Reforma judicial que proteja la justicia social y ambiental, basada en las verdades de todos y cada uno, frente a una justicia sin justicia efectiva y oportuna.
La sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y cohecho en el proceso penal como resolutiva, dictada por la jueza Sandra Heredia en una defensa oral de más de 10 horas, en casi 1.000 páginas, es significativa considerando la impunidad reinante. La decisión judicial encendió pasiones ideológicas y políticas con descalificaciones, acusaciones y más acusaciones, sofocando una discusión de fondo sobre la gravedad de utilizar el poder político para una operación criminal que evita la verdad y asegura la impunidad. Y al mismo tiempo, expuso la ineficiencia del poder judicial por la lentitud de las investigaciones, la desigualdad ante la ley que conduce a detenciones y el descreimiento de la sociedad en la imparcialidad de la justicia por su politización a favor de ciertos sectores y la corrupción que también la aqueja.
La lectura de la sentencia, a veces con una ironía cuestionable, muestra cómo el fraude y el soborno son parte de técnicas poderosas para construir el derecho a la impunidad y la inmunidad. El caso de más de una década, iniciado por el entonces diputado a la cámara Iván Cepeda quien presentó al país información sensible de testigos privados de libertad, sobre la vinculación de los hermanos Uribe (Álvaro y Santiago) con la estrategia paramilitar del bloque metro, entre otros, nunca fue investigado. Lo que luego se investigó fueron las acciones ilegales del exsenador Uribe contra el senador Cepeda. Con ello se descarta por completo que el Tribunal Supremo haya ordenado ilegalmente la interceptación de comunicaciones y que el senador Čepeda haya influido ilegalmente en el ex presidente. Habrá una apelación en segundo grado, pero debemos ir más allá.
Se ha expuesto la brujería como sistema de actividad criminal. Entre ellos, los testigos a favor del expresidente muestran hilos de pertenencia a la estrategia narcoparamilitar desde los años 80, y demuestran las técnicas y mecanismos de poder que aseguran la impunidad. El proceso publicado abrió la posibilidad de reencontrar la memoria de un país donde el poder fue utilizado por medios encubiertos y estrategias estatales para exterminar a los sectores sociales y políticos.
En los días de la audiencia de este caso, recorrimos la historia de nuestros últimos 35 años en los que sectores del establishment, con diversas muestras de poder militar, policial y civil, desarrollaron torturas, asesinatos, desapariciones, masacres, desplazamientos, confiscaciones de bienes, conexiones con el narcotráfico y engaños, cuando no corrupción, del aparato judicial de constitución de la sociedad y del Estado.
El proceso judicial se convirtió en un ejercicio de nuestra dolorosa memoria de los horrores que continúan sin verdad judicial, sin justicia, que tal vez nunca se alcancen y que, en la emocionalidad de nuestra polarización, nos impedirán la transformación estructural de nuestra sociedad en valores, como la verdad, la convivencia, el respeto a las diferencias y la justicia, y por ende del Estado mismo. Este proceso judicial es como el reflejo de una tragedia que se repite en el tiempo y que sólo conocimos parcialmente en el poder judicial ordinario, en los Tribunales de Justicia y Paz, y las opiniones que tuvieron lugar en la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP y, sobre todo, en las expresiones extrajudiciales en la literatura, la cinematografía, las investigaciones periodísticas.
Un conjunto de conductas en las que quedan impunes la determinación de responsabilidades en el desarrollo de una estrategia paramilitar, el uso de organismos de seguridad del Estado para perseguir a opositores, la ejecución de civiles como positivos en la lucha contra grupos insurgentes y la desviación de justicia. Este proceso judicial mostró los roles, las cadenas internas, la configuración de redes criminales con pretextos contrainsurgentes, el uso de leyes y disposiciones de seguridad institucional contra la integridad de otros ciudadanos con derecho a existir independientemente de sus ideas y formas de habitar sus territorios. Este recuerdo nos permite vernos en el presente donde la grandeza de aquella estrategia sobrevive hasta nuestros días con nuevas técnicas para sus indescriptibles propósitos. Estamos ante una síntesis, quizás tímida, de la memoria de cientos de víctimas, la documentación de organismos de derechos humanos e investigaciones periodísticas, así como de algunos actores judiciales que actuaron conforme a derecho al destapar el crimen que fortaleció nuestra democracia y una suerte de cultura social. Un fragmento de esa verdad pudimos reconocer en los testigos y participantes de esta acción criminal, quienes decidieron romper los círculos de la impunidad. Así se produjo el encuentro en la distancia entre los recuerdos y verdades de los supervivientes y algunos de sus verdugos.
El extenso historial que continúa impune se relaciona con el favoritismo del narcoparamilitarismo en la aeronáutica civil, con las estructuras estratégicas paramilitares y sus referentes geográficos. 12 Apóstoles, La Carolina, Parqueadero de Padilla, muerte de Juan B. Moreno, Guacharacas, La Mundial, San Roque, Ituango, El Aro, La Balsita, El Septiembre Negro, Génesis, las Convivir, Metro Blok, extinto DAS, civiles desplazados, desplazados. Hay evidentes hilos comunes más allá de la negación y la distorsión con las que queremos defender a toda costa otra verdad que justifica las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.
El conjunto parece mostrar patrones en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que no dejan de ser una especie de caso que investiga el paquidérmico sistema de justicia, mientras otros casos ya tienen la desgracia de estar en los anales de la impunidad. Siempre en los asuntos judiciales hay pocos sancionados que estaban lejos de ser los más responsables o usuarios o planificadores.
También observamos que ninguna autoridad de justicia nacional rendirá cuentas por miles de casos de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El derecho a la verdad y la justicia sigue siendo una deuda pendiente.
Es precisamente por eso que la sanción contra Álvaro Uribe, en primer lugar, se convierte en un punto de inflexión, pero al mismo tiempo también en la necesidad de una discusión profunda sobre nuestro aparato judicial. ¿Qué debemos hacer con un sistema judicial que no promueve la justicia? ¿Qué hacemos con un sistema de justicia que debe millones de víctimas entre todos los que participaron directamente en nuestra guerra fratricida, en la corrupción, en el desarrollo empresarial nacional e internacional, en el exterminio de los sindicatos, en el desarrollo del modelo extractivo?
En este recorrido vemos que los jueces de los imputados permiten que las personas salten de un lado a otro en el tiempo, en un juego que favorece su impunidad. Correcto en algunos, nunca en todos. Un derecho del que no disfrutan ni las víctimas ni la gente corriente. Si realmente queremos hablar de igualdad ante la ley, un principio liberal, es necesario que los ex presidentes y presidentas, y todos los poderes que tienen ese privilegio, se asuman como todo ciudadano, mucho más con sus mayores responsabilidades como parte del gobierno. Abolir las jurisdicciones garantizando que todos los ciudadanos sean respetados en su dignidad, y que todos asuman su inocencia, y con derecho al debido proceso dar credibilidad a la igualdad ante la ley. Por lo tanto, la desacreditada cámara de absolución debería ser abolida. Repensar la justicia desde esta perspectiva liberal significa que expresidentes, senadores, eclesiásticos, militares, empresarios y agentes gubernamentales y terceros deben someterse al mismo aparato judicial.
Este caso, como el de Chiquita Brands, Drummon y cientos de otros que muestran asimetría ante la ley, debería hacernos dar cuenta como sociedad de las graves consecuencias de la impunidad y de la necesidad de una justicia rápida, creíble y efectiva. En una sociedad fanática, su locura conduce a la burla de la ley, su trivialización y la intervención imperial. Un entorno así refuerza la sordera y la lealtad, en medio de las cuales la verdad se derrumba. Todos, desde su lado político, desconocen o no la decisión judicial. Quizás sea hora de que como sociedad asumamos el desafío de promover una reforma judicial fundamental, reconociendo este dañino legado emocional, discutiendo reformas constitucionales que garanticen la no repetición. También es necesario discutir la justicia transicional, la elegibilidad y los mecanismos electorales en el poder judicial y el sistema penitenciario.
En esta perspectiva, es momento de evaluar y derogar leyes como la 1908 de 2018, que desnaturalizan la realidad del conflicto social, político y armado, que mezcla diversas violencias con valoraciones proyectadas por las fuerzas regulares del Estado y su visión del enemigo interno. La justicia se convierte así en una especie de extensión de la guerra contra el enemigo interno, que se construye sobre narrativas oficiales de las que se hacen eco los medios de comunicación, de modo que el vengador se convierte en un guerrero.
Es necesario, en el proyecto de Estado, con todas las fuerzas políticas y las distintas expresiones ciudadanas, acordar la reforma del poder judicial, seguida de otras progresividades en inclusión y paz social y ambiental. De lo contrario, continuaremos en el mismo ciclo de impunidad y democracia para algunos, que acumulan poder político y económico con total protección -e impunidad- ante la ley. Incitación a la venganza, al odio, a la violencia y al modelo económico. La justicia carece de rostro de justicia para la mayoría. Si varias decisiones judiciales están lejos de asegurar transformaciones a favor de la convivencia y el bienestar y de un país capaz de resolver racional y razonablemente sus contradicciones en un estado de derecho socioecológico, las decisiones judiciales hasta la fecha serán sólo una formalidad simbólica que no transforma nada.
En este tiempo electoral, un poder consciente, imbuido de sensatez, puede proponer soluciones con verdad para todos en mecanismos judiciales y extrajudiciales innovadores que permitan el reconocimiento de responsabilidades y pongan fin a la impunidad estructural. La reforma que proyecta un mecanismo de justicia que posibilite las transiciones económicas, sociales, culturales, ecológicas, así como la responsabilidad por toda violencia, sus causas y motivos, y en sus decisiones promueva la anulación del ejercicio del poder y la economía a través de la violencia, la corrupción y las leyes de los poderes corporativos.
El hechizo se ha roto, pero la impunidad del sistema sigue vigente.
