haciendo historia con su visita.
Posteriormente a este encuentro, la secretaría de prensa salvadoreña declaró que El Salvador se había establecido como un «aliado estratégico» de los Estados Unidos en Centroamérica. Esta afirmación resalta el deseo del país por incrementar su presencia en políticas internacionales, manifestando además que los resultados tangibles de esta colaboración están cada vez más claros, tal y como lo indicó la agencia.
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En particular, el gobierno de Estados Unidos ha destinado aproximadamente seis millones de dólares para facilitar la transferencia del primer grupo, el cual incluía a más de 200 individuos que se encontraban en el Centro de Terrorismo de Cierre (CECOT), una Megacárcel que ha sido objeto de numerosas críticas de organizaciones de derechos humanos por las supuestas violaciones de derechos de los prisioneros.
Estas deportaciones han generado una controversia legal, dado que muchos de estos migrantes no presentan evidencias que los vinculen con grupos criminales como el Tren de Aragua o la Mara Salvatrucha (MS-13) salvadoreña. Un caso que ha captado la atención es el de Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño que fue deportado por un «error administrativo» bajo la acusación de ser miembro de la organización criminal.
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó la reintegración de Ábrego al país, dado que contaba con una orden judicial que impedía su deportación. A pesar del reconocimiento por parte del gobierno de la existencia de este fallo, se negó a respetar dicha orden judicial, argumentando que la responsabilidad recaía en las autoridades salvadoreñas.
Ábrego había estado bajo protección temporal en Estados Unidos desde 2019, tras huir de la violencia en su nativo El Salvador. Aunque se ha reconocido el error por parte de la administración republicana, argumentan que no hay jurisdicción para una deportación inversa, eximiéndose de cualquier responsabilidad.
Durante su encuentro con Trump, Bukele excluyó la posibilidad de reintegrar a Ábrego a territorio estadounidense, a pesar de las órdenes judiciales, afirmando que para él, es un «terrorista». «Por supuesto que no haré eso. ¿Cómo enviaré a un terrorista a los Estados Unidos?«, dijo a la prensa, reafirmando su postura firme en este sentido.
En el contexto de los derechos humanos, se ha reafirmado la disposición de Bukele para colaborar con Estados Unidos en temas de seguridad, reconociendo que ambos países enfrentan problemas relacionados con el crimen y el terrorismo. «Si podemos ayudar, lo haremos», afirmó, mientras que San Salvador dejó de ser catalogada como «la ciudad con más homicidios». En dicha propuesta, se contempla una política penitenciaria de gran escala, que incluye el concepto de «lock militar, dejemos ir a millones«, un enfoque que Trump apoya abiertamente.
Durante la reunión, el fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, explicó que el regreso de Ábrego depende exclusivamente del gobierno salvadoreño, dado que actualmente está bajo su custodia. «Es una cuestión de El Salvador querer devolverlo, no nos toca a nosotros«, afirmó Bondi, dejando claro que Estados Unidos había ofrecido ayuda en este asunto, aunque señaló que Ábrego había «vivido ilegalmente» en el país desde 2019 y tenía conexiones con la Mara Salvatrucha, a pesar de que no existen cargos criminales en su contra en Estados Unidos.
A pesar de las diferencias en la interpretación de la ley y los derechos, el gobierno federal se excusó alegando que el caso de Ábrego ya no estaba bajo su control. Miller defendió su deportación al argumentar que las órdenes de protección no aplican en casos relacionados con organizaciones terroristas, aún cuando no se haya aportado evidencia concluyente sobre la relación de Ábrego con tales grupos.
El Departamento de Estado anunció que Ábrego se mantiene «vivo pero» en Cecot, tras la decisión del tribunal de solicitar mejoras periódicas sobre su salud y condiciones de detención. El oficial del ministerio, Michael Kozak, confirmó en una entrevista que se halla en prisión, aunque no proporcionó detalles sobre su acceso a asesoría legal o comunicaciones, ni si se había corroborado su vinculación con organizaciones criminales.
Un informe publicado previamente sugirió que ambos gobiernos podrían estar incurriendo en «desapariciones forzadas» al almacenar a migrantes necomunicados y sin representación legal. Además, un análisis de Bloomberg amplifica esta acusación, revelando que más del 90% de los más de 200 migrantes deportados no presentan cargos penales en Estados Unidos.
En este contexto, la Casa Blanca dejó claro que se no hay límite en el número de personas que pueden ser expulsadas bajo la supuesta acusación de terrorismo. «Continuaremos enviando terroristas extranjeros a El Salvador y otros países.«, afirmó el subdirector del personal de la Casa Blanca, Stephen Miller, conocido como el arquitecto de la política de inmigración del presidente. Miller puntualizó que permanecen miles de miembros del Tren Aragu en Estados Unidos, enfatizando que la deportación de estos individuos es parte de un esfuerzo más amplio para erradicar dicha organización terrorista.
