La Corte Constitucional de Colombia suspendió provisionalmente el decreto de emergencia económica y social decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en diciembre de 2025, en una decisión adoptada por la Sala Plena con 6 votos a favor y 2 en contra. Esta medida se tomó mientras se profiere un fallo de fondo sobre su constitucionalidad.
El decreto, identificado como Decreto 1390 de 2025, había sido emitido por el Ejecutivo para otorgar poderes ordinarios al Gobierno con el fin de expandir la recaudación fiscal, crear nuevos impuestos y recoger recursos para financiar el presupuesto de 2026, luego de que el Congreso negara una reforma tributaria similar.
Qué significa la suspensión
- La suspensión provisional congela la aplicación del decreto de emergencia económica mientras la Corte analiza si cumple con los requisitos constitucionales.
- Como resultado, también quedaron sin efecto inmediato varios decretos derivados, incluidos normas con nuevos impuestos y medidas fiscales que dependían de ese decreto marco.
- Esto deja al Gobierno con un déficit fiscal significativo sin solución clara si no logra una decisión favorable en el fallo de fondo.
Argumentos de la Corte
La ponencia del magistrado Carlos Camargo indicó que, en esta etapa preliminar, no se cumplen los requisitos constitucionales exigidos para declarar una emergencia económica y que esta suspensión preventiva busca prevenir daños irreparables a la estructura institucional y al equilibrio de poderes.
Reacción del Gobierno y del presidente Petro
El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión de la Corte desde su cuenta en la red social X, calificándola como una medida que perjudica la capacidad del Estado para enfrentar la crisis fiscal y acusó a la Corte de favorecer a los sectores más ricos del país.
Petro argumentó que el decreto era una herramienta necesaria para manejar el déficit presupuestario —que había aumentado tras la caída de la reforma tributaria– y proteger programas sociales, advirtiendo que su suspensión podría desencadenar “una crisis mayor”.
Consecuencias económicas y políticas
- La medida plantea incertidumbre sobre la recaudación fiscal esperada y deja al Gobierno con retos para financiar gastos públicos sin la entrada de nuevos recursos vía impuestos decretados bajo la emergencia.
- La decisión también genera un nuevo capítulo de tensión política entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, en medio de debates sobre la separación de poderes y el uso de medidas de emergencia.
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