La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ha decidido mantener en firme la medida de aseguramiento intramural en contra del expresidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Andrés Calle Aguas, por su presunta participación en el entramado de corrupción ligado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Calle, quien fuera presidente de la Cámara durante el periodo legislativo previo, permanece recluido en el pabellón especial para exfuncionarios públicos de la cárcel La Picota en Bogotá.
La decisión de la Corte responde a una solicitud de revocatoria de la defensa del excongresista, que argumentaba que no existía riesgo de fuga ni de obstrucción de la justicia, y que la renuncia de Calle al cargo de congresista y al partido al que pertenecía debilitaba los fundamentos para la medida.
No obstante, la CSJ consideró que los hechos que motivaron la medida —entre ellos el grave daño al patrimonio público, el contexto de corrupción y la participación de un alto representante político— continúan vigentes, por lo que el riesgo para la comunidad persiste. En sus argumentos, la Sala Especial de Primera Instancia afirmó que la finalidad de la medida no era únicamente la continuación del cargo público, sino la magnitud de las conductas investigadas.
Contexto del caso
El proceso se encuentra dentro de la investigación por el escándalo de corrupción de la UNGRD, en la que altos funcionarios de esa entidad reconocieron haber pagado sobornos o ventajas indebidas a congresistas con el fin de lograr el respaldo a reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
En el caso de Andrés Calle, se le imputan los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado, en calidad de interviniente.
Entre los hechos que referencian la medida se mencionan entregas de dinero provenientes de la UNGRD para influir en proyectos legislativos del Ejecutivo, lo que resaltó la Corte como un uso de recursos públicos para la compra de apoyos políticos.
Importancia y consecuencias
La decisión de mantener la detención preventiva para un exalto representante del Congreso marca un hito en el combate a la corrupción política en Colombia. Algunos de los elementos que destacan:
- Refuerza la señal de que altos cargos públicos pueden enfrentar condiciones de aseguramiento estrictas cuando hay indicios de gran afectación al patrimonio público y abuso de la representatividad política.
- Amplía la discusión sobre cuándo la renuncia al cargo o al partido político puede afectar o no los fundamentos de una medida de aseguramiento en casos de corrupción.
- Actúa como antecedente para otros procesos dentro del mismo expediente de la UNGRD, que involucra múltiples congresistas y exfuncionarios, y que pone en jaque la credibilidad institucional.
- Tiene implicaciones políticas, pues Calle ocupó una posición estratégica en el Congreso, y su caída marca la fragilidad de las mayorías y negociaciones legislativas bajo la lupa del derecho penal.
Qué sigue
El fallo de la Sala Especial pone el proceso en una etapa avanzada: la Sala Especial de Primera Instancia asumirá el trámite del juicio contra Calle (y otros implicados) mientras se adelantan las pruebas, los testimonios, y la argumentación de acusación y defensa.
Mientras tanto, la defensa de Calle aún puede interponer recursos de reposición o apelación frente al fallo que mantuvo la medida.
Paralelamente, la investigación continuará profundizando en el esquema de contratación irregular, la fuga de recursos y la red de influencias que habría permitido el direccionamiento de fondos públicos de la UNGRD.
Valoración
Este caso combina dinámicas políticas y judiciales: la instrumentación de recursos públicos para influir en la agenda legislativa, la participación de congresistas de alto perfil y la actuación del alto tribunal que asume directamente la investigación por tratarse de aforados. En ese sentido, la decisión de la Corte no solo afecta a Andrés Calle sino a la percepción de impunidad en los círculos de poder.
Además, el hecho de que la medida de aseguramiento se mantenga pese a la renuncia del cargo muestra que la corte privilegia el análisis de la gravedad del hecho y el peligro para la comunidad, más allá de la condición formal del investigado.
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