El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galabán, anunció del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera que la provincia presentará medidas de protección para proteger los derechos fundamentales de los niños y adolescentes en la comunidad Emberá. Después de su armario, Galán enfatizó que Bogotá no podía continuar asumiendo las consecuencias de la violación del gobierno con respecto a la transferencia de estos residentes. Hizo hincapié en que los niños no deben vivir ni dormir en espacios públicos como plataformas o parques, debido a los graves riesgos que enfrentan.
A través de su discurso, el presidente del distrito enfatizó que Bogotá invirtió más de 22,000 millones de pesos para servir a los residentes de Emberá y se centró específicamente en la protección de los menores. Condenó que muchos de estos niños, aproximadamente 220 según el último censo, no fueron a cursos o centros de Amar, ya que fueron trasladados al Parque Nacional en un instrumento musical claro. La semana pasada, algunos menores incluso se usaron para bloquear las carreteras, lo que los reveló para peligros considerables.
Según esta situación, la provincia no solo anunció una nueva operación de protección, sino también la instalación de los Estados Unidos (PMU) de manera preventiva. Esta PMU le permite monitorear las condiciones de los niños en el jardín e inmediatamente activar la ruta institucional. Las altas víctimas de consultores, la paz y la reconciliación, Isabelita Mercado, informó que este tutor se esfuerza por restaurar los derechos violados de los menores en riesgo con los hechos.
Además, el Secretario de Integración Social, Roberto Angulo, analizó las acciones tomadas por la provincia para garantizar la seguridad de Emberá. Mencionó que antes de firmar la violencia doméstica, la familia de las estaciones de policía activa las rutas de protección. También señaló que Bogotá asigna 6.200 millones de pesos al año para operar Amar y el programa de sueños de ganado, que sirve a víctimas menores de conflictos armados. Estos métodos buscan proporcionar a los niños menores una extensa vulnerabilidad en la vulnerabilidad.
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El gobierno está rompiendo contratos contra la comunidad de Emberá
Finalmente, los ministerios Miguel Silva y Gustavo Quintero acordaron que el gobierno tuvo que cumplir con la orden judicial de octubre de 2023, que ordena mudarse de inmediato a la comunidad de Emberá. La provincia reiteró que está listo para trabajar con el transporte, pero que la prioridad siempre debe ser la protección de los derechos de los niños, más allá de todos los demás intereses.
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