Bogotá, Colombia — Una controversia política e institucional de alto nivel se ha intensificado esta semana en el país tras la presentación de una ponencia por parte del magistrado Carlos Camargo Assis, integrante de la Corte Constitucional, en la que propone suspender de manera provisional los efectos del decreto de emergencia económica proclamado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en diciembre de 2025.
El Decreto Legislativo 1390 de 2025, conocido como el decreto de emergencia económica y social, fue emitido por el Ejecutivo con el objetivo de abordar el déficit fiscal creciente en el país y permitir medidas económicas ordinarias para equilibrar las finanzas públicas. La medida ha generado desde entonces tanto apoyo como críticas, especialmente por las nuevas cargas tributarias que impone y por la percepción de que una parte de sus artículos invade competencias que constitucionalmente corresponden al Congreso.
¿Qué propone Camargo y por qué?
El magistrado ponente Carlos Camargo solicitó formalmente ante la Sala Plena de la Corte Constitucional que se suspendan los efectos del decreto mientras se tramita una decisión de fondo sobre su constitucionalidad. En su argumentación —que se expone en un documento extenso que será debatido próximamente— afirma que:
- El decreto causa efectos “irreversibles” o daño irreparable en aspectos fiscales y tributarios si no se actúa de inmediato.
- Existen indicios de que el Ejecutivo habría sobrepasado sus facultades constitucionales, al legislar por medio del decreto sobre componentes que, según el magistrado, deberían ser materia exclusiva del Congreso.
- Suspender los efectos del decreto sería un acto cautelar prudente para evitar consecuencias jurídicas y económicas que no puedan ser revertidas fácilmente.
Para que la suspensión se active, la Sala Plena —conformada por los nueve magistrados de la Corte— deberá votar y respaldar la ponencia. Se estima que se necesitan al menos cinco votos favorables para que prospere la solicitud.
Reacciones desde el Gobierno: fuerte respuesta de Armando Benedetti
La propuesta de Camargo no solo ha sacudido el ámbito judicial, sino que también ha generado una fuerte respuesta desde el Gabinete del presidente Petro, especialmente por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti.
Benedetti recurrió a sus redes sociales para criticar con rigor a los magistrados que apoyan la iniciativa, calificándolos de “politiqueros” y cuestionando su preparación para abordar este tema. Afirmó que la emergencia económica es “la salvación macroeconómica del país” y que la ponencia busca “joder” la medida que, en su opinión, es vital para la estabilidad fiscal.
Además, atacó a ciertos magistrados señalados por la Presidencia de la República por declaraciones públicas anteriores sobre temas similares, denunciando que han intervenido de forma indebida en el debate antes de que el caso llegue a la etapa de decisión formal.
Implicaciones políticas y críticas
Este choque entre la rama judicial y el Gobierno ha colocado de nuevo en el centro del debate la separación de poderes en Colombia y el uso adecuado de los estados excepcionales, como la emergencia económica.
Los críticos de la medida han señalado que permitir que el Gobierno legisle sobre aspectos fundamentales sin control parlamentario podría sentar un precedente inadecuado para el equilibrio institucional. Por su parte, el Ejecutivo insiste en que la emergencia es necesaria para evitar un colapso fiscal y garantizar la capacidad del país de cumplir con sus obligaciones.
La decisión que tome la Sala Plena de la Corte Constitucional en los próximos días tendrá repercusiones profundas —no solo en el plano jurídico, sino también en el político y económico— en un momento en que Colombia encara retos fiscales y discusiones sobre su modelo de gobierno.
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