Bogotá — El Gobierno colombiano anunció este viernes la declaración de una emergencia económica ante el creciente déficit fiscal estimado en 16,3 billones de pesos para el presupuesto de 2026, tras el rechazo de la más reciente reforma tributaria en el Congreso. La confirmación la hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que esta figura constitucional será usada para garantizar la estabilidad financiera y funcionamiento del Estado en el próximo año.
La decisión surge luego de que la Comisión de Economía del Senado hundiera el plan financiero que buscaba recaudar el dinero necesario mediante un paquete de impuestos enfocado, sobre todo, hacia los sectores de altos ingresos del país. Ese proyecto pretendía financiar parte del presupuesto nacional de 2026, con aportes hacia áreas clave como educación, salud y programas sociales, así como cerrar brechas fiscales generadas por presiones económicas internas y externas.
Contexto político y económico
Esta medida ordinaria es considerada por el Gobierno como una herramienta necesaria ante el bloqueo legislativo que enfrenta su plan de ingresos. El rechazo de la reforma tributaria por parte del Congreso, con argumentos de oposición que sostenían que la iniciativa podría afectar la actividad empresarial y la clase media, dejó un vacío fiscal para el próximo año.
Frente a ello, el Ejecutivo decidió apelar a la declaración de emergencia económica, una figura que en Colombia permite al presidente expedir decretos con fuerza de ley para enfrentar situaciones excepcionales de carácter financiero, siempre que estén directamente relacionadas con las causas que originan la crisis presupuestal. Este mecanismo fue contemplado constitucionalmente con límites temporales y específicos.
Qué implican las medidas fiscales propuestas
Aunque la emergencia económica en sí misma es un decreto, el Gobierno ha adelantado que una parte importante de las futuras medidas buscará aumentar la carga tributaria sobre los sectores de mayores ingresos, a quienes el presidente Petro ha calificado como “megarricos” y a quienes responsabiliza, en parte, por la evasión fiscal que, según él, contribuye al déficit, la pobreza y la desigualdad.
Asimismo, el Gobierno ha señalado que estas nuevas medidas tributarias no buscarán aumentar la carga sobre la clase media o los sectores populares, sino que se focalizarán en quienes, a juicio del Ejecutivo, tienen mayor capacidad de contribuir al sostenimiento del Estado. Estas propuestas incluyen posibles impuestos a grandes patrimonios y otras figuras fiscales que puedan generar recursos adicionales para cubrir el faltante presupuestal.
Reacciones y desafíos
La declaración de emergencia económica ha generado diversas reacciones. Para algunos economistas y sectores de la sociedad, el uso de mecanismos ordinarios para legislar impuestos sin pasar por el Congreso representa un riesgo para el equilibrio institucional y podría afectar la confianza de inversionistas. Por otro lado, el Gobierno sostiene que si no se obtienen recursos del sector más rico, el peso de la crisis recaería sobre los más vulnerables de la sociedad.
Esta dinámica se da en un contexto donde el país enfrenta retos fiscales derivados de presiones inflacionarias, déficits acumulados de años anteriores y la expectativa de mantener el gasto social sin sacrificar programas prioritarios.
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