El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha protagonizado un choque diplomático de gran magnitud con los Estados Unidos al calificar la actual política antidrogas de Washington como “un programa de control colonial sobre los países de América Latina”.
El desencadenante inmediato de esta declaración fue la decisión del gobierno estadounidense, a través del U.S. Department of the Treasury, de sancionar a Petro y a miembros de su círculo cercano —incluyendo a su hijo, su esposa y el ministro del Interior— en virtud de la orden ejecutiva 14059, que permite designar a personas involucradas en actividades de narcotráfico internacional.
Según la nota de la Oficina de Control de Activos njeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la justificación de la sanción es que “desde que el presidente Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia ha explotado a los niveles más altos en décadas, inundando a Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.
Petro rechazó tales acusaciones. En su mensaje público, aseguró que su gobierno ha logrado incautaciones récord de cocaína y frenado el crecimiento de los cultivos de coca desde el 2021. “Lo que dice el Tesoro de EE.UU. es una mentira”, dijo el mandatario.
¿Por qué habla de “control colonial”?
En su discurso y en redes, Petro argumenta que la política antidrogas de EE.UU.—y, en particular, las sanciones, la militarización, la intervención a través de operaciones marítimas o aéreas contra presuntos narcotraficantes—no tiene como finalidad principal la reducción del narcotráfico, sino el mantenimiento de una posición de control geopolítico sobre países de la región.
Por ejemplo, sostuvo que las armas que protegen al presidente colombiano no serían propiedad del país y que “la lucha contra las drogas ha sido utilizada como excusa para establecer un programa de control colonial”, apuntando directamente a Colombia como “epicentro” de ese diseño.
El mandatario vinculó la presencia militar estadounidense, la entrega de fondos y ayuda de seguridad bajo la bandera antidrogas, con la subordinación de las fuerzas nacionales, la pérdida de soberanía, y la imposición de agendas externas.
Impacto diplomático y seguridad
La tensión ha escalado porque esta no es una crítica aislada: hace semanas, EE.UU. ya había apartado a Colombia de la lista de países “cooperantes” en materia de control de drogas, algo que no ocurría desde hace casi tres décadas.
Asimismo, Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones militares marítimas y aéreas en el Caribe y el Pacífico dirigidas contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas hacia la nación norteamericana, lo que ha generado protestas por parte de Bogotá por vulneración de soberanía.
El escenario combina sanciones financieras, amenazas de reducción de ayuda, revocación de visados y acusaciones mutuas de incumplimientos. Por ejemplo, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y anunció el cese de ayuda a Colombia.
Lo que dice Colombia
Desde Bogotá, Petro ha dejado claro que no “se arrodilla” ante ninguna potencia y que la defensa de la soberanía nacional es uno de sus ejes políticos. Afirmaciones como “no tengo un solo dólar en Estados Unidos” ─en alusión a que no tiene cuentas que puedan congelar tras las sanciones─ buscan reforzar su narrativa de independencia frente a la “injerencia”.
Además, el gobierno colombiano cuestiona la eficacia de la guerra antidrogas tradicional (militarizada, centrada en sanciones y erradicación) y propone una estrategia alternativa basada en salud pública, derechos humanos y reducción de daños, en lugar de represión.
¿Qué sigue?
La situación plantea varias interrogantes:
- ¿Podrán Colombia y Estados Unidos seguir cooperando en materia antidrogas cuando la relación bilateral atraviesa uno de sus peores momentos en años?
- ¿Qué efectos tendrán las sanciones financieras (y la potencial reducción de ayuda) sobre la economía colombiana y su estabilidad?
- ¿Podrá Petro avanzar en reformas internas (agrarias, sociales, de erradicación de cultivos, de legalización o sustitución) bajo la presión internacional y doméstica?
- ¿Cómo impactará esto en la seguridad en zonas rurales de Colombia, donde los cultivos de coca siguen siendo un desafío?
Conclusión
La declaración de Petro al calificar la política antidrogas de EE.UU. como un “programa de control colonial” marca un punto de inflexión en las relaciones entre Colombia y su tradicional aliado. Más allá del choque verbal, la disputa refleja tensiones estructurales: soberanía, geopolítica, modelos de desarrollo, derechos humanos y la persistencia del narcotráfico en América Latina. En ese sentido, la crítica del mandatario no solo es una respuesta a las sanciones, sino una apuesta por redefinir la forma en que se entiende la “guerra contra las drogas” en la región.
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