CNE tumba las listas del Pacto Histórico en Atlántico y Cundinamarca a menos de un mes de las elecciones El informante

Bogotá, Colombia — A menos de un mes de las elecciones legislativas de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia volvió a sacudir el tablero político al revocar la inscripción de las listas de candidatos del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en los departamentos de Atlántico y Cundinamarca. Esta decisión se suma a una serie de fallos recientes contra el partido de gobierno y pone en riesgo importantes aspiraciones electorales de la izquierda colombiana.

En la tarde del 6 de febrero de 2026, la entidad electoral notificó formalmente que las listas presentadas por el Pacto Histórico —en coalición con Colombia Humana para estas circunscripciones— quedaron invalidada por superar el límite del 15 % de votos válidos obtenidos en la elección de 2022. Ese umbral está establecido en la Constitución para que diversas colectividades puedan coaligarse legalmente al presentar listas conjuntas ante el Congreso. Al excederlo, el organismo argumentó que la coalición estaba obligada a inscribir candidaturas por separado en lugar de una lista única.

Motivos legales y decisiones del CNE

Según fuentes oficiales y periodistas que cubren la decisión, la razón principal es estrictamente jurídica: la Ley electoral colombiana permite que partidos y movimientos pequeños formen alianzas para fortalecer su representación, siempre que cada uno no supere cierto porcentaje de apoyo en comicios previos. En 2022, sin embargo, el Pacto Histórico —que ha consolidado su papel como movimiento de izquierda dominante— obtuvo cifras superiores al límite para ser considerado “minoría” en distritos como Cundinamarca y Atlántico, lo que hace inválidas sus listas conjuntas bajo esa modalidad.

Esta medida se da en el marco de una serie de fallos previos que también afectaron la inscripción de listas en otros departamentos como Bogotá, Valle del Cauca y Cauca, donde colectividades afines al partido han sido obligadas a reorganizar sus candidaturas.

Reacciones y consecuencias políticas

La decisión ha generado reacciones de rechazo y malestar desde el oficialismo. Sectores afines al Pacto Histórico, incluyendo voces de congresistas y dirigentes de la coalición, han descrito la revocatoria como una “vulneración del derecho fundamental a elegir y ser elegido” y han anunciado recursos jurídicos para impugnar la medida.

En redes sociales y declaraciones públicas, el presidente Gustavo Petro también ha manifestado su descontento con el fallo, calificándolo como un “golpe electoral” y llamando a juristas y simpatizantes a defender el proceso mediante acciones legales.

Por su parte, algunos sectores políticos han solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil que impida la modificación de listas y que no permita la inscripción de candidatos del Pacto Histórico por separado, argumentando que tal medida podría contravenir la normativa electoral vigente.

Impacto en la estrategia electoral

La anulación de estas listas provoca un desafío logístico y estratégico para el Pacto Histórico, que debe reordenar sus candidaturas antes del próximo 8 de febrero, última fecha para inscribir aspirantes válidos de cara a las elecciones del 13 de marzo de 2026. Las decisiones del CNE han generado incertidumbre entre aspirantes y electores, impactando la campaña y la confianza de los votantes.

Además, este escenario se suma a otras controversias jurídicas que rodean al Pacto Histórico en el marco electoral, incluyendo la exclusión de uno de sus precandidatos más reconocidos de la consulta presidencial progresista y debates internos sobre la unidad del movimiento.

¿Qué sigue para el Pacto Histórico?

De cara al nuevo calendario electoral, el partido deberá:

  • Presentar listas individuales o reconfiguradas para cada circunscripción afectada.
  • Evaluar recursos jurídicos ante instancias competentes para impugnar o revertir la decisión.
  • Ajustar su estrategia política para mantener relevancia y representación en el Congreso.

La resolución del CNE marca un momento crítico en la política colombiana, evidenciando tensiones institucionales y legales en medio de uno de los procesos electorales más polarizados en años recientes.

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