Ecuador ha cerrado recientemente dos importantes operaciones de reestructuración de su deuda pública, enfocándose en la conservación de su rica biodiversidad. Sin embargo, varias organizaciones locales cuestionan la efectividad de los mecanismos y procesos empleados en tales iniciativas, sugiriendo que no son verdaderamente beneficiosos para las comunidades locales.
Una de las iniciativas aclara que la mejora de 4,6 millones de hectáreas de la selva amazónica, junto con la protección adicional de 1.8 millones de hectáreas de bosques y humedales y el fortalecimiento de la protección de 18,000 kilómetros de ríos, se ha conseguido a cambio de 1.500 millones de dólares de deuda pública. Como parte de este esfuerzo, se ha realizado un nuevo compromiso de financiamiento que incluye $400 millones destinados a un innovador instrumento financiero conocido como Amazon Fund Biocorredor. Esto forma parte de un reciente proceso de cambio de deuda por naturaleza respaldado por el Banco de Desarrollo Interamericano, Bank America y la Corporación Financiera Internacional de los Estados Unidos, entre otros.
Sobre el papel, parece que Ecuador ha logrado un acuerdo beneficioso que promoverá la conservación de la biodiversidad. El nuevo biocorredor se proyecta que beneficiará a un millón de personas y a numerosas especies de mamíferos, aves y peces ubicados en una de las principales regiones de biodiversidad del planeta. No obstante, algunos grupos alegan que este tipo de acciones no se llevan a cabo tomando en cuenta a las comunidades locales e indígenas, y que no resultan en una mejora tangible en la conservación ni en la economía de un país que atraviesa crisis.
Deuda por naturaleza: el caso de Galápagos
El concepto de deuda por naturaleza fue introducido por primera vez en 1982 por Thomas Lovejoy, quien era vicepresidente de WWF. Sin embargo, ha sido en los últimos años cuando este enfoque ha cobrado impulso como una herramienta que busca mejorar la conservación de la biodiversidad en países con altos niveles de deuda. Aunque no existe un registro único que compila todas las operaciones realizadas, un informe de Carbon Brief sugiere que aproximadamente 150 proyectos de este tipo están en marcha a nivel global, concentrándose mayormente en América Latina y el Caribe, con un total de intercambio que asciende a $2.4 mil millones.
No es la primera vez que Ecuador realiza una operación de este tipo; en abril de 2023, el país firmó un acuerdo para intercambiar $1,630 millones por un nuevo instrumento por $656 millones, lo que resultó en una asignación de alrededor de $450 millones destinados a proyectos de conservación en las islas de Galápagos y áreas marinas protegidas. Sin embargo, desde el anuncio de esta operación, con una de las más grandes emisiones de deuda por naturaleza en el mundo, los resultados tangibles aún no se han concretado.
La coordinadora del proyecto en el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDE), Eva Martínez-Acosta, señala que «no hubo una mitigación significativa de la deuda pública, y los ahorros propuestos se destinan a los pagos anuales requeridos por el fondo de protección», añadiendo que los beneficios económicos todavía no se ven reflejados en las islas. La primera ronda de subvenciones no se activó hasta hace poco, lo que evidencia los retrasos en la implementación de estos proyectos.
Además, un análisis de la situación de Galápagos publicado en el informe del año pasado, realizado en colaboración con redes de justicia económica y social, encontró otras deficiencias en este modelo, como la falta de transparencia, la exclusión de las comunidades locales y la gestión externa. Estas mismas fallas se repiten en el nuevo acuerdo de deuda por naturaleza en el Amazonas.
Martínez-Acosta señala que «ni el gobierno ni el Fondo Galápagos proporcionaron información suficiente sobre los detalles financieros o el impacto de la operación, lo que alimenta las dudas sobre su verdadera efectividad. Además, muchas de las cláusulas de estas operaciones son confidenciales.» En este contexto, diversas organizaciones han instado al Banco Interamericano de Desarrollo y al Gobierno de Ecuador a abordar estas preocupaciones de transparencia, exigiendo que se brinde más información sobre el Fondo Galápagos.
El informe también pone de relieve que el diseño de la operación de cambio de deuda se realizó sin involucrar a la población local, y que estratégicamente, las decisiones están dominadas por entidades privadas extranjeras, dejando al gobierno y a los residentes locales con una participación menor en estas iniciativas. La complejidad de la arquitectura financiera puede hacer que los costos y riesgos sean difíciles de manejar.
Las implicaciones de estas deficiencias son serias no solo para las Islas Galápagos, sino también para el país en su conjunto. Según Martínez-Acosta, las islas podrían no recibir los beneficios deseados en términos de conservación y desarrollo sostenible, y Ecuador podría verse abrumado por obligaciones financieras severas y menos control sobre sus ricos recursos naturales. Esta implementación deficiente podría socavar la confianza pública en las iniciativas de conservación, que son, irónicamente, cruciales para el futuro del país.
Por otro lado, se ha criticado que el nuevo intercambio de deuda por naturaleza en Amazon presenta muchas similitudes con el caso de Galápagos. Los objetivos de conservación son ambiciosos y las cifras en juego son significativas, pero persiste la ausencia de una participación local activa, así como una falta de transparencia que involucra a entidades privadas extranjeras en la administración de estos fondos.
Finalmente, Martínez-Acosta concluye que el modelo de deuda por naturaleza, tal como se está llevando a cabo en Ecuador, incluso con su atractivo discursivo, puede no ser una herramienta efectivas para enfrentar el problema del endeudamiento en países como Ecuador, o para garantizar la protección real de su biodiversidad. «Estas iniciativas, aunque seductoras en el papel, son soluciones parciales que dependen demasiado del sector privado o de acreedores externos, en lugar de dirigirse a las prioridades soberanas que requieren transformaciones profundas en los modelos económicos y financieros a nivel global, más allá de los instrumentos como los intercambios de deuda por naturaleza,» agrega.
