Colombia se mueve en dos ruedas. Con más de 12 millones de unidades, las motocicletas no solo dominan el parque automotor nacional (un impresionante 62%), sino que se han consolidado como un motor clave para la economía popular y la inclusión social. Sin embargo, este crecimiento sostenido choca con una realidad preocupante: la alta informalidad en el mercado de compraventa de motos usadas.
Este fenómeno, aunque impulsa la movilidad individual y el autoempleo en estratos 1, 2 y 3, abre una brecha significativa en la formalidad. En 2024, mientras se matricularon más de 800.000 motocicletas nuevas, solo se registraron oficialmente cerca de 588.000 traspasos de vehículos usados. Esta diferencia sugiere un vasto universo de transacciones informales que exponen a compradores y vendedores a riesgos legales, mecánicos y financieros.
Un mercado con desafíos y oportunidades.
La informalidad en la venta de motos usadas acarrea una serie de problemas: desde fraudes documentales y venta de vehículos con fallas ocultas o antecedentes judiciales, hasta estafas por la falta de respaldo legal. La ausencia de un sistema centralizado de verificación agrava la desconfianza en estas operaciones.
La digitalización, que ha visto surgir numerosas plataformas de clasificados, aún no logra formalizar el proceso. Estas plataformas, si bien se conectan a las partes, rara vez ofrecen un respaldo legal o técnico, dejando la responsabilidad del proceso enteramente en manos del comprador y el vendedor.
Soluciones emergentes para un mercado más seguro
Ante esta necesidad de mayor formalidad, ya están apareciendo iniciativas privadas que buscan transformar el panorama. Modelos alternativos de intermediación están incorporando tecnologías como la inteligencia artificial para la tasación, sistemas de verificación técnica y legal, y procesos de adquisición directa de vehículos con garantías. Este enfoque, adoptado por plataformas emergentes, apunta a establecer prácticas más seguras y trazables, cerrando la brecha entre el mercado real y el formal.
El reto es claro: fortalecer la regulación, fomentar prácticas transparentes y seguras, e incorporar mecanismos que permitan a más ciudadanos acceder a vehículos verificados y con respaldo legal. En un país donde la motocicleta es sinónimo de sustento y movilidad, formalizar este mercado no solo mejorará la seguridad vial y protegerá a los consumidores, sino que también abrirá las puertas a la bancarización y al acceso a crédito en sectores históricamente excluidos. Es un paso fundamental para un futuro más confiable y equitativo sobre dos ruedas.
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