Juan David Ceballos Madrid y Paola Andrea Acevedo García contactaban mujeres jóvenes en situación vulnerable. Les ofrecían trabajos en restaurantes de Grecia. Las convencían con promesas de oportunidades y una vida mejor. Cayeron en Medellín dos proxenetas que explotaban sexualmente a jóvenes en Grecia.
Una vez en Europa, les quitaban los documentos. Les notificaban una supuesta deuda de entre 3.400 y 3.600 euros por tiquetes, alojamiento y manutención. Esa suma —equivalente a más de 16 millones de pesos— solo podía saldarse con servicios sexuales forzados.
La Fiscalía recopiló denuncias de nueve mujeres entre 2023 y 2024. Todas relataron cómo fueron reclutadas y enviadas a Europa por esta red. La justicia colombiana condenó a los dos responsables a seis años y siete meses de cárcel.
Red operaba desde Medellín con conexiones en Europa
Las investigaciones confirmaron que la red operaba desde la capital antioqueña. Elegían mujeres sin respaldo económico, las convencían de viajar y luego las explotaban. La Fiscalía halló pruebas que confirmaron el engaño sistemático.
Ceballos también enfrentó cargos por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Las autoridades revelaron que podría haber más integrantes vinculados a esta red, tanto en Colombia como en Europa.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró: “Esta condena es un mensaje contundente. Medellín no será refugio de redes que trafican con la dignidad de las mujeres”.
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El Instituto Popular de Capacitación (IPC) advirtió que este tipo de redes actúan con un patrón repetido: ofrecen viajes, prometen trabajo y luego someten a las víctimas. El presidente del IPC, Carlos Andrés Zapata, afirmó: “Estas estructuras esclavizan a mujeres bajo pretextos legales. Les cobran deudas infladas que nunca podrán pagar”.
El caso recuerda otro golpe reciente contra el ecuatoriano-estadounidense Stefan Andrés Correa, condenado a cadena perpetua por liderar una red de explotación infantil en Medellín. Según el alcalde Federico Gutiérrez, “la ciudad no permitirá que se convierta en destino del turismo sexual o en punto de partida para redes internacionales”.
Las autoridades piden a la ciudadanía denunciar cualquier caso de trata de personas. Los canales de atención permanecen abiertos, incluso de manera anónima, para proteger a más mujeres en riesgo.
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