Bogotá, 12 de septiembre de 2025. — El enfrentamiento verbal entre el presidente Gustavo Petro y el Parlamento Europeo escaló esta semana después de que la Eurocámara aprobara una resolución que expresa “preocupación” por la situación de violencia política en Colombia y cuestiona declaraciones gubernamentales que, a juicio de los eurodiputados, podrían estar contribuyendo a la polarización y al aumento de riesgos para líderes políticos y defensores de derechos humanos. La resolución menciona —entre otros hechos— el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay y reclama una investigación exhaustiva que abarque tanto a los autores materiales como a posibles instigadores.
¿Qué dijo exactamente la Eurocámara?
El texto aprobado por el Parlamento Europeo condena la violencia política en Colombia, reclama el esclarecimiento de ataques y homicidios de figuras públicas y advierte sobre el efecto que la impunidad y la “retórica incendiaria” pueden tener sobre el clima democrático, sobre todo en el año previo a las elecciones presidenciales de 2026. Además, el documento instó a investigar supuestos vínculos entre estructuras criminales transnacionales y actores políticos, y pidió garantías para la protección de la libertad de prensa y de los defensores de derechos humanos.
La respuesta de Petro: tono duro y apuntes geopolíticos
Ante la resolución, el presidente Petro reaccionó en términos enérgicos. En declaraciones públicas —y a través de mensajes difundidos por canales oficiales y en redes— calificó de “ignorantes” a algunos parlamentarios europeos y lanzó la frase que ha sido reproducida por medios: “Yo no soy un juguete de parlamentarios ignorantes”. El mandatario rechazó en bloque las imputaciones y señaló que atribuir responsabilidades estructurales a su Gobierno sin pruebas sería un acto injerencista. A su vez, Petro responsabilizó a “mafias internacionales” y a actores desde Europa e internacionales por influir en la violencia y el narcotráfico, y puso en tela de juicio algunas etiquetas que, según él, simplifican realidades complejas (por ejemplo, la referencia al denominado “Cártel de los Soles”). El País+1
Puntos de desacuerdo (y por qué la discusión no es sólo retórica)
- Violencia política y responsabilidad estatal: los eurodiputados subrayaron la necesidad de medidas concretas para proteger a candidatos, autoridades locales y defensores de derechos humanos; el Gobierno colombiano argumenta que el principal problema es la acción de redes criminales que operan tanto dentro como fuera del país. El choque se centra en quién debe ser considerado responsable por omisión o por acción indirecta.
- Narcotráfico y vínculos transnacionales: la resolución europea pidió investigar supuestas conexiones transfronterizas; la respuesta del presidente enfatiza que buena parte del negocio y la financiación criminal tienen ramificaciones en mercados y países consumidores, incluidos algunos europeos, lo que —según Petro— obliga a una mirada compartida y no sólo a críticas unilaterales.
- Retórica pública y polarización: la Eurocámara consideró que “declaraciones incendiarias” de actores políticos pueden aumentar riesgos; el Gobierno y sus simpatizantes sostienen que la crítica externa, en ocasiones, presenta interpretaciones sesgadas de la realidad colombiana y que la atención internacional debe ser equilibrada.
Contexto regional y diplomático: un momento delicado
El choque se produce semanas antes de la cumbre UE–CELAC que se celebrará en Santa Marta (Colombia), evento en el que se esperaba articular diálogo político y económico entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe. Analistas consultados por la prensa advierten que la controversia podría tensar la agenda de la cumbre y obligar a maniobras diplomáticas para evitar confrontaciones públicas entre líderes europeos y latinoamericanos en el marco del encuentro. Además, la crisis se suma a un historial reciente de altibajos en las relaciones entre Bogotá y socios como Estados Unidos y partes de la Unión Europea por episodios previos de acusaciones, repudios y comunicaciones oficiales.
Reacciones políticas internas y externas
- En Colombia, la oposición ha utilizado la resolución para exigir más claridad y acciones del Gobierno en investigación y protección a víctimas; aliados del presidente, en cambio, denunciaron una actitud colonizadora y doble estándar por parte de Europa, y llamaron a defender la soberanía nacional frente a intervenciones que califican como apresuradas.
- En Europa, eurodiputados de distintos grupos políticos respaldaron la necesidad de expresar preocupación por la violencia política y por la protección de derechos fundamentales en Colombia; algunos eurodiputados, en especial de la derecha y del centro, fueron los más críticos y reclaman acciones más firmes en materia de rule of law.
Qué ocurre con la investigación del asesinato de Miguel Uribe Turbay
La muerte del senador Miguel Uribe Turbay —mencionada explícitamente en la resolución europea— aceleró las demandas de esclarecer responsabilidades. La Eurocámara pidió que las investigaciones incluyan no sólo a los autores materiales sino que se profundice en eventuales redes o instigadores. El Gobierno ha señalado avances en las pesquisas en Colombia, pero la comunidad internacional pide transparencia y resultados verificables para reducir la percepción de impunidad.
Riesgos y consecuencias prácticas
- Diplomáticas: posible enfriamiento de relaciones bilaterales con varios países europeos y mayor presión internacional sobre Bogotá para que rinda cuentas públicamente sobre medidas contra la violencia política.
- Políticas internas: la discusión internacional puede alimentarla polarización doméstica y convertirse en argumento electoral para 2026.
- Cooperación internacional: tensiones así pueden afectar cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico y proyectos de inversión si no se abordan mediante canales diplomáticos.
Escenarios probables a corto plazo
- Diálogo diplomático entre la Cancillería colombiana y representantes de la UE para matizar el lenguaje y acordar fórmulas de cooperación.
- Pressing público de sectores de la oposición para que el Gobierno rinda cuentas ante organismos nacionales e internacionales.
- Uso político interno de la controversia por parte de distintos actores de cara a las campañas para 2026.
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