En los últimos meses, la administración de Donald Trump (Estados Unidos) ha dado un giro en su enfoque hacia América Latina, al considerar que el fenómeno del narcotráfico ya no es sólo una cuestión de orden público sino también de seguridad nacional vinculada con el terrorismo. Esta nueva estrategia pone bajo atención particular a dos países, Colombia y Venezuela, los cuales Washington acusa de mantener o haber permitido relaciones con redes terroristas, entre ellas Hezbollah, organización libanesa que ha sido catalogada como terrorista por EE.UU. y que tiene antecedentes de financiamiento a través del narcotráfico en Latinoamérica.
Según distintos informes y testimonios de agencias estadounidenses y organismos de seguridad, Hezbollah no sólo actúa en Oriente Medio, sino que también posee redes de financiamiento ilícito en América Latina, empleando rutas de drogas, contrabando y lavado de dinero para sostener su infraestructura global. Particularmente, un estudio de 2020 del Atlantic Council señalaba que Venezuela había sido transformada en un “hub” de convergencia entre crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, en el que Hezbollah y sus vinculaciones con Irán juegan un papel relevante.
En este nuevo escenario, Washington argumenta que Colombia y Venezuela no sólo enfrentan al narcotráfico, sino que tienen responsabilidad —o complicidad— en redes que conectan con grupos terroristas como Hezbollah. La implicación es que estas redes operan en zonas fronterizas o de baja gobernabilidad, aprovechando la porosidad entre ambos países para el tránsito de droga, armas, dinero ilícito y personas. En julio de 2025, EE.UU. ya había designado a ciertos grupos criminales en Venezuela como organizaciones terroristas, lo cual preparó el terreno para esta nueva narrativa.
Una manifestación clara de esta estrategia es el despliegue militar estadounidense en el Caribe y cerca de las costas de Venezuela –y por extensión cerca de Colombia–. Según reportes, se trata de unos 10 000 tropas, varios buques de guerra, incluso un submarino nuclear, todo bajo el mando del U.S. Southern Command, con el objetivo declarado de combatir lo que se ha denominado “narcoterrorismo”. En paralelo, se han realizado ataques estadounidenses contra lanchas o embarcaciones que supuestamente transportaban drogas desde o hacia Venezuela, lo que ha generado fuertes críticas de Colombia y Venezuela por el tema de la soberanía, la legalidad y la transparencia en las pruebas presentadas.
Desde el lado colombiano, el gobierno de Gustavo Petro ha denunciado que los ataques estadounidenses —y esta narrativa de “guerra contra el narcotráfico” con carácter militar— afectan la soberanía de Colombia e incluso han sido letales para civiles o pescadores. Venezuela, por su parte, rechaza por su parte cualquier vinculación directa que la ubique como Estado patrocinador de terrorismo, acusado por Washington de permitir o facilitar redes de tráfico que benefician a Hezbollah u otros grupos. Estos señalamientos han tensado las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
¿Qué implica esta vinculación concreta?
- Para Colombia: Aunque históricamente ha sido un aliado importante de EE.UU. en la lucha contra la cocaína, la actual narrativa estadounidense le exige mayor transparencia y resultados en la desarticulación de redes transnacionales que podrían conectar con terrorismo. En esa medida, la presión internacional aumenta y se cuestiona si Colombia ha cumplido con los acuerdos de control de drogas que Washington aprobó.
- Para Venezuela: Caracas es acusada de permitir que actividades de tráfico de drogas, lavado de dinero y redes criminales se crucen con grupos terroristas. Estas denuncias se combinan con sanciones, amenazas de intervención militar y un despliegue naval estadounidense cercano.
- Para Hezbollah: Su presencia en la región, aunque menos visible que en Oriente Medio, adquiere mayor relevancia bajo esta estrategia estadounidense que la censura como actor global del crimen y del terrorismo.
- Para el panorama regional: Esta estrategia de EE.UU. redefine el marco en que se lucha contra el narcotráfico, incluyendo elementos de seguridad nacional, terrorismo y despliegue militar, lo cual genera preocupación por la legalidad internacional, por los derechos humanos y por la soberanía de los Estados latinoamericanos involucrados.
Retos, críticas y efectos colaterales
- Falta de transparencia: Una de las principales críticas es que EE.UU. no siempre publica pruebas claras sobre la vinculación de los países o los grupos específicos con Hezbollah o con narcotráficoterrorismo, lo cual debilita la legitimidad de sus acciones.
- Soberanía y ley internacional: Los ataques navales o a embarcaciones frente a la costa de Venezuela –y por proximidad, de Colombia– generan debate sobre si se están vulnerando los derechos soberanos o si se aplica una “guerra” sin declaraciones formales. La designación de “conflicto armado no internacional” para carteles también pone en duda marcos legales.
- Escalada militar y riesgos de confrontación: Al aumentar la presencia militar estadounidense en la región, existe el peligro de un incidente que desencadene confrontación entre Estados —por ejemplo, entre EE.UU. y Venezuela, o Colombia atrapada en la intersección.
- Impacto interno en Colombia y Venezuela: En Colombia, estas acusaciones pueden afectar la cooperación bilateral con EE.UU., la ayuda exterior y las relaciones diplomáticas. En Venezuela, la presión internacional, las sanciones y el aislamiento podrían intensificarse.
- Complejidad del crimen organizado: Aunque la conexión entre drogas y terrorismo es reconocida, establecer vínculos directos, operativos y judiciales entre Hezbollah, carteles latinoamericanos, y Estados como Venezuela o Colombia, sigue siendo sumamente complejo y sujeto a evidencias que muchas veces no se hacen públicas.
Conclusión
La nueva orientación de Estados Unidos hacia América Latina, que agrupa narcotráfico y terrorismo bajo una misma categoría de “narcoterrorismo” y que señala a Colombia, Venezuela y Hezbollah como ejes de esa estrategia, representa un cambio significativo en la política regional. Más allá de la retórica, lo que viene ahora es cómo responderán los países implicados —especialmente Colombia— ante esta presión renovada, cómo se ajustarán sus políticas internas (en materia de drogas, de seguridad y de diplomacia) y cómo se gestionará una cooperación que ya no sólo es antidrogas sino también antiterrorista. Para la región, es un momento de riesgo y de redefinición: riesgo de escalada militar y diplomática, y redefinición de alianzas, soberanías y estrategias de seguridad.
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