En una de las zonas más codiciadas del país por sus recursos naturales y su ubicación estratégica, una guerra silenciosa pero devastadora toma impulso: el Clan del Golfo, en paralelo a su proceso de negociación con el Estado colombiano, ha incrementado su ofensiva contra el ELN en el sur del departamento de Bolívar para disputar el control territorial que permite obtener rentas de la minería ilegal de oro y el cultivo de coca.
Antecedentes del conflicto
Tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, muchos territorios que antes estaban bajo la influencia guerrillera quedaron en un vacío institucional. Esa brecha ha sido aprovechada por grupos armados para expandir sus dominios y disputar rentas ilegales. En ese escenario, el Clan del Golfo ha emergido como una de las organizaciones con mayor capacidad militar, financiera y territorial del país.
En 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro reactivó conversaciones exploratorias con el Clan del Golfo, bajo el formato de “Paz Total”, para lograr su sometimiento jurídico y, en el mejor de los casos, su eventual desmovilización. La primera ronda formal de diálogos culminó en Catar, con acuerdos iniciales que incluyen un piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios y compromisos públicos de respetar el Derecho Internacional Humanitario.
Pero esa mesa formal no ha detenido los choques en el terreno. En el sur de Bolívar, desde mediados de 2025, se registran intensificaciones en enfrentamientos, desplazamientos, confinamientos y amenazas a comunidades rurales atrapadas entre los bandos.
Lo que está en disputa: oro, coca y dominio territorial
El sur de Bolívar es considerado uno de los enclaves más valiosos de Colombia para la producción de coca – ocupa el cuarto lugar nacional según cifras recientes – y uno de los principales centros de minería ilegal de oro, muchas veces sin permisos ambientales ni control técnico. Solo en minería ilegal de oro, estimaciones militares calculan que se en más de cuatro toneladas al año en esa zona, con valorizaciones multimillonarias.
Además del valor de estos recursos, el territorio tiene importancia estratégica: las 16 municipalidades del sur de Bolívar se emplazan en un corredor que conecta la Serranía de San Lucas con la cuenca del río Magdalena, vinculando rutas fluviales y terrestres que facilitan el transporte de alucinógenos hacia la costa Caribe o hacia puertos de salida.
Científicos sociales y analistas coinciden en que la disputa no es solo económica: es política y social. Controlar comunidades, imponer normas locales, manipular liderazgos sociales y “gobernar” zonas rurales es esencial para lograr legitimidad de facto ante los habitantes. Quien impone reglas, recauda “impuestos” ilegales, regula el tránsito y obtiene apoyo o sumisión de la población, gana poder.
Dinámicas del conflicto: alianzas, rupturas y escalamiento
Uno de los elementos más inquietantes es que el ELN lleva décadas de presencia en la zona. Ha establecido redes de control local, vínculos con comunidades campesinas y mecanismos de movilización política. Con la llegada del Clan del Golfo a su expansión ofensiva, la confrontación se ha vuelto más intensa.
Se ha documentado que el Clan del Golfo, a través de sus estructuras locales (por ejemplo, bajo el alias “Gonzalito” en esa región), no acepta quedar subordinado a quienes tenían el control previo, por lo que avanza con tácticas ofensivas para desplazar y debilitar al ELN.
Por su parte, el ELN ha respondido con operaciones defensivas reforzadas, uso de drones con explosivos para hostigar zonas de avance del rival y acciones de control social. También se mencionan movilizaciones de disidencias de las FARC (como el Frente 37) que en años anteriores habrían tenido pactos con el ELN para resistir el avance del Clan del Golfo, pero esos acuerdos recientes muestran señales de tensiones y rupturas.
Un temor común entre analistas es que el proceso de paz del Clan puede servir como cobertura política para consolidar nuevas posiciones militares: negociar desde una posición de fuerza puede dar ventaja en consolidar zonas ya capturadas.
Impacto en la población y vulnerabilidad humana
Las comunidades sufren la violencia de múltiples maneras: desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas a lideres sociales, homicidios selectivos y restricciones a la movilidad. En algunos casos, se han reportado órdenes perentorias del tipo “o abandona la zona o no responderemos por nadie”. En al menos un episodio reciente, cerca de 500 familias huyeron del municipio de Arenal tras intensos combates.
También hay reportes de abusos como interceptaciones de celulares para verificar si alguien está compartiendo información, censura de las voces locales y cooptación de juntas de acción comunal o liderazgos locales como forma de control social.
La insuficiente presencia estatal — servicios públicos, justicia, seguridad, inversión social — facilita que estas dinámicas se impongan como nuevos regímenes paralelos de poder en el territorio.
Tensiones entre paz formal y guerra real
El hecho de que el Clan del Golfo haya abierto una mesa formal de diálogo no significa que las armas callen. De hecho, la simultaneidad entre paz y ofensiva intensificada representa una contradicción peligrosa: negociar mientras se pelea permite sustentar posiciones antes de cualquier eventual acuerdo definitivo.
El grupo se ha comprometido públicamente a respetar normas internacionales y a avanzar en sustitución de cultivos ilícitos, pero muchas de estas promesas son vistas con desconfianza por expertos, dado el historial de incumplimientos o retrasos en otros procesos similares.
El gobierno, por su parte, ha dicho que cualquier acuerdo con el Clan incluirá sometimiento jurídico, cooperación con la justicia y beneficios condicionados — pero sin impunidad total. Un riesgo latente: si el progreso real de los diálogos es lento o si el Clan considera que la presión militar no es suficiente, puede endurecer la confrontación o incluso retirarse del pacto.
Perspectivas y riesgos
- Si los diálogos avanzan, podría abrirse un nuevo capítulo en Colombia donde uno de los grupos armados más poderosos se transforma en actor político dentro del Estado.
- Pero si el Clan pretende consolidar terreno antes de una eventual paz, ese periodo podría ser muy costoso para las comunidades locales.
- La competencia por recursos estratégicos como oro y coca, sumada a la fragmentación de alianzas entre ELN, disidencias y otros grupos criminales, podría activar rupturas impredecibles y cambios en los frentes de conflicto.
- La legitimación social será clave: quien logre arraigarse en el territorio como autoridad, aunque sea paralela, puede hacerse con más poder del que el Estado recupera.
- El reto estatal es enorme: garantizar protección a la población, presencia institucional creíble, monitoreo de derechos humanos y asegurar que los compromisos de paz no queden en papel mojado.
En definitiva, la coyuntura es compleja: un proceso de paz en marcha, pero con la bofetada del conflicto en el terreno. Para que el acuerdo no sea una ilusión, será necesario que los compromisos se traduzcan en realidades palpables y que el Estado asuma presencia efectiva allí donde antes solo había abandono.
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