Bogotá, 13 de septiembre de 2025 — La decisión del ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva, de declarar insubsistente a Lorena Duarte, hasta hace poco directora de Derechos LGBTIQ+ en la misma cartera, desató esta semana una oleada de críticas y profunda frustración en amplios sectores del movimiento LGBTI en Colombia. El episodio no sólo reavivó viejas fracturas internas entre distintas organizaciones y referentes, sino que también abrió un debate público sobre la coherencia del Gobierno en materia de derechos y la gestión interna del ministerio que creó la administración de Gustavo Petro.
Qué ocurrió (cronología y hechos confirmados)
- Nombramiento de Florián: Juan Carlos Florián, politólogo y activista LGBTI que hasta hace poco fue viceministro de Diversidades, asumió la titularidad del Ministerio de Igualdad y Equidad en agosto de 2025. Su nombramiento ya había generado controversia por episodios de su pasado y por consultas sobre la aplicación de la ley de cuotas.
- Designación y salida de Lorena Duarte: Lorena Duarte —activista trans con trayectoria en políticas LGBTI en Bogotá y referente de la comunidad— fue declarada insubsistente por Florián tras apenas tres meses en el cargo. La medida se tomó sin que hasta ahora se haya publicado una explicación pública detallada por parte del ministerio, según las versiones periodísticas y las denuncias de activistas. Duarte ha denunciado que la salida fue abrupta y que no se le ofreció una explicación clara ni un proceso público de evaluación.
- Reacciones de la sociedad civil y activistas: Organizaciones y líderes LGBTI, entre ellos Grupo de Acción por los Derechos Trans (GAAT) y figuras como Mauricio Albarracín, han calificado la decisión como un acto que refleja “transfobia institucional” o, cuando menos, una mala práctica administrativa que agrava la desconfianza hacia el ministerio. Albarracín y otros han pedido investigaciones sobre posibles irregularidades en el manejo laboral y han cuestionado la coherencia del Gobierno al simultáneamente convocar acciones públicas contra la violencia hacia las personas trans.
Por qué el caso provoca tanta indignación
- Simbolismo y expectativas incumplidas. Para muchas personas trans y organizaciones LGBTI el Ministerio representó, desde su creación, una oportunidad histórica de acceso a políticas públicas reales. La remoción de una funcionaria trans reconocida desde el propio ministerio es interpretada por algunos como una traición simbólica que alimenta la sensación de retroceso.
- Procesos internos opacos. Las críticas apuntan a la forma (declaratoria de insubsistencia directa) más que al fondo: la falta de explicación pública, la ausencia de un debido proceso conocido y la manera abrupta de comunicar la salida. Activistas reclaman protocolos de evaluación transparentes cuando se trata de cargos de libre nombramiento y remoción que, aun siendo potestad del ministro, deben respetar estándares administrativos y garantías de dignidad.
- Contexto de violencia real y creciente. El episodio ocurre en un momento en que organizaciones y reportes periodísticos registran un incremento de hechos de violencia contra personas LGBTI en Colombia: sólo este año se han contabilizado decenas de asesinatos de personas LGBTI, un dato que alimenta la sensibilidad ante decisiones que se perciban como debilitamiento institucional en la protección de la comunidad. Estas cifras —citadas por medios que cubren la controversia— explican por qué la salida de Duarte provoca reacciones amplificadas.
Voces y posiciones
- Lorena Duarte: Según entrevistas publicadas, Duarte manifestó su indignación por la forma del despido y dijo sentir que no se le respetó ni la trayectoria ni la delicadeza institucional que merecía la situación. Relató además dificultades personales y laborales previas que hacen de su presencia en el Estado un ejemplo de movilidad social para muchas personas trans.
- Mauricio Albarracín y otros activistas: Han denunciado maltrato laboral y la ausencia de debido proceso; Albarracín pidió intervención del Ministerio de Trabajo y señaló la contradicción entre las proclamaciones presidenciales y las prácticas dentro de la misma cartera.
- Ministerio de Igualdad (posición oficial hasta el momento): A la fecha de publicación no se ha divulgado un comunicado detallado que explique las razones administrativas por la insubsistencia de Duarte más allá de señalar que las decisiones de libre nombramiento y remoción son potestad del titular. En canales oficiales se ha destacado la hoja de vida y la intención del ministro de avanzar en políticas públicas para las diversidades.
Riesgos e implicaciones políticas
- Crisis de legitimidad dentro de los movimientos que respaldaron al Gobierno: El Gobierno Petro, que recibió apoyo de sectores sociales incluyendo movimientos LGBTI, ahora enfrenta una creciente desilusión que puede traducirse en menor credibilidad política en temas de derechos humanos y diversidad. Analistas advierten que episodios como este erosionan capital político y dificultan la implementación de programas clave.
- Mayor fractura interna del movimiento LGBTI: Ya existían tensiones históricas entre agrupaciones sobre estrategias, agendas y liderazgos; la manera en que se gestiona esta crisis puede profundizar divisiones o, alternativamente, provocar coaliciones críticas de mayor alcance.
- Implicaciones administrativas: Si se confirma que no hubo debido proceso o si se comprueban irregularidades laborales, podría abrirse la puerta a denuncias formales y a exigencias de mecanismos de protección para funcionarias y funcionarios LGBTI en el Estado.
Contexto más amplio: trayectoria del ministerio y de su titular
El Ministerio de Igualdad y Equidad es una cartera relativamente nueva en Colombia —creada durante la actual administración— y ha pasado por varios cambios en su dirección desde 2023. Juan Carlos Florián viene de cargos en la Secretaría de Integración Social de Bogotá y del propio viceministerio de Diversidades; su nombramiento como ministro generó debate público por aspectos de su vida profesional y su discurso público, que han sido escrutados por la prensa y por sectores conservadores y progresistas por igual.
Qué piden las organizaciones y qué puede pasar ahora
- Transparencia y debido proceso: Las organizaciones han exigido al ministerio y al Gobierno que expliquen las razones de la insubsistencia y que garanticen procesos justos para el personal, con acompañamiento jurídico y social para quienes sean desplazados de sus cargos.
- Medidas concretas contra la violencia: Activistas recuerdan que las palabras presidenciales y los gestos simbólicos deben traducirse en presupuesto, programas de protección, campañas de prevención y acceso real a justicia para víctimas LGBTI.
- Posibles seguimientos jurídicos y administrativos: Si la denuncia de maltrato laboral y falta de debido proceso avanza, podrían abrirse investigaciones internas o quejas ante entidades laborales y de control del Estado.
Conclusión
La destitución de Lorena Duarte por Juan Carlos Florián ha encendido una tensión profunda: no es sólo la salida de una funcionaria reconocida, sino la cristalización de un sentimiento más amplio de decepción acumulada en partes del movimiento LGBTI respecto al cumplimiento de promesas y a la consistencia de políticas públicas. El episodio pone al descubierto la necesidad de mayor transparencia, protocolos laborales claros y, sobre todo, de que las declaraciones presidenciales sobre la defensa de las diversidades se traduzcan en acciones institucionales sostenibles. Por ahora, la crisis sigue abierta y obligará al Gobierno y al ministerio a dar respuestas públicas que vayan más allá de las explicaciones formales si quieren recuperar confianza.
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