El concejal de Popayán, José Luis Digo Franco, ha llevado a cabo una acción formal ante el segundo tribunal de familia de la ciudad, la cual está dirigida específicamente contra la oficina del alcalde municipal. Esta acción se centra en la reciente adaptación del Estacionamiento público ubicado en Apple 99, un inmueble que anteriormente fue utilizado por el centro comercial Anarkos. En su queja, Digo Franco subraya que todo este proceso de adaptación se realizó de forma irregular, ya que fue llevado a cabo sin la debida autorización del Ayuntamiento, careciendo de las licencias urbanas relevantes, así como de la investigación de movilidad necesaria y los conceptos técnicos que respalden el uso de la tierra en cuestión, lo que indica una grave falta de supervisión por parte de la administración local.
El concejal Digo ha resaltado que la propiedad en la que se han realizado estas intervenciones se sitúa en el centro histórico de Popayán, un área que cuenta con un considerable valor cultural a nivel nacional. De acuerdo a la normativa vigente, cualquier tipo de obra o modificación que se desee emprender en esta zona debe contar con la autorización explícita del Ministerio de Cultura; sin embargo, este protocolo no se llevó a cabo en el caso presente. La falta de estos permisos, junto con la ausencia de un análisis técnico que justifique la transformación del espacio, plantea serias preocupaciones sobre el potencial daño que se podría causar al patrimonio cultural y la integridad urbana de la ciudad.
Uno de los aspectos más críticos que el concejal Digo plantea en su acción es el impacto que esta adaptación tiene sobre el espacio público, especialmente para los peatones. Esto es de particular preocupación porque decrece la accesibilidad y el flujo libre de personas con discapacidades, adultos mayores y otros ciudadanos que dependen de un entorno urbano inclusivo. «Popayán no puede seguir construyendo sobre los cimientos de la exclusión. El derecho a transitar con dignidad no puede ser sacrificado en nombre del desarrollo. El espacio público no se negocia; debe ser respetado y protegido,» afirmó Digo, subrayando que la accesibilidad y el bienestar de todos los ciudadanos deben ser consideraciones centrales en cualquier intervención urbanística.
Adicionalmente, Digo Franco ha expresado serias preocupaciones sobre la legalidad del uso comercial del inmueble en cuestión, dado que está destinado a ser un estacionamiento. Sin embargo, no hay claridad sobre cómo se gestionarán los recursos que se generen a partir de dichas actividades comerciales, especialmente porque el 30% de la propiedad es pública y el 70% es privada. Esta particularidad exige una administración estricta y transparente para evitar problemáticas relacionadas con el uso y la distribución de los recursos generados por el estacionamiento.
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