La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos alcanzó un nivel sin precedentes en las últimas horas, luego de que Washington llamara a consultas urgentes a su encargado de negocios en Bogotá, John T. McNamara, en respuesta a lo que calificó como “declaraciones infundadas” del gobierno de Gustavo Petro sobre un supuesto complot golpista con participación de congresistas estadounidenses.
La medida de Estados Unidos fue acompañada por el retiro inmediato de visas a funcionarios colombianos, especialmente aquellos con pasado en la desmovilizada guerrilla del M-19, lo que profundiza el deterioro de las relaciones bilaterales.
El detonante de la crisis fue la publicación de audios en los que el excanciller Álvaro Leyva afirmaba haber buscado apoyo de congresistas republicanos de Florida, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, para una operación que desestabilizara al gobierno de Petro.
Aunque los legisladores estadounidenses rechazaron cualquier implicación en un golpe de Estado, la administración Trump, liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, consideró las acusaciones como una grave afrenta institucional y procedió con acciones diplomáticas y migratorias contundentes.
En respuesta, el presidente Petro ordenó también el regreso a Bogotá de su embajador en Washington, Daniel García-Peña, para informar sobre el desarrollo de la agenda bilateral y revisar los puntos críticos de la relación, como la cooperación en seguridad, lucha antidrogas y acuerdos migratorios.
El mandatario colombiano, además, defendió la legitimidad de su gobierno y pidió respeto mutuo, mientras altos funcionarios colombianos insistieron en la necesidad de diálogo directo para superar la crisis.
El retiro de visas, confirmado por fuentes diplomáticas y admitido por el jefe de Gabinete colombiano, Alfredo Saade, afecta principalmente a funcionarios de alto nivel y a excombatientes del M-19 que hoy ocupan cargos públicos clave, como ministros y asesores presidenciales. Aunque la visa del presidente Petro sigue vigente, la medida ha sido interpretada como una señal de desconfianza y presión política directa hacia el círculo más cercano del mandatario.
Medios estadounidenses como The New York Times y The Washington Post han cubierto el caso destacando la gravedad del deterioro diplomático, la inusual rapidez de las sanciones y el impacto sobre la cooperación regional en seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico.
Analistas citados por estos medios advierten que, aunque Washington mantiene la puerta abierta al diálogo, la relación bilateral enfrenta su mayor prueba desde la firma del Plan Colombia, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad de la región y la agenda hemisférica de ambos países.
20
