No estamos ante un cubrimiento simplemente intenso de la coyuntura electoral. Tampoco ante una suma accidental de titulares duros, columnas sesgadas y editoriales hostiles. Lo que se ha venido configurando en una parte importante de la prensa, la radio y la televisión privadas es una convergencia de encuadres con efectos políticos precisos sobre la opinión pública. La reciente confrontación entre el Gobierno y el Banco de la República dejó ver ese mecanismo con una claridad excepcional. El hecho de base fue la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de elevar la tasa de política monetaria a 11,25 por ciento el 31 de marzo de 2026, seguida por la ruptura pública del Gobierno con la Junta. Ese hecho es verificable y no admite discusión. Lo que sí exige ser discutido es la forma en que fue narrado. En numerosos medios privados, lo que pudo haberse presentado como una controversia de economía política entre prioridades distintas terminó convertido en una escena de ruptura institucional, alarma y desorden.
Ese desplazamiento es decisivo. Implica traducir una discusión real sobre inflación, crecimiento, empleo, crédito y costos sociales de la política monetaria a una oposición engañosa entre técnica y política. El Banco queda asociado a la racionalidad. El Gobierno queda asociado a la improvisación, al cálculo o a la amenaza. La cobertura de El País, el 1 de abril de 2026, dejó ver que el ministro Germán Ávila habló de una oposición política “disfrazada de tecnocracia”. La expresión es precisa porque toca el centro del problema. También en el terreno monetario la técnica está atravesada por supuestos teóricos, prioridades distributivas y decisiones políticas sobre a quién se protege primero y a qué costo. Presentar una orientación monetaria como la única técnicamente seria y convertir la discrepancia en irresponsabilidad no es una mera descripción neutral. Es una forma de despolitizar ideológicamente una controversia que, en realidad, es profundamente política.
La evidencia textual es suficientemente clara. El Colombiano, en su editorial del 5 de abril de 2026, “El Banco no es suyo, Presidente”, sostuvo que “la autonomía del Banco de la República no es un privilegio de élites, es el escudo de los pobres contra el impuesto más cruel e invisible que existe, la inflación”, y añadió que el Banco no está para proteger a los banqueros “como repite Petro”, sino “para proteger a quienes menos tienen”. Esa pieza no solo defiende la autonomía del emisor. Presenta una posición económica determinada, favorable a la prioridad del control inflacionario incluso a costa de efectos contractivos, como la única posición técnica, moralmente superior y socialmente protectora. Quien la discute ya no aparece como portador de otra lectura económica igualmente debatible, sino como amenaza a la racionalidad misma. Lo que desaparece allí es un hecho elemental, que la política monetaria no es una ciencia pura, sino una disputa entre prioridades, temporalidades e impactos distributivos.
El País de Madrid reforzó esa estructura narrativa con el titular “El Gobierno de Gustavo Petro desafía la independencia del Banco de la República”. La palabra “desafía” no nombra simplemente una discrepancia. Nombra una agresión. El episodio queda encuadrado como un conflicto inédito con eventuales consecuencias jurídicas e institucionales, y el centro de la discusión se desplaza desde los efectos económicos de una tasa de 11,25 por ciento hacia la idea de que el Gobierno ha cruzado una línea peligrosa frente a una institución que aparece implícitamente como neutral. Semana llevó ese registro a un tono todavía más agresivo cuando presentó la crisis como un “terremoto político” y habló de una “apuesta electoral muy peligrosa”. En ese punto, la controversia monetaria deja de ser desacuerdo técnico y se convierte en relato de temeridad gubernamental.
Ese encuadre no apareció solo en los medios generalistas. También fue reproducido y reforzado por medios económicos y regionales que ayudaron a fijar el sentido legítimo del episodio. Portafolio, en su cubrimiento del 31 de marzo de 2026, habló de un “divorcio económico entre Hacienda y el Emisor” que abría “un nuevo limbo jurídico para el país, en medio de la crisis”. En piezas asociadas del mismo cubrimiento aparecieron fórmulas como “salida intempestiva del Minhacienda” y “siguen los reparos por divorcio entre el Gobierno y Banrep”. El patrón es revelador. La controversia deja de aparecer como disputa entre lecturas económicas distintas sobre inflación, crecimiento y crédito, y pasa a quedar encapsulada en un léxico de excepcionalidad, ruptura y desorden. Portafolio no pone en primer plano la racionalidad alternativa del Gobierno. La desplaza tras un vocabulario de crisis e inestabilidad que empuja al lector a entender el episodio como quiebre institucional antes que como conflicto legítimo de economía política.
La República hizo algo semejante, aunque con un registro más sobrio y no por eso menos eficaz. En su nota del 31 de marzo de 2026 tituló “Petro ratificó que el Gobierno se retira de la Junta del Banco de la República” y señaló que había ocurrido “un hecho sin precedentes en la historia del país”, dejando “claro el distanciamiento entre el Gobierno y el Banco Central”. En contenidos vinculados del mismo cubrimiento, el eje se desplazó hacia la excepcionalidad, el distanciamiento y el orden monetario. Una pieza de opinión del medio incluso lo resumió en el título “Pelear con el Emisor para imprimir dinero”. La República no necesita recurrir al dramatismo explícito para producir un efecto similar. Le basta con privilegiar el punto de vista del sistema financiero como criterio principal de inteligibilidad del conflicto.
En El Heraldo la operación fue aún más visible por la combinación entre titulares, enlaces internos y repertorio editorial. El 31 de marzo de 2026 publicó “Banco de la República sube la tasa de interés a 11,25% para frenar la inflación”, pero dentro de esa misma pieza destacaba el enlace “El asalto político del gobierno Petro al Banco de la República”. Días después, el 5 de abril, el editorial con ese mismo título afirmó que “el retiro de Ávila y la fractura institucional con el Emisor amenazan la autonomía de la junta, abren un riesgo de parálisis y debilitan la confianza económica”. El lector no recibía solo información sobre la decisión monetaria. Recibía una invitación explícita a leer el conflicto bajo el marco del asalto, la fractura y la amenaza. La decisión del Banco aparecía asociada a la necesidad de “frenar la inflación”. La posición del Gobierno quedaba asociada a una agresión política contra la institución.
Lo decisivo, por tanto, no es solo que estos medios informaran sobre el retiro del ministro o sobre el aumento de tasas. Lo decisivo es cómo lo hicieron. Portafolio lo codificó como “divorcio económico”, “limbo jurídico”, “crisis” y “salida intempestiva”. La República lo enmarcó como “hecho sin precedentes”, “distanciamiento” y sospecha de desorden monetario. El Heraldo combinó el registro de tensión con la fórmula “asalto político”. En conjunto, el conflicto dejó de presentarse como una controversia técnico-política entre orientaciones monetarias distintas y pasó a ser leído como signo de desorden gubernamental, amenaza institucional y perturbación económica. Ahí se encuentra una de las operaciones más eficaces del dispositivo mediático. No necesita ocultar el hecho. Le basta con jerarquizarlo dentro de un vocabulario que vuelve casi impensable la legitimidad de la discrepancia.
Queda en evidencia no es solo un sesgo episódico de cubrimiento, sino una operación ideológica más profunda. Al convertir una controversia legítima de economía política en una escena de amenaza institucional, buena parte de los medios privados no se limitó a informar sobre el conflicto entre el Gobierno y el Banco de la República. Contribuyó a fijar un marco de lectura en el que la política monetaria restrictiva aparece como sinónimo de racionalidad, mientras toda discrepancia frente a ella queda degradada a improvisación, agresión o desorden. De ese modo, se oculta que una tasa de 11,25 por ciento no es una magnitud neutra ni una simple corrección técnica, sino una decisión con efectos contractivos sobre el crédito, la inversión, el consumo, el empleo y, en últimas, sobre el bienestar social. La técnica, presentada como exterior a la disputa, opera como lenguaje de clausura del conflicto y no como instrumento para comprenderlo. Por eso, la cuestión de fondo no es si el Gobierno debió expresar de otro modo su desacuerdo, sino por qué la defensa mediática de la autonomía del Banco ha tendido a borrar del debate los costos sociales, las prioridades distributivas y la racionalidad política que toda decisión monetaria entraña. Lo que se configura, entonces, es un dispositivo discursivo que protege una determinada orientación económica al precio de volver sospechosa, casi ilegítima, cualquier crítica a sus fundamentos. Y ahí radica precisamente su eficacia, no en ocultar el conflicto, sino en narrarlo de tal manera que la jerarquía entre técnica y política, entre institución y discrepancia, entre orden y democracia, aparezca ya resuelta antes de que la sociedad pueda deliberarla
Ese encuadre sobre la ruptura entre el Gobierno y el Banco de la República no debe leerse como una controversia económica aislada. Tiene una utilidad electoral nítida y precisamente por eso resulta estratégico en la coyuntura. Al presentar al Gobierno como impulsivo, ideologizado, poco técnico y dispuesto a perturbar la institucionalidad monetaria, buena parte de los medios privados no solo fijó una lectura sobre el episodio concreto de la junta. Empezó también a sedimentar un imaginario político más amplio sobre la izquierda como incapaz de gobernar con racionalidad económica. En ese punto, la cobertura sobre Banrep deja de referirse únicamente al presente y empieza a proyectarse sobre la disputa presidencial. No porque pueda probarse una coordinación centralizada, sino porque el encuadre funciona de ese modo. Si Iván Cepeda es inscrito por sus adversarios y por parte del periodismo de opinión como figura de continuidad del actual gobierno, entonces la construcción mediática de Petro como gobernante enfrentado a la técnica, a la estabilidad y al orden institucional prepara al mismo tiempo las condiciones para leer a Cepeda como prolongación de ese supuesto desajuste. Y, en espejo, prepara también el terreno para que una candidatura como la de Paloma Valencia aparezca asociada a mesura, responsabilidad y confianza. Lo que a primera vista parece una cobertura sobre el Banco de la República termina funcionando como escena ejemplar de una pedagogía electoral más amplia, una en la que la izquierda queda ligada al riesgo económico y a la intemperancia política, mientras la derecha queda disponible como promesa de corrección técnica, serenidad institucional y restauración del orden.
Ese mismo dispositivo de naturalización y sanción reaparece en la cobertura electoral sobre Iván Cepeda. Allí la operación dominante no consiste en discutir con rigor su programa, sino en construirlo como figura amenazante mediante tres movimientos recurrentes. El primero es reducirlo a continuismo. El segundo es asociarlo con comunismo. El tercero es inscribirlo, de manera directa o insinuada, en un campo semántico de proximidad con la guerrilla. En la columna “Todos por Cepeda”, publicada por El Tiempo el 14 de diciembre de 2025, Néstor Humberto Martínez escribió que la oposición, por negligencia, había terminado ayudando “a la causa del representante del continuismo caótico”. La expresión es demasiado precisa para ser casual. No se habla simplemente de continuidad. Se habla de “continuismo caótico”. La candidatura queda codificada como prolongación del desorden y no como una opción política con autonomía relativa frente al gobierno saliente.
La asociación con el comunismo es todavía más insistente. En El Tiempo se usaron expresiones como “el candidato comunista Iván Cepeda” en la columna “La batalla de las encuestas”, del 1 de marzo de 2026, “el comunista Iván Cepeda” en “¿Una división creadora?”, del 15 de marzo de 2026, y nuevamente “el candidato comunista Iván Cepeda” en “Reflexión de Semana Santa”, del 28 de marzo de 2026. La reiteración importa más que la pieza aislada. Cuando en plena campaña una etiqueta como “comunista” se repite en un entorno de alta polarización, no opera como categoría analítica rigurosa. Opera como gatillo afectivo. Busca activar asociaciones de ruina económica, autoritarismo, expropiación, caos y peligro histórico. No describe. Ordena emocionalmente el voto.
La asociación con la guerrilla ha sido aún más frontal en ciertos espacios. Semana, en una columna de opinión publicada el 24 de febrero de 2026, tituló de manera directa “Iván Cepeda es un brazo estratégico de las Farc y sus disidencias”. El subtítulo afirmaba que “su cercanía con Santrich y Márquez, así como la información encontrada en los computadores de Raúl Reyes, lo prueban”. Aquí el recurso ya no es insinuación, sino imputación política abierta. Más tarde, el 30 de marzo de 2026, la misma revista publicó una nota sobre el respaldo de exFarc a la campaña de Cepeda. Informar un apoyo político puede ser legítimo. Pero en un ecosistema donde ya circulan expresiones como “brazo estratégico de las Farc”, la suma de piezas produce un efecto acumulativo muy distinto al de una información aislada. Termina consolidando en la opinión pública una equivalencia entre izquierda, insurgencia y amenaza.
El propio El Tiempo aportó a esa construcción desde otra vía, la de la genealogía moral y familiar. En “La respuesta que sigue pendiente”, del 2 de marzo de 2026, se recordó que Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda, fue una figura del Partido Comunista “tan cercana a las Farc” que la organización dio su nombre a dos de sus frentes, y se añadió que se trataba de una “afinidad política cuya dimensión simbólica nunca ha sido suficientemente explicada”. Ese movimiento es clave. Ya no se evalúa al candidato por su programa o por sus posiciones presentes, sino que se lo envuelve en una sombra heredada, construida a partir de una memoria histórica selectiva que busca cargar sobre él el peso de un pasado convertido en amenaza. Así, la política contemporánea es sustituida por una pedagogía de la sospecha.
Mientras tanto, la cobertura de Paloma Valencia se organiza de otra manera. Conviene ser aquí más precisos y sobrios. Sí hay evidencia suficiente de que fue presentada en tono favorable por algunos medios, pero no conviene exagerar más allá de lo que las fuentes permiten. El País la presentó el 5 de abril de 2026 como “el fenómeno de la candidatura presidencial de Paloma Valencia” y sostuvo que su irrupción desplazó el foco hacia posiciones “más moderadas”, destacando su “inclusividad” y su capacidad para atraer “votantes moderados”. El Tiempo, por su parte, publicó el 30 de agosto de 2025 la nota “Mi decisión es ser la primera mujer presidenta de Colombia” y el 6 de marzo de 2026 la columna “Si no es Paloma, ¿quién?”, en la que Jaime Castro la ubicó, junto con Cepeda y De la Espriella, en el grupo de quienes podían ser “el futuro jefe del Estado”. Además, el 8 de marzo de 2026 el mismo diario la presentó como ganadora de la Gran Consulta por Colombia y destacó que buscaría convertirse en la primera mujer presidenta. No se trata de sostener que toda la prensa la idealizó sin fisuras. Se trata de advertir una asimetría de tono. Mientras Cepeda era cargado con continuismo, comunismo o sombra insurgente, Valencia aparecía con más facilidad asociada a viabilidad, fenómeno político, moderación o liderazgo competitivo.
La disputa entre el Gobierno y el Banco de la República no fue tratada únicamente como un episodio de política monetaria. Fue convertida también en una escena electoral anticipada. Al narrarla bajo el registro de la ruptura, la imprudencia, la amenaza a la técnica y la perturbación del orden institucional, los medios privados no solo tomaron partido en una controversia económica. Contribuyeron a fijar un marco de lectura para la sucesión presidencial. La operación es sutil, pero poderosa. Si Petro queda construido como el gobernante que choca con la técnica, irrespeta la institucionalidad y pone en vilo la estabilidad, y si Iván Cepeda aparece al mismo tiempo, en columnas y piezas de opinión, como figura de continuidad política de ese gobierno, entonces la noticia económica empieza a trabajar silenciosamente en la producción del miedo electoral. La crítica al Ejecutivo se convierte en advertencia preventiva contra su eventual continuidad. Y en ese mismo movimiento, candidaturas como la de Paloma Valencia pueden ser investidas con los atributos inversos, serenidad, responsabilidad, sensatez macroeconómica, confianza para los mercados y normalidad institucional. Lo que a primera vista parece una cobertura sobre el Banco de la República termina siendo también un dispositivo de prefiguración electoral. No se discute solo una tasa de interés. Se empieza a decidir, en el terreno simbólico, quién puede ser leído como gobierno legítimo y quién debe ser temido como amenaza.
Los dueños de la palabra pública
Nada de esto puede leerse solo en clave discursiva. El problema es también estructural. El Media and Journalism Research Center mostró en 2023 que ocho grandes corporaciones empresariales colombianas concentran el 78 por ciento de la audiencia combinada en radio, televisión, prensa y web, y que los grupos más grandes por participación de audiencia son la Organización Ardila Lülle y Valorem. No estamos hablando, entonces, de un paisaje plural y atomizado. Estamos hablando de un ecosistema informativo altamente concentrado, en el que un número reducido de grupos económicos tiene capacidad real de organizar buena parte de la agenda pública y de fijar qué aparece como razonable, peligroso, serio o extravagante. Ese dato debe leerse como evidencia estructural reciente, no como medición exacta del mercado al día de hoy. Pero sigue siendo una base válida para entender el problema de fondo.
La relación entre medios y poder económico refuerza todavía más esa lectura. La República se define como “primer periódico económico, empresarial y financiero de Colombia” y mantiene una oferta explícita de “Comunidad Empresarial” como espacio de comunicación entre marcas y directivos. Sobre su propiedad actual conviene ser prudentes. El Media and Journalism Research Center reportó en 2023 que el diario había sido adquirido en 2016 por la Organización Ardila Lülle. Sin embargo, otras bases sobre propiedad mediática han mostrado información no totalmente coincidente. Por rigor, lo correcto no es presentar su control actual como un dato absolutamente cerrado, sino señalar que las fuentes disponibles lo ubican dentro de una órbita empresarial fuerte y que, independientemente de esa divergencia puntual, su identidad pública y editorial está nítidamente organizada alrededor de finanzas, empresas y negocios. La frontera entre información económica, producción de ambiente favorable a los negocios y circulación de intereses empresariales se vuelve cada vez más porosa.
Algo semejante ocurre con Portafolio, aunque en su caso la relación con el poder financiero es todavía más nítida por su inserción en el ecosistema de EL TIEMPO Casa Editorial. El propio portal identifica su pertenencia al grupo en sus términos y política de privacidad. En semejantes condiciones, la insistencia cotidiana en nociones como confianza, riesgo país, prudencia macroeconómica o cautela frente a reformas redistributivas no puede leerse únicamente como resultado de un criterio periodístico inocente. Debe leerse también como efecto de una posición estructural dentro del campo del poder, sobre todo cuando ese ecosistema mediático ha sido vinculado durante años con uno de los más grandes conglomerados financieros del país. Aquí conviene hablar con precisión. No es lo mismo decir que Portafolio pertenece directamente a Grupo Aval que decir, con mayor rigor, que pertenece a EL TIEMPO Casa Editorial y que esta ha sido relacionada por diversas fuentes con el universo de Grupo Aval.
Forbes Colombia merece también un lugar en este análisis, no porque funcione exactamente igual que la prensa económica tradicional colombiana, sino porque representa una forma aún más explícita de periodismo de negocios orientado a líderes, emprendimiento, marca personal y celebraciones del éxito económico. El sitio se presenta como fuente de “noticias de negocios y estilo de vida para los líderes de Colombia”, y en julio de 2025 Forbes anunció un acuerdo de licencia con Casa Plinio para restablecer y fortalecer sus operaciones impresas, digitales y de eventos en Colombia y otros países de la región. La edición colombiana forma parte de una arquitectura regional organizada explícitamente alrededor de negocios, emprendimiento y liderazgo empresarial. Esto significa que Forbes Colombia no debe leerse como una simple revista de actualidad, sino como un actor que participa en la producción simbólica de admiración hacia las élites económicas, los empresarios exitosos, los rankings de riqueza y la moral del liderazgo corporativo. No fabrica miedo electoral del mismo modo que una columna incendiaria, pero sí ayuda a consolidar una sensibilidad social en la que el interés del gran capital aparece como sinónimo de modernidad, éxito y dirección legítima del país.
En cuanto a El Heraldo de Barranquilla, su incorporación al análisis es indispensable porque no se trata de un medio cualquiera dentro del Caribe colombiano. Su peso regional es alto y su papel en la formación del debate público costeño lo convierte en actor clave. Sobre su propiedad reciente, la evidencia disponible muestra que en junio de 2023 el Grupo Semana y la casa editorial de El Heraldo firmaron un memorando de entendimiento para que Semana adquiriera la totalidad de las acciones del medio. El País reportó entonces que la familia Gilinski avanzaba en su expansión en medios tras otras compras previas. Por rigor, lo correcto es afirmar el acuerdo de compra reportado y la trayectoria expansiva del grupo, no presentar como hecho consumado el cierre definitivo de la transacción, pues eso no quedó igualmente claro en esta revisión. Aun con esa cautela, el valor analítico del caso es alto. Muestra que la disputa por la formación de conciencia política no se juega solo en Bogotá ni exclusivamente en los grandes medios nacionales tradicionales. También se libra en la apropiación o influencia sobre medios regionales de enorme legitimidad social.
Si se observa el conjunto, el panorama se vuelve todavía más inquietante. La República aporta la voz del diario económico especializado inscrito en una órbita empresarial fuerte. Portafolio aporta la voz del periodismo económico central integrado al ecosistema de EL TIEMPO Casa Editorial. Forbes Colombia agrega la dimensión aspiracional y celebratoria del liderazgo empresarial dentro de una licencia regional orientada a fortalecer negocios, contenido editorial y eventos. El Heraldo añade el peso regional caribeño y la evidencia de una disputa por la apropiación o influencia sobre medios locales influyentes. No son piezas marginales. Son componentes complementarios de una misma arquitectura. Unos dramatizan el peligro político de la izquierda. Otros naturalizan el horizonte empresarial como medida de racionalidad. Otros convierten a las élites económicas en modelo de sociedad. Todos contribuyen, desde registros distintos, a desplazar la percepción social hacia los intereses del capital y lejos de los intereses del pueblo trabajador. Esa es una inferencia fuerte, pero se apoya en una base textual y estructural suficiente para sostenerla como tesis crítica, no como dato bruto.
Visto en conjunto, el patrón es consistente. En el episodio Banrep-Gobierno, una controversia técnico-política entre enfoques monetarios fue narrada como si solo un lado representara la técnica y el otro solo introdujera ruido político. En la cobertura sobre Iván Cepeda, la candidatura fue codificada una y otra vez bajo los marcos de “continuismo caótico”, comunismo y proximidad con la guerrilla. En la cobertura sobre Paloma Valencia, en cambio, aparecieron con más fuerza los marcos de fenómeno, viabilidad, moderación e iniciativa política. El resultado no es un debate más ilustrado. Es una pedagogía del miedo que induce al electorado a leer a la izquierda como amenaza histórica y a las derechas como reserva de sensatez, orden y futuro.
Lo más grave es que este dispositivo se sostiene sobre una memoria selectiva. Se exige recordar cada vínculo, real o insinuado, entre la izquierda, el comunismo, la guerrilla o el caos económico. Pero se atenúa, se embellece o se empuja a segundo plano la responsabilidad histórica de las derechas en la desigualdad persistente, la captura de instituciones, la precarización del trabajo, la financiarización regresiva, la violencia territorial y la reproducción de un orden social profundamente excluyente. Se exige memoria para juzgar a la izquierda, pero se practica amnesia para proteger a las derechas.
La obediencia como sentido común
Aquí conviene dar un paso más. Si algo revela con crudeza la actual coyuntura electoral colombiana es que la disputa no se libra únicamente en el terreno de los programas, las alianzas o las candidaturas. Se libra también, y de manera decisiva, en el terreno de la conciencia social. Allí, en ese espacio donde se forman percepciones, temores, certezas, rechazos y adhesiones, los grandes medios privados cumplen una función que desborda con mucho la de simples canales de información. Actúan como operadores de una pedagogía política orientada a modelar la lectura de la realidad de acuerdo con los intereses de los grupos económicos que los poseen.
Marx había formulado ya, en La ideología alemana, el problema de modo fundacional al sostener que las ideas dominantes de una época son, en realidad, las ideas de la clase dominante. Lo decisivo de esta afirmación no es solo que las clases dominantes dispongan de más recursos para difundir sus visiones, sino que consiguen que esas visiones aparezcan como naturales, razonables, universales y hasta moralmente obligatorias. En esa clave, los medios privados contemporáneos no son solo empresas de comunicación. Son mecanismos de universalización ideológica. Traducen los intereses del capital financiero, de los grandes grupos empresariales y de las élites tradicionales en narrativas de orden, técnica, prudencia, estabilidad y libertad. Lo hacen de tal modo que cualquier proyecto político que toque esos intereses queda rápidamente codificado como amenaza, desorden, populismo, improvisación o aventura irresponsable.
Adorno y Horkheimer llevaron esta intuición a un nivel decisivo en Dialéctica de la Ilustración, cuando desarrollaron la idea de la industria cultural. Su tesis sigue siendo extraordinariamente actual. Los medios no solo informan o entretienen. Estandarizan la percepción, normalizan la obediencia y desactivan la posibilidad de una conciencia verdaderamente crítica. La industria cultural produce sujetos que creen elegir mientras en realidad se mueven dentro de un repertorio previamente organizado. Lo más inquietante es que esta dominación no opera principalmente por imposición brutal, sino por familiaridad, repetición y comodidad. La ideología ya no necesita presentarse como doctrina solemne. Puede entrar bajo la forma de noticia, editorial, debate matutino, entrevista, panel de opinión o cobertura aparentemente espontánea de una campaña electoral.
La coyuntura actual muestra precisamente ese funcionamiento. La defensa cerrada de una cierta ortodoxia monetaria, la presentación del Banco de la República como reserva incontestable de técnica, la insistencia en asociar a la izquierda con desorden económico, con amenaza institucional o incluso con guerrilla y comunismo, no actúan de manera aislada. Forman parte de una gramática de la captura. El elector es conducido a experimentar temor ante cualquier propuesta que altere las prioridades del gran capital y a experimentar confianza ante toda candidatura que garantice continuidad, disciplina fiscal, subordinación monetaria y protección del orden existente. La operación es notable porque logra que muchas personas trabajadoras, golpeadas precisamente por la desigualdad, la precariedad del empleo, el endeudamiento y la exclusión estructural, terminen defendiendo discursivamente los intereses de quienes se benefician de ese mismo orden.
Bourdieu lo vio con enorme claridad en Sobre la televisión y en sus análisis del campo periodístico. Para él, los medios no solo transmiten contenidos. Imponen formas de ver, ritmos de atención, criterios de importancia y modos de inteligibilidad. La televisión, y por extensión el periodismo sometido a la lógica de la velocidad, la competencia y la audiencia, simplifica problemas complejos, espectaculariza el conflicto y favorece la circulación de lugares comunes. En ese contexto, el debate político deja de organizarse según la densidad de los problemas y empieza a regirse por las exigencias del formato, del impacto y de la visibilidad. Lo que requiere mediación histórica, análisis estructural y comprensión de relaciones de poder es desplazado por lo que puede ser dicho rápido, dramatizado mejor y consumido sin fricción. Una candidatura de izquierda puede ser codificada eficazmente mediante etiquetas simples como “caos”, “riesgo”, “comunismo” o “continuismo”, mientras que una candidatura de derecha puede ser asociada con palabras igualmente simples como “orden”, “liderazgo”, “moderación” o “confianza”.
Esto permite comprender por qué la captura de la conciencia no debe pensarse solo como engaño grosero. Es, más profundamente, una estructuración desigual del espacio de lo visible y lo decible. El trabajador que repite los marcos de los grandes medios no es simplemente una víctima pasiva ni un sujeto incapaz de reflexión. Es un actor inmerso en un universo simbólico saturado por definiciones oligopólicas de la realidad. Cuando todos los días escucha que la estabilidad depende de la confianza de los mercados, que la técnica está del lado de la banca central, que la izquierda pone en riesgo la economía, que las reformas sociales destruyen empleo y que las derechas representan responsabilidad, termina por interiorizar una visión del mundo donde el capital aparece como garante del orden y el trabajo como amenaza cuando se organiza políticamente para disputar la distribución de la riqueza. El gran triunfo ideológico de los medios privados consiste precisamente en obtener ese desplazamiento. Que el explotado mire el mundo con los ojos del explotador y que lo haga, además, creyendo que defiende la sensatez.
Habermas, en Historia y crítica de la opinión pública, ofreció otra clave fundamental para entender este proceso. La esfera pública moderna, que alguna vez pudo imaginarse como espacio de deliberación racional entre ciudadanos, fue progresivamente colonizada por intereses económicos y políticos que transformaron la comunicación pública en administración estratégica de percepciones. La opinión pública deja de ser el resultado de una discusión libre e informada entre iguales y se convierte cada vez más en un producto moldeado por actores con capacidad desigual de intervención. Leído desde esta coyuntura, esto significa que la campaña electoral no se desarrolla sobre un terreno comunicativo neutral. Se desarrolla en una esfera pública mediatizada por grandes conglomerados que no solo informan sobre la política, sino que participan activamente en la producción de sus condiciones de legibilidad. Lo que aparece como “opinión pública” es, muchas veces, el resultado de un trabajo previo de encuadre, filtrado y jerarquización.
Desde esta perspectiva, la cuestión democrática se vuelve mucho más grave de lo que suele admitirse. No basta con que existan elecciones formales si la conciencia política de amplias mayorías es trabajada todos los días por un sistema de medios altamente concentrado, vinculado a intereses empresariales y financieros, e inclinado a presentar esos intereses como si fueran el único horizonte racional de la nación. La democracia se vacía cuando el disenso social es convertido en amenaza moral y cuando las opciones políticas que expresan intereses populares son sistemáticamente cargadas de sospecha, ridículo o miedo. La captura mediática de la conciencia es, en este sentido, una forma de expropiación política. No expropia solamente la palabra. Expropia la posibilidad misma de que las mayorías se reconozcan a sí mismas como sujeto histórico con intereses propios.
Por eso resulta tan doloroso, y al mismo tiempo tan revelador, ver a trabajadores, empleados, pequeños comerciantes, endeudados, asalariados precarizados y sectores populares defendiendo con fervor los repertorios discursivos de los grandes capitales. No se trata de despreciar esa conciencia realmente existente ni de sustituir análisis por condena moral. Se trata de comprender la magnitud del trabajo ideológico que hace posible que quienes padecen la desigualdad terminen justificándola, que quienes son subordinados por el orden económico lo vivan como protección, y que quienes necesitarían transformaciones profundas sean inducidos a temerles más a esas transformaciones que a las estructuras que reproducen su propia vulnerabilidad.
Aquí aparece una pregunta incómoda pero indispensable. ¿Qué tipo de conciencia política puede formarse en una sociedad donde una parte tan significativa de la información circula a través de medios hegemonizados por una lógica oligopólica y por intereses de clase tan definidos? La respuesta no puede ser ingenua. Una conciencia alimentada de manera predominante por información hegemónica tiende a reproducir las fronteras del orden establecido. Aprende a indignarse selectivamente, a temer selectivamente y a recordar selectivamente. Se la educa para detectar con rapidez los excesos de la izquierda, pero no para ver la violencia estructural del capital. Se la habitúa a percibir como “natural” la desigualdad, como “técnica” la defensa de la rentabilidad financiera y como “radical” cualquier intento de subordinar la economía a las necesidades del pueblo trabajador. Esa conciencia no está simplemente desinformada. Está políticamente formateada.
Por eso la crítica a los medios privados no puede reducirse a señalar sesgos puntuales o coberturas injustas. Debe ir más al fondo y mostrar que la disputa es por la estructura misma de producción de realidad. Lo que está en juego es quién nombra, quién jerarquiza, quién define qué cuenta como problema nacional y quién establece el repertorio legítimo de soluciones. Mientras ese poder continúe concentrado en manos de conglomerados estrechamente vinculados al gran capital, la democracia seguirá funcionando bajo condiciones de asimetría comunicativa profundas. Y mientras las mayorías trabajadoras sigan bebiendo su visión del mundo de fuentes hegemonizadas por esos intereses, seguirán expuestas a defender políticamente aquello que materialmente las somete.
La pregunta final, entonces, no es solo por los medios. Es por la conciencia social que ellos ayudan a producir. Una sociedad que piensa con categorías prestadas por sus dominadores difícilmente podrá emanciparse de ellos. Tal vez la tragedia política de este tiempo resida justamente ahí, en que una parte del pueblo trabajador ha sido conducida a creer que salvar a los grandes propietarios es salvar el país, que proteger la rentabilidad del capital es proteger el bienestar común, y que obedecer los marcos narrativos de los medios oligopólicos es pensar con cabeza propia. Tal vez el problema de fondo no sea que los medios privados estén cubriendo la campaña. Tal vez el problema sea más grave. Que una fracción decisiva del poder económico ha decidido hacer campaña todos los días desde la voz impecable de la objetividad, y que demasiados dominados siguen llamando libertad a esa forma de obediencia.
Al final, eso es precisamente lo que ocurre. La objetividad no desaparece del discurso mediático, sino que se convierte en su máscara más eficaz. Habla con el tono de la prudencia, de la técnica, de la institucionalidad y de la responsabilidad, pero en esa misma operación selecciona los miedos legítimos, jerarquiza las amenazas, distribuye respetabilidad y condena anticipadamente ciertas opciones políticas. No necesita llamar a votar de manera explícita para intervenir en la elección. Le basta con narrar el país de tal modo que unas candidaturas aparezcan asociadas al orden, a la confianza y a la normalidad, mientras otras queden ligadas al caos, al riesgo y a la sospecha. Por eso, en esta coyuntura, la cuestión no es solo que los medios tengan preferencias. La cuestión es más grave. Que una parte decisiva del poder económico ha aprendido a hacer política sin abandonar la pose de neutralidad, y que desde allí, cada día, la objetividad también vota.
Bibliografía
Bourdieu, P. (1997). Sobre la televisión (T. Kauf, Trad.). Editorial Anagrama. https://lideresdeizquierdaprd.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/11/sobre-la-television-pierre-bourdieu.pdf
Habermas, J. (1981). Historia y crítica de la opinión pública: La transformación estructural de la vida pública. Editorial Gustavo Gili. https://www.proletarios.org/books/Habermas-Historia_y_critica_de_la_opinion_publica.pdf
Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1998). Dialéctica de la Ilustración. Trotta. https://filosofiaenimagenes.com/wp-content/uploads/2025/08/horkheimer-max-y-adorno-theodor-dialectica-de-la-ilustracion.pdf
Marx, K., & Engels, F. (1974). La ideología alemana (W. Roces, Trad.; 5.ª ed.). Ediciones Pueblos Unidos; Ediciones Grijalbo. https://www.ugr.es/~lsaez/blog/textos/ideologia/ideologiaalemana.pdf
* Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Especialista en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Derechos Humanos y DIH de la Universidad Externado de Colombia. Filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana; con Posdoctorado en Sociología de la Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte, Brasil; investigador y docente en ciencias sociales, especialmente en temas asociados al progreso social, perfiles productivos territoriales, políticas públicas y planes de desarrollo territorial con Enfoque Basado en Derechos Humanos. Coordinador académico, docente e investigador de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de La Salle – Bogotá.
