En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el martes 23 de septiembre de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado enérgico y desafiante: pidió que se abra un proceso penal contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros funcionarios implicados en recientes ataques militares contra embarcaciones en el mar Caribe. Argumentó que esas acciones podrían constituir ejecuciones judiciales o crímenes de guerra.
Contexto de los ataques
Durante septiembre de 2025, la administración estadounidense llevó a cabo al menos tres ataques con misiles u operaciones militares contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas en rutas entre Venezuela y el Caribe. En el primero de esos incidentes, ocurrido el 2 de septiembre, murieron 11 personas. Después, se registraron otros ataques que habrían dejado un total de al menos 17 fallecidos (según versiones de prensa) en la región.
La Casa Blanca ha defendido estas acciones como parte de la estrategia antidrogas del gobierno de Trump, alegando que estas embarcaciones eran “narcolanchas” vinculadas a organizaciones criminales, como el Tren de Aragua en Venezuela. Sin embargo, varios analistas y gobiernos de la región han cuestionado la legalidad, proporcionalidad, transparencia y evidencia sobre la identidad de los tripulantes y su relación con el narcotráfico.
Lo que dice Petro
Petro acusó al gobierno de Trump de actuar con impunidad, exhortando que “procesos penales deben iniciarse contra esos funcionarios, incluso si incluye al funcionario de más alto rango que dio la orden: el presidente Trump”. Afirmó que los jóvenes abatidos “no eran narcotraficantes” sino ciudadanos pobres que no tenían otra opción, y que no estaban armados ni tenían capacidad para defenderse.
Asimismo, cuestionó que se emplearan misiles sobre aguas soberanas, calificando esos actos como “un acto de tiranía” y violatorios del derecho internacional. Petro advirtió que si se llegara a identificar que algunas de las víctimas eran colombianos, la justicia nacional tendría la obligación de abrir una investigación por asesinato.
Además, en su discurso ante la ONU, criticó la política global de drogas como un fracaso y denunció lo que considera una criminalización de la pobreza y la migración, señalando que los grandes narcotraficantes operan con impunidad en lugares como Miami o Nueva York, mientras se apunta con fuerza a los países de menor poder.
Reacciones internacionales y desafíos
- Estados Unidos aún no ha divulgado públicamente detalles exhaustivos que respalden sus versiones: por ejemplo, cómo identificaron las cargas, la filiación criminal de los tripulantes o si hubo juicio previo.
- Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, respaldó las denuncias de Petro y advirtió medidas constitucionales de soberanía frente a posibles agresiones norteamericanas.
- Varios países de América Latina y organismos internacionales han llamado a la prudencia y al respeto del derecho internacional y de los principios de proporcionalidad, debido al riesgo de escalada diplomática.
- La exigencia de Petro se enmarca en un escenario tenso de relaciones entre Colombia y EE. UU., en el cual Washington recientemente quitó la certificación antidrogas a Colombia bajo el argumento de falta de avances.
Puntos críticos por resolver
- Competencia legal: ¿Un país puede juzgar penalmente a otro jefe de Estado por acciones ocurridas en aguas internacionales o soberanas?
- Pruebas y transparencia: falta de información pública clara sobre las evidencias que justifican los ataques.
- Derecho internacional y soberanía: la legalidad de usar fuerza militar sobre embarcaciones bajo jurisdicción njera o en zonas no claras.
- Implicaciones diplomáticas: una demanda penal podría generar ruptura de relaciones, sanciones recíprocas o litigios internacionales.
- Protección de víctimas: determinar nacionalidad, derechos de los familiares, acceso a justicia, reparación.
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