Una de las principales barreras que enfrenta el proceso de paz en Colombia, especialmente en el norte del país y zonas amazónicas, es el uso persistente de minas antipersonales por parte de grupos armados ilegales.
¿Qué está pasando?
- En el Catatumbo (Norte de Santander), las disidencias del ELN (particularmente el Frente 33) han colocado minas antipersonales en caminos rurales y áreas estratégicas.
- Esto ha frenado el proceso de concentración de guerrilleros en el municipio de Tibú, donde se buscaba replicar un modelo de desarme como el que se está negociando en el Amazonas.
- Las minas dificultan las labores de verificación, logística, movilización y confianza necesarias para avanzar en el proceso.
Impacto
- Comunidades campesinas están atrapadas en medio del conflicto, muchas veces sin posibilidad de desplazamiento seguro.
- Los equipos de verificación y asistencia humanitaria tienen dificultades para ingresar a las zonas, lo que obstaculiza el monitoreo y apoyo.
- La desminado humanitario está desbordado y requiere más recursos técnicos, humanos y políticos.
Gobierno vs. Disidencias
- El gobierno de Gustavo Petro mantiene su apuesta por una “paz total”, con diálogos simultáneos en distintas regiones.
- Sin embargo, el caso del Catatumbo evidencia fracturas, mientras que en la Amazonía (como en Calarcá) hay avances, en el norte hay desconfianza y obstáculos operativos.
Contexto más amplio
- Colombia sigue siendo uno de los países más afectados del mundo por minas antipersonales.
- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha reportado un aumento en los accidentes por minas en zonas rurales en 2025, especialmente en Arauca, Nariño y Norte de Santander.
El uso de minas antipersonales no solo representa una amenaza directa para la población civil, sino que también sabotea los esfuerzos de paz, generando un doble impacto humanitario y político. Resolver esta situación requerirá desminado urgente, garantías de seguridad y compromiso real de las partes.
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