Un pacto político involucra a Francy Ardila en una polémica auditoría fiscal en ‘La Musical’.
La política ibagueña vuelve a sacudirse con la revelación de un supuesto acuerdo que, según diversas fuentes, habría predeterminado quién ocupará el despacho del inspector municipal. La protagonista es Francy Johanna Ardila, ex concejal de la ciudad y figura que se ha visto envuelta en muchas polémicas durante su gestión. Detrás de su llegada al organismo de seguimiento estaría un pacto entre el exalcalde Andrés Hurtado y la actual presidenta Johanna Aranda, cuyo alcance generaría profundas dudas sobre la independencia de las instituciones en Ibagué.
Ardila ha sido acusado de presuntos actos de corrupción y decisiones administrativas que afectaron gravemente las finanzas de la oficina municipal. Su mandato dejó más de mil millones de dólares en pasivos después de que su sucesor tuviera márgenes inestables y cuando se agotó el 70% del plan de inversión. Asimismo, denuncias anteriores han implicado intereses familiares, incluidos contratos por valor de más de 50 millones de dólares otorgados a su nuera, Mary Alejandra Paipa, bajo su propia supervisión.
Pero la polémica crece aún más por las posibles discapacidades que se le atribuyen. Según las denuncias formales, Ardila había firmado contratos con entidades públicas en el año anterior a la elección del inspector, incluido uno firmado en Ibagué. De confirmarse, esta situación impediría jurídicamente su nombramiento.
Pese a ello, fuentes de EL OLFATO aseguran que el acuerdo político entre Hurtado y Aranda permitiría que el organismo de control no investigue ni el pasado ni el actual régimen. Sostienen que este pacto explicaría la facilidad con la que el voto del consejo se había alineado a favor de Ardila.
La elección, recientemente pospuesta a petición del diputado, que quería verificar posibles inhabilitaciones, quedaría prácticamente definida. La intervención del presidente del Consejo, Camilo Acevedo, habría sido decisiva para concretar el acuerdo, sirviendo de puente entre dos ámbitos políticos enfrentados, pero con el interés común de contar con un órgano de seguimiento similar.
El escenario presenta un panorama institucional oscuro. La posibilidad de que el organismo regulador esté sujeto a fines políticos y no a la protección de bienes públicos genera temor entre los ciudadanos. Para muchos, el inminente nombramiento de Ardila representa la continuación de un modelo de poder que favorece la lealtad sobre la transparencia y el control fiscal.
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