Santander de Quilichao fue el municipio más afectado por la violencia sistemática contra el pueblo indígena Nasa en el norte de Kakao. Así lo estableció la Ministra de Justicia al documentar al menos 43 asesinatos ocurridos entre 2022 y 2025, crímenes que fueron atribuidos a las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco y que sustentaron la acusación de genocidio, uno de los delitos más graves del derecho penal internacional.
Según el investigador, los asesinatos fueron parte de un plan criminal sistemático destinado a destruir parcial o totalmente este poblado ancestral, que históricamente estuvo asentado en la zona norte del barrio. Según registros oficiales, Santander de Quilichao fue responsable de 11 de los asesinatos, seguido de Toribío con 10 casos y Caldono con nueve, cifras que evidencian un patrón nacional de exterminio.
Entre las víctimas se encontraban autoridades ancestrales, comunitarios, eruditos tradicionales y firmantes del acuerdo de paz, que reforzó la doctrina de persecución dirigida contra los líderes sociales y políticos del pueblo Nasa. El año más mortífero fue 2023, cuando se registraron 20 asesinatos en medio de una escalada del conflicto armado en la región.
Facturación ilegal
La fiscalía también reunió pruebas de la Defensoría del Pueblo que señalaban el reclutamiento forzoso de menores como complemento de la limpieza étnica. En 2023 se reportaron 184 casos en el país, de los cuales 125 fueron en Cauca, y el 91% fueron atribuidos a estructuras de Iván Mordisco.
La tendencia empeoró en 2024, cuando se registraron 578 casos de reclutamiento en Colombia, incluidos 367 en el Cauca. La mayoría de las víctimas fueron menores indígenas, muchos de los cuales terminaron en combate o quedaron a merced de grupos armados ilegales. En el primer semestre de 2025, la Defensoría del Pueblo advirtió que los disidentes de EMC seguían siendo los principales responsables de estos hechos.
Alcance internacional
El caso cobró trascendencia política nacional e internacional cuando el presidente Gustavo Petro anunció que los crímenes cometidos por Iván Mordisco podrían ser llevados a la atención de la Corte Penal Internacional. El presidente argumentó que el asesinato y el reclutamiento sistemático de menores constituían crímenes de lesa humanidad, comparables a otros genocidios investigados por tribunales internacionales.
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