El Gobierno de Colombia decretó este 11 de febrero el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en una amplia zona del norte y noroeste del país, afectada por intensas precipitaciones e inundaciones que han dejado graves daños humanos, económicos y ambientales. La medida, establecida por medio del Decreto 0150 de 2026, tendrá vigencia inicial de 30 días y aplica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Una crisis climática sin precedentes
La emergencia fue declarada tras un episodio meteorológico atípico en el que un frente frío ingresó sobre el mar Caribe, generando lluvias persistentes durante semanas y provocando el desbordamiento de ríos y represas en zonas bajas y llanas del norte colombiano. Autoridades estiman que más de 250 000 personas han sido afectadas por el fenómeno, con cifras que oscilan según fuentes oficiales entre 156 000 y 300 000 damnificados, incluyendo miles de viviendas dañadas o destruidas.
Las inundaciones han cubierto cientos de miles de hectáreas de terreno agrícola y ganadero, afectando cultivos y causando también pérdidas de ganado. Las cifras de víctimas fatales, si bien varían según reportes, superan la decena y continúan siendo actualizadas en medio de los esfuerzos de rescate y evaluación.
¿Qué permite la emergencia?
El decreto faculta al Ejecutivo, liderado por el presidente Gustavo Petro, a adoptar medidas ordinarias sin la previa aprobación del Congreso, tales como:
- Reasignar recursos presupuestales para fortalecer la atención de emergencia en los territorios afectados.
- Establecer contribuciones o impuestos temporales destinados a financiar la recuperación, infraestructura y asistencia humanitaria.
- **Otorgar subsidios o ayudas directas a las familias en pobreza de las zonas inundadas.
Entre las iniciativas en estudio está la creación de un impuesto al patrimonio para grandes empresas, con el objetivo de recaudar fondos adicionales para cubrir los costos de asistencia y reconstrucción.
El contexto político y legal
La declaratoria se da en un momento de tensiones entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado. En diciembre de 2025, el Gobierno había emitido un decreto similar de emergencia económica para afrontar un déficit fiscal, pero la Corte Constitucional lo suspendió por considerar que los argumentos no justificaban una emergencia. En esta ocasión, la crisis climática sirve como nueva base legal para la emergencia, y el Senado anunció que ejercerá control político para garantizar la transparencia y eficacia de las medidas adoptadas.
Impacto social y reacciones
La medida ha generado reacciones diversas en la sociedad y la clase política. Líderes locales y representantes de gremios han insistido en la urgencia de recursos y respuestas rápidas para proteger vidas y recuperar la actividad productiva en las zonas golpeadas. Al mismo tiempo, algunas voces han planteado preocupaciones sobre el uso de mecanismos de emergencia para implementar políticas fiscales que usualmente requerirían debate legislativo.
Retos y próximos pasos
Expertos señalan que la recuperación será compleja. Además del alivio inmediato, se deben planificar obras de infraestructura hidráulica, sistemas de alerta temprana para eventos climáticos extremos y programas de apoyo a la agricultura y ganadería locales. La emergencia también plantea la necesidad de fortalecer la cooperación entre el Gobierno, los gobiernos locales y la comunidad internacional para maximizar la respuesta humanitaria y la resiliencia climática.
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