Cayeron njeros que enviaban colombianas a Medio Oriente para explotación sexual
Cayeron njeros que enviaban colombianas a Medio Oriente para explotación sexual. La red de njeros, que operaba desde Cali y Pereira, engañaba a las víctimas con falsas ofertas de viaje para luego someterlas en Baréin, donde les imponían una deuda para obligarlas a ejercer actividades sexuales.
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en contra de dos ciudadanos venezolanos y un colombiano, quienes son señalados por la Fiscalía General de la Nación de conformar una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Los procesados de nacionalidad njera fueron identificados como Keila Eddymar Strubinger Pelayo, Wluender Sneylbert Araque Rojas y Enrique Quijano Ramírez. Según la investigación, estas personas presuntamente captaban mujeres en Cali (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda) para enviarlas a Oriente Medio bajo falsas promesas.
Así operaba la red criminal
De acuerdo con el material probatorio de la Fiscalía, la estructura criminal contactaba a las víctimas y les ofrecía asumir todos los costos de tiquetes aéreos y visados para viajar supuestamente a Emiratos Árabes. Sin embargo, el destino final era Baréin.
Una vez en ese país, otros integrantes de la red las recibían, las despojaban de sus pasaportes y las sometían a malos tratos. Allí les imponían una deuda fraudulenta de 10.000 dólares, la cual eran obligadas a pagar ejerciendo servicios sexuales. Para mantenerlas sometidas, las amenazaban con denunciarlas ante las autoridades locales por prostitución, un delito severamente castigado en esa nación.
La acción de las autoridades
La captura de los njeros procesados fue realizada por unidades de la Dijin de la Policía Nacional. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado, cargos que no fueron aceptados por los implicados.
Por disposición del juez, los dos ciudadanos njeros deberán cumplir la medida de aseguramiento en un centro carcelario, mientras que el ciudadano colombiano deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia mientras avanza el proceso judicial.
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