La Contraloría General de la República encendió las alarmas. En su auditoría más reciente sobre el sistema penitenciario, documentó 119 hallazgos, de los cuales 15 representan pérdidas fiscales por más de $78.400 millones. Cárceles: hacinamiento supera el 500% y $78 mil millones se encuentran en riesgo.
El panorama en los Centros de Detención Transitoria (CDT) es crítico: los niveles de sobrepoblación superan el 500 % en ciudades como Barranquilla, Quibdó y Bucaramanga.
Los CDT no cumplen con las condiciones mínimas exigidas por la ley. Funcionan en espacios improvisados dentro de estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI), donde alojan personas incluso con condena judicial definitiva.
Actualmente, más de 21.000 personas permanecen recluidas en estaciones de policía, muchas por más de siete meses. La ausencia de infraestructura, programas de resocialización y garantías mínimas de habitabilidad genera una violación sistemática de los derechos fundamentales.
Contratos fallidos y obras inconclusas agravan la crisis; Cárceles: hacinamiento supera el 500% y $78 mil millones se encuentran en riesgo
La auditoría incluyó también la revisión de contratos celebrados por la USPEC, INPEC y el Ministerio de Justicia. Ninguna de las obras exigidas por la Corte Constitucional en el Auto 1745 de 2024 fue entregada a tiempo.
Entre los proyectos abandonados se encuentran los bloques de alojamiento en Ipiales y Buga, obras suspendidas en Pereira, Itagüí y La Paz, así como mantenimientos críticos en Guaduas, La Picota y Puerto Triunfo.
Estas demoras dejaron inhabilitados 4.783 cupos carcelarios, afectando aún más la capacidad del sistema penitenciario.
Además, hallazgos fiscales revelan problemas en la infraestructura sanitaria y alimentaria. Por ejemplo, el rancho de la cárcel El Barne presenta condiciones insalubres y deficiencias en el transporte de alimentos, lo que genera un riesgo grave para la salud de los internos.
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Salud, resocialización y acceso a la justicia: en estado crítico
En los penales de La Modelo, La Picota y Buen Pastor, los equipos biomédicos no funcionan. En total, la Contraloría identificó 2.199 procedimientos médicos sin realizar y más de 4.124 órdenes de medicamentos pendientes, muchos de ellos vencidos.
Solo dos pabellones atienden patologías mentales en todo el sistema penitenciario del país. Además, el informe confirma que menos del 2 % del presupuesto carcelario se destina a programas de reintegración social, mientras la tasa de reincidencia supera el 20 %.
Los problemas estructurales se extienden al acceso a la justicia. Los internos enfrentan barreras para acceder a audiencias, traslados judiciales y defensa técnica oportuna.
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