El Auditor General de la República ha emitido una grave advertencia tras descubrir un aumento inusual de los contratos gubernamentales justo antes de que entrara en vigor la Ley de Seguro Electoral. Según su seguimiento, en la primera semana de noviembre de 2025, cometieron 9.0 mil millones de pesos en acuerdos y contratos interinstitucionales.
Contexto y principales hallazgos
- Fecha clave
El 7 de noviembre de 2025, justo antes de que comenzaran las restricciones electorales impuestas por la Ley de Responsabilidad, se firmaron acuerdos sobre 6.1 mil millones de pesosque representa 68% del total de contrataciones para esa semana. - El tamaño del aumento.
Esta cifra de 6.100 millones en un día equivale 2,9 veces el promedio mensual de empleo registrado entre enero y agosto de 2025 fue de 2,1 mil millones, lo que representa un aumento de 190% basado en el comportamiento histórico pasado. - Partes más involucradas
El regulador identificó al Departamento de Bienestar Social (DPS) como uno de los principales protagonistas de esta ola de contratación: se comprometió 770.000 millones de pesosque es equivalente 8,5% del total detectado en ese rebote. - Control preventivo
Este seguimiento no es casualidad. La Contraloría implementó un Modelo de Análisis de Seguimiento Preventivo (DIARI) para monitorear las compras públicas durante el periodo electoral, integrando datos del SECOP I y II, el Registro Único de Contribuyentes (RUA), el sistema presupuestario del DNP y el Ministerio de Hacienda. - Advertencias por antecedentes electorales
La oficina de vigilancia advierte que este comportamiento puede contribuir a la explotación política de los recursos públicos. Según expertos y algunos legisladores, este «maratón de reclutamiento» justo antes de las restricciones electorales podría ser una forma de utilizar fondos públicos con fines políticos. - Llamado a la rendición de cuentas
Miembros del Congreso como la representante Katherine Miranda han pedido una investigación. Asegura que en menos de 24 horas fueron firmados más de 1.500 millones en supuestos contratos urgentes. El regulador, por su parte, ya ha emitido una «primera advertencia pública». - Picos anteriores analizados
Además, la autoridad de control señala que ya se han producido grandes aumentos en septiembre y octubre: en septiembre, por ejemplo, se comprometieron alrededor de 4.000 millones y en octubre otros 3.500 millones en acuerdos entre órganos administrativos, antes de que entrara en vigor la ley de limitación de responsabilidad. - Riesgos para la transparencia y la confianza pública
El escrutinio se intensifica debido al riesgo de que estos contratos preelectorales sean vistos como una forma de «maquinaria política»: los demandantes argumentan que no se trata sólo de eficiencia administrativa, sino del uso estratégico del gasto público justo antes de que entre en vigor una norma que limite la contratación gubernamental.
Consecuencias y posibles consecuencias.
- Supervisión reforzada: La Oficina Nacional de Auditoría ha iniciado controles más estrictos a partir del 8 de noviembre para evitar que se firmen nuevos contratos administrativos durante el período electoral, ya que será limitado.
- La reputación del estado.: Este episodio es un golpe a la reputación de la administración del presidente Gustavo Petro, alimentando críticas por el mal uso de recursos públicos con fines electorales.
- Posibles estudios: Las quejas podrían desencadenar investigaciones por parte de fiscales, fiscales estatales y otros organismos reguladores, especialmente si se demuestra que hubo pagos o favores irregulares.
- Discusión jurídica: Esta advertencia pone nuevamente en el centro del debate público la ley de responsabilidad (ley 996 de 2005), su efectividad para prevenir a un cliente y cómo el gobierno intenta burlarla justo antes de su activación.
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