La reforma pensional aprobada el pasado 28 de junio en la Cámara de Representantes enfrenta una nueva polémica luego de que la congresista Lina María Garrido denunciara que el Gobierno Nacional convocó a sesiones ordinarias con base en un supuesto Auto 841 de 2025 de la Corte Constitucional que, en realidad, no existe formalmente.
Según la parlamentaria, la Corte le confirmó que dicho auto aún está en trámite de documentación y recolección de firmas, por lo que no puede considerarse legalmente expedido ni vinculante para habilitar la convocatoria.
La revelación ha generado una fuerte controversia, pues la convocatoria a sesiones ordinarias fue hecha a través de un decreto presidencial y respaldada por el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, con base en un comunicado de prensa de la Corte que reproducía el “resuelve” del auto sin contar con la firma de los magistrados. Garrido calificó esta actuación como “gravísima e ilegal” y advirtió que una comunicación de prensa no puede sustituir un auto legalmente expedido, lo que pone en entredicho la validez del proceso legislativo que llevó a la aprobación de la reforma.
Además, la congresista denunció que la Cámara de Representantes solo recibió uno de los dos oficios que acompañaban la comunicación de la Corte (CP-No. 041), mientras que el CP-No. 040 nunca fue enviado, situación confirmada por el secretario general en sesión plenaria. Esta falta de notificación completa añade un nuevo elemento de irregularidad al trámite.
De confirmarse la irregularidad, las implicaciones legales serían profundas. En primer lugar, la convocatoria a sesiones ordinarias podría considerarse nula por no haberse cumplido con el requisito legal de contar con un auto formal y firmado que habilite la discusión de la reforma. Esto implicaría que las decisiones tomadas en dichas sesiones, incluida la votación de la reforma, carecerían de validez jurídica y podrían ser impugnadas ante la Corte Constitucional o incluso anuladas por vicios de procedimiento.
En segundo lugar, el hecho de que el Gobierno haya actuado con “conocimiento, dolo y mala intención”, como lo señaló Garrido, podría configurar una vulneración grave del principio de legalidad y de la autonomía del Congreso, generando un precedente negativo para futuros procesos legislativos. En dicho escenario, la legitimidad de la reforma pensional y su aplicación quedarían en suspenso hasta que se resuelva esta controversia, lo que podría retrasar la entrada en vigencia de la norma y afectar la confianza ciudadana en las instituciones.
La denuncia se suma a críticas previas sobre el trámite acelerado y poco transparente de la reforma, que ya había sido devuelta por la Corte Constitucional para corregir vicios de trámite, como la falta de debate adecuado y el llamado “pupitrazo” en sesiones anteriores. La reforma, que busca modificar el sistema pensional colombiano, sigue pendiente del análisis final de la Corte para determinar si el proceso legislativo cumplió con todas las garantías constitucionales.
Lina María Garrido ha sido una de las voces más críticas frente a la manera en que el Gobierno y algunos sectores del Congreso han manejado la discusión de la reforma. En sus declaraciones, la representante araucana ha dejado en claro que su oposición no es al bono pensional para adultos mayores, sino a la falta de legalidad y transparencia en el proceso, y a que la reforma no garantiza los recursos necesarios para cumplir con las promesas hechas por el presidente Gustavo Petro.
19
