El Tribunal de Capital de Tolimense ha ordenado un arresto de cinco días para el alcalde de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, además de imponer una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales actuales. Esta decisión se tomó tras el desdén manifestado por la alcaldesa frente al fallo del Tribunal Constitucional, que había resguardado el derecho fundamental a la provisión de agua potable para la comunidad. La sentencia subraya la importancia de cumplir con el acceso al agua como un derecho esencial y hace hincapié en las responsabilidades de las autoridades locales.
La medida fue aprobada por los sextos tribunales civiles de Ibagué, que determinaron que la junta del municipio no actuó conforme al Tribunal T-476 de 2019, dictado por el Tribunal Constitucional. Este fallo específico ordenó la garantía de un suministro continuo de agua potable a Leonel Alcides Hoyos Gómez y a su núcleo familiar, quienes residen en la propiedad residencial Alminar Samoa, así como para la comunidad en general. Este mandato se ha convertido en un elemento central en la discusión sobre el acceso equitativo a los recursos hídricos en la región.
En octubre de 2019, el mismo tribunal había establecido que el Ayuntamiento, junto con la operación comunitaria del barrio El Triunfo, debía presentar un plan integral para asegurar el acceso a los servicios públicos de agua y alcantarillado. Este plan debía incluir plazos específicos, provisiones presupuestarias y garantizar la participación activa de los ciudadanos. Sin embargo, a más de cinco años de esta orden, sigue existiendo una alarmante ausencia de cumplimiento y graves deficiencias. La situación actual no solo refleja una falta de acciones efectivas, sino también un desprecio por el bienestar de los residentes, que continúan enfrentando problemas graves de escasez y calidad de agua.
Evidencia
A pesar de que la Empresa Ibagué Acueducto y Alcantarillado (IBAL) ha firmado varios contratos y ha establecido un sistema de bombeo, el testimonio de la comunidad, complementado por un video que muestra el desbordamiento del alcantarillado, demuestra claramente que el suministro de agua sigue siendo inestable. La falta de adecuadas infraestructuras y la persistencia de fallos en el servicio son evidentes. Durante las audiencias, el tribunal dejó claro que se había alcanzado el límite de tiempo y que las órdenes judiciales simplemente no se habían cumplido.
La junta del municipio argumentó que la responsabilidad de estas gestiones se había delegado en varios secretarios, mencionando el nombramiento bajo el número 1000-0610 a partir de 2024. Sin embargo, el juez Carlos Andrés Villada Arbeláez, actuando como parte de la Oficina del Gerente, enfatizó que la responsabilidad última recae sobre la alcaldía y, por ende, sobre la alcaldesa. Esta asignación de responsabilidades es crucial para entender la rendición de cuentas en el gobierno local.
Asimismo, las sanciones dictadas incluyen la remisión del documento a un tribunal civil para consultar sobre la legalidad de la decisión tomada. Además, la oficina del alcalde ha sido nuevamente instada a cumplir con las directrices de protección. El juez también ha registrado la falta de voluntad de la administración para atender los muchos llamados provenientes de los tribunales a lo largo de los años, lo que es motivo de preocupación en relación al compromiso de la administración pública con el bienestar de sus ciudadanos.
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