En las últimas semanas, la Corte Constitucional de Colombia ha avanzado en el trámite de control automático del Decreto Legislativo 1390 de 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica tras el hundimiento de su reforma tributaria en el Congreso y ante un profundo déficit fiscal que enfrentaba el presupuesto nacional para 2026.
La revisión de constitucionalidad de este decreto se ha convertido en uno de los temas jurídicos y políticos más relevantes del inicio de 2026, pues de su resultado dependerán la validez de las decisiones económicas tomadas por el Ejecutivo durante la emergencia y la estabilidad entre las ramas del poder público.
Por qué llegó la emergencia económica
El Gobierno declaró la emergencia por 30 días con el argumento de enfrentar un déficit importante luego del rechazo de la reforma tributaria que pretendía generar recursos para financiar el presupuesto de 2026. La emergencia permitió al Ejecutivo dictar medidas económicas, incluidas reformas impositivas para recaudar recursos adicionales a la vía legislativa.
Según el decreto, sin esta declaratoria podría verse en riesgo la financiación continua de servicios esenciales como salud, educación y seguridad, e incluso la estabilidad fiscal del país.
Control automático y vacancia judicial
Por mandato constitucional, todos los estados de excepción como la emergencia económica deben ser revisados automáticamente por la Corte Constitucional para verificar si reúnen los requisitos legales y constitucionales. Sin embargo, debido a que la Corte se encontraba en vacancia judicial tras la terminación de periodos de magistrados, el análisis se pospuso hasta enero de 2026, cuando el alto tribunal reanudó labores y repartió los expedientes correspondientes.
El magistrado Carlos Camargo Assis quedó a cargo de la ponencia principal que analizará la constitucionalidad del decreto, mientras que otros magistrados revisan los decretos reglamentarios que contienen medidas específicas como reformas tributarias.
Mayorías internas y posibles resultados
Según fuentes judiciales consultadas, dentro de la Sala Plena de la Corte no existiría, por ahora, una mayoría suficiente para suspender de manera provisional los efectos del decreto mientras se completa el análisis —algo que jurídicamente está fuertemente atado a precedentes que limitan la posibilidad de adoptar medidas cautelares en estados de excepción.
No obstante, las cuentas internas indicarían que sí podría conformarse una mayoría en un eventual fallo de fondo que declare la inconstitucionalidad del decreto de emergencia económica. Esto significa que, al decidir sobre la constitucionalidad de la declaratoria, varios magistrados estarían inclinados a considerar que no se cumplieron los requisitos fundamentales exigidos por la Constitución para justificar un estado de excepción, entre ellos la existencia de una situación imprevista de carácter grave y la necesidad de medidas excepcionales.
Reacciones políticas y recursos jurídicos
El debate ha trascendido lo jurídico y se ha convertido en un pulso político. Sectores de oposición al Gobierno han interpuesto tutelas y solicitudes de suspensión provisional de la emergencia mientras avanza la revisión en la Corte Constitucional, argumentando que se estaría vulnerando la separación de poderes y derechos democráticos al eludir al Congreso en decisiones fiscales.
En tanto, el Ejecutivo ha defendido la medida como necesaria para garantizar el funcionamiento del Estado y ha advertido sobre posibles riesgos para la economía si el decreto es invalidado.
Plazos y próximos pasos
Según los plazos procesales, aunque la Corte retomó la revisión formal en enero, se espera que el fallo de fondo sobre la constitucionalidad del decreto se conozca hacia finales de febrero o marzo de 2026. La decisión será clave no solo para el destino de las medidas económicas ya implementadas, sino para futuros equilibrios entre el Ejecutivo y el poder judicial en Colombia.
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