Bogotá, Colombia. La potencial designación del abogado Sorrel Parisa Aoca Rodríguez como nuevo centro de negocios para el Centro Técnico en el Ministerio de Energía ha suscitado una gran controversia, particularmente debido a la controvertida disciplina que enfrenta el ex gobernador de Putumayo. Se espera que AROCA asuma el cargo que anteriormente ocupaba Silvia Alexandra Cuesta Rosas, de acuerdo con información proporcionada por fuentes cercanas a los procesos de nombramiento.
Aoca Rodríguez es una abogada graduada de la Universidad de Libre con especialización en Ley de Energía. A lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado varias posiciones clave, incluyendo la oficina de Putumayo, el cargo de subsecretario general de la Asamblea, y gobernadora del departamento de Putumayo entre 2016 y 2019. Más recientemente, trabajó como contratista en la oficina del defensor del pueblo de Colombia, lo que le ha permitido adquirir experiencia en el sector público y en la administración de recursos estatales.
Desestimado e inactivado debido a irregularidades en la contratación
Sin embargo, el perfil de Aoca Rodríguez ha sido objeto de serias preguntas desde el 23 de junio de 2024, cuando la oficina del Secretario de Justicia confirmó que ella había enfrentado sanciones y una inhabilitación por un periodo de ocho años y seis meses, afectando tanto su carrera como la del ex ministro de educación Jorge Enrique Ferrin Dorado.
Estas sanciones se emitieron en el contexto de irregularidades atribuibles a un contrato de $5,453 millones destinado al monitoreo de las instituciones educativas en el departamento. De acuerdo con el fallo del caso, se estableció que durante su administración existieron condiciones insuficientes para fomentar la competencia libre y que se impidió la participación activa de un portavoz en el proceso.
La oficina del Ministro de Justicia calificó el comportamiento de Aoca y Ferrin como delitos extremadamente graves, sostenidos por un grado de culpa igualmente severo, alegando que violaron principios fundamentales de transparencia y restringieron la participación de postores fuera del departamento de Putumayo.
Dapre debe ser controlado
Aunque AROCA no ocupa un cargo electo, el decreto de AGA es categórico e plantea serias dudas respecto a su efectividad ética y moral en el entorno del ministerio. La falta de claridad sobre dicha nominación ha generado incertidumbre y sospechas sobre la idoneidad de su futuro desempeño en un cargo tan sensible.
Desde el Ministerio de Energía se ha indicado que todavía no existe una confirmación pública sobre la nominación, y que la responsabilidad de emitir un comunicado oficial recae en el presidente de la República (Dapre), quien supervisará la posible emisión de una declaración en relación con esta postulación polémica.
Este caso en particular reabre el debate en torno a la transparencia y la integridad en los procesos de selección para los cargos públicos. En especial, se trata de un tema crítico en áreas delicadas como la minería, donde la confianza institucional es un aspecto esencial que no puede ser subestimado.
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