El reciente informe del Instituto de Economía y Paz revela que Colombia continúa ocupando el último lugar en el ranking de paz de Sudamérica, situándose como el país más violento de la región por quinto año consecutivo.
Colombia obtuvo un puntaje de 2.695, con una variación de 0.013, lo que la posiciona en el puesto 140 a nivel mundial, apenas por debajo de Venezuela, que alcanzó 2.692 y se ubicó en el puesto 139.
En contraste, Argentina lidera el ranking sudamericano, con un puntaje global de 1.768 y una variación de 0.067, lo que le permite ocupar el puesto 46 en el listado mundial.
Uruguay sigue de cerca a Argentina, con 1.784 puntos y una variación de 0.019, situándose en el puesto 48. Chile completa el podio regional, con 1.899 puntos, una variación de 0.02 y el puesto 62 a nivel global.
El informe detalla la posición de otros países de la región: Paraguay se ubica en el puesto 75 con 2.011 puntos y una variación de 0.01; Bolivia alcanza el puesto 83 con 2.005 y una variación de 0.038; Perú figura en el puesto 96 con 2.073 y una variación de 0.099; Guyana se sitúa en el puesto 106 con 2.094 y una variación de 0.064; Ecuador ocupa el puesto 129 con 2.459 y una variación de 0.025; y Brasil se encuentra en el puesto 130 con 2.472 y una variación de 0.024.
El promedio regional de Sudamérica se estableció en 2.18, con una variación general de 0.013. Estos datos reflejan la persistente disparidad en los niveles de paz entre los países sudamericanos, según el análisis del Instituto de Economía y Paz.
Conflictos sociales aumentaron un 6% en el primer semestre del 2025
El primer semestre de 2025 evidenció un incremento del 6% en los conflictos sociales en Colombia, según el informe más reciente de la Defensoría del Pueblo. Entre enero y junio, se registraron 1.834 eventos de conflictividad social, cifra que supera los 1.730 casos reportados en el mismo periodo de 2024. Este aumento, documentado por el Observatorio de Conflictividad Social de la entidad, abarcó 395 municipios distribuidos en los 32 departamentos del país, incluyendo a Bogotá.
El análisis territorial del informe revela que la capital colombiana concentró el 12% de los eventos, mientras que Valle del Cauca y Bolívar aportaron el 6% cada uno. Departamentos como Atlántico, Santander, Antioquia y Magdalena representaron el 5% cada uno, seguidos por Huila, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Tolima y La Guajira, con el 4% cada uno. El resto de los departamentos registró participaciones que oscilaron entre el 1% y el 3% de los casos.
El informe destaca que los mayores incrementos porcentuales se observaron en Amazonas y Putumayo, ambos con un aumento del 100%. En Amazonas, la conflictividad estuvo vinculada a problemas de transporte, demandas de garantías para estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y solicitudes de recursos para el Cuerpo de Bomberos de Leticia.
En Putumayo, el alza se relacionó con la declaratoria de asamblea permanente por parte de diversas organizaciones, que denunciaron abandono estatal. Otros departamentos con incrementos notables fueron Risaralda (63%), Nariño (55%), Quindío (45%) y Casanare (43%).
Las causas de la conflictividad social durante este periodo fueron diversas. El informe de la Defensoría del Pueblo señala que el mayor aumento interanual se produjo en los conflictos relacionados con el incumplimiento de los acuerdos para la finalización del conflicto armado. En este contexto, se registraron movilizaciones de firmantes de paz que exigieron garantías de seguridad y la implementación efectiva de proyectos productivos para su reintegración.
Otras demandas recurrentes de los actores sociales incluyeron temas tributarios, derechos laborales, acceso a la educación, derechos de la población privada de la libertad y la exigencia de mayor presencia e inversión estatal.
Además, los conflictos vinculados a la garantía de los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad experimentaron un aumento del 115%, impulsados por la crisis humanitaria derivada de la acción de actores armados ilegales y el deterioro de la seguridad ciudadana, que ha provocado muertes y episodios de violencia política, como el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.
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