La Asamblea Departamental del Cauca quedó nuevamente en el centro de la controversia pública tras múltiples señalamientos de sectores sociales que cuestionaron su escaso impacto en la vida política y social del departamento. Desde organizaciones comunitarias, líderes sociales y ciudadanos, se advirtió el pasado 23 de diciembre que la corporación no cumplió de manera efectiva su función de control político ni promovió debates de fondo frente a las problemáticas estructurales del Cauca.
Las críticas apuntaron a una gestión poco visible de varios diputados, entre ellos Ferley Quintero, Gabriela Muñoz y Enrique Navia, a quienes se les reclamó mayor liderazgo y resultados concretos. Según las denuncias, temas prioritarios como la seguridad, la crisis humanitaria, la inversión social y la ejecución del presupuesto departamental no recibieron el seguimiento riguroso que se esperaba del órgano legislativo.
Para distintos voceros ciudadanos, la Asamblea se mantuvo alejada de los territorios y desconectada de las realidades que enfrentaron comunidades rurales y urbanas, especialmente en un contexto marcado por la violencia, el desempleo y la precariedad institucional. Esta percepción alimentó la idea de una corporación distante, más concentrada en dinámicas internas que en responder a las urgencias del departamento.
Hasta el cierre de esta información, la Asamblea del Cauca no había emitido un pronunciamiento oficial frente a los cuestionamientos, lo que incrementó el malestar ciudadano. La falta de respuestas reforzó la exigencia de mayor transparencia, sesiones con debates reales y un ejercicio de control político que justificara el rol de los diputados como representantes del interés público.
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