La ejecución presupuestal de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán vuelve
a estar en el centro del debate público. Según denuncias recientes, cerca del 70% de
los recursos de esta dependencia estarían siendo destinados a gastos de
funcionamiento, lo que ha generado preocupación entre sectores políticos y
ciudadanos ante la falta de avances concretos en materia de movilidad.
La ciudad continúa enfrentando dificultades estructurales como la ausencia de un
sistema de bicicletas públicas, el escaso desarrollo de ciclo rutas y problemas de
congestión en varios puntos críticos. A este panorama se suman advertencias sobre
posibles inconsistencias en la implementación de foto multas, que podrían derivar en
la revocatoria de comparendos y generar implicaciones jurídicas para el municipio.
El debate ha sido impulsado desde el Concejo Municipal por el cabildante Alex Trujillo,
quien ha liderado ejercicios de control político y ha señalado presuntas irregularidades
al interior de la Secretaría, actualmente dirigida por Lizeth Vanessa Plazas. El concejal
ha insistido en la necesidad de mayor transparencia y resultados efectivos que
respondan a las demandas ciudadanas.
En medio de la controversia, la reacción en redes sociales no se ha hecho esperar.
Ciudadanos han expresado su inconformismo frente al estado de la movilidad y el
control vial en la ciudad. Entre los comentarios más recurrentes se encuentran críticas
por el deterioro de la malla vial, fallas en semáforos y la falta de control efectivo en las
vías.
“Hay muchos huecos, semáforos dañados, y en vez de retenes deberían estar
controlando a quienes se pasan los semáforos en rojo o hacen maniobras indebidas”,
señaló un usuario. Otros ciudadanos denunciaron la circulación de motos sin placa,
buses que emiten altos niveles de humo, posibles vehículos hurtados en circulación y
la invasión del espacio público por automotores mal estacionados, situaciones que,
afirman, agravan la movilidad en distintos sectores de Popayán.
El inconformismo ciudadano se suma así a los cuestionamientos políticos, en un
escenario donde la movilidad continúa siendo una de las principales deudas de la
administración local. La discusión sigue abierta, mientras aumenta la presión para que
se traduzcan los recursos en soluciones visibles y efectivas para la ciudad.
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