La llegada de miles de residentes nativos de Minka a la Universidad Nacional de Bogotá ha generado una intensa controversia y críticas enérgicas, particularmente por parte de figuras políticas opositoras que han condenado lo que consideran un intento de «tomar» espacios con el consentimiento del gobierno. Esta situación ha desatado un debate significativo sobre la legitimidad y las implicaciones de esta movilización.
Desde la Universidad Nacional y la alcaldía han aclarado que existe un contrato de recibo que forma parte del acuerdo de movilización, lo que intenta mitigar los temores y las acusaciones que han surgido en torno a este evento. Sin embargo, la presencia de un amplio contingente de miembros nativos de Minka en la universidad ha provocado críticas directas hacia el gobierno nacional, creando un clima de tensión y desconfianza.
El maestro de la institución, Diego Torres, no se ha quedado callado y ha expresado su condena a través de las redes sociales, sugiriendo que los nativos podrían estar tomando instalaciones de manera peligrosa, incluso mencionando la alarmante presencia de machetes. Estas declaraciones han contribuido a aumentar la preocupación entre los miembros de la comunidad universitaria y en la opinión pública, lo que refleja la complejidad del contexto en el que se desarrolla esta movilización.
Quejas sobre «recibir» y críticas al gobierno
Las quejas respecto a este «recibo» han encontrado eco en las filas de la oposición. La senadora María Fernanda Cabal no tardó en cuestionar al gobierno de Gustavo Petro, acusándolo de haber dado permiso para esta movilización y de haber permitido que ocurrieran situaciones que, según su criterio, podrían causar dañinas repercusiones. Esta crítica se une a la voz de otros opositores, como el exministro de defensa Gustavo Niño y el ex candidato presidencial Enrique Gómez, quienes han calificado la situación como grave y hostil, rechazando la idea de que la universidad se convierta en un espacio donde se altere el orden público. Además, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez se ha dirigido directamente al presidente Petro, presionándolo para que aclare las posibles consecuencias de esta situación.
Frente a esta controversia, tanto la Universidad Nacional como la Secretaría del Gobierno de Bogotá han emitido comunicados en los que describen la situación con más detalle para frenar la ola de críticas. La Universidad Nacional, aunque no se refirió específicamente a las quejas de Torres, hizo énfasis en que la llegada de los miembros de Minka fue acordada previamente con representantes del gobierno nacional y del distrito, así como con el personal de Bogotá y varias organizaciones nativas. Se determinó que la capa acústica sería uno de los espacios reservados para esta recepción durante su estancia, programada para el 2 de mayo.
En su declaración, la Universidad subrayó que este acuerdo busca garantizar que Minka pueda realizar sus actividades de manera acorde con los normales procedimientos académicos. Por su parte, la Secretaría del Gobierno de Bogotá ha declarado que la ciudad está preparada para recibir a Minka, asegurando un desarrollo pacífico de la movilización, así como atención médica, medidas de seguridad y alojamiento adecuado. Tras reuniones con el Ministerio de Interior y organizaciones nativas, se confirmó que el Tercer Parque Millennium y la Universidad Nacional servirán como puntos de recepción, contando con el apoyo logístico de diversas entidades regionales. Ambas partes, la Oficina del Alcalde y la Comisión Minga, han expresado gratitud por la cooperación institucional y el esfuerzo conjunto para garantizar el respeto por la diversidad y las necesidades de todos los participantes, reflejando así una disposición positiva en medio de un contexto complicado.
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