Los proyectos de alcantarillado sanitario ejecutados en el municipio de La Plata, Huila, quedaron bajo escrutinio tras un informe de la Procuraduría General de la República que identificó presuntos sobrecostos por más de 186 millones de dólares. El hallazgo, con posibles implicaciones para las finanzas estatales, se originó a raíz de una denuncia ciudadana y quedó registrado en un informe final publicado por la Universidad del Huila a finales de 2025.
La revisión se centró en el acuerdo entre la administración no. 024 de 2024, suscrita entre la Alcaldía de La Plata y la empresa de servicios públicos Emserpla ESP, en el primer año de gobierno del intendente Camilo Ospina. El contrato tuvo como objetivo la optimización del sistema de alcantarillado sanitario en varios sectores urbanos y contó con un presupuesto total de mil 400 millones de dólares, financiado en un 98,57% con fondos municipales del sistema de participación general.
Preguntas
Uno de los aspectos que generó dudas fue la baja contribución de Emserplu, que aportó sólo el 1,43% del valor total, a pesar de ser la parte encargada de la ejecución del contrato. Posteriormente, la empresa contrató a un tercero para desarrollar las obras, situación que generó dudas sobre su capacidad operativa y la correcta estructura del proceso.
Las intervenciones se realizaron en cinco partes en los barrios de La Floresta, Las Quintas, Siete de Agosto y La Libertad. Si bien las obras fueron terminadas y recibidas satisfactoriamente en marzo de 2025, los análisis técnicos posteriores revelaron diferencias significativas entre el precio del contrato y los valores de referencia del mercado local.
El estudio de análisis de costos unitarios reveló incrementos significativos en actividades como exposición topográfica, excavación manual, relleno compactado, suministro de tuberías de PVC y reposición de pavimento. En algunos casos, el valor superó ampliamente lo pagado en contratos similares realizados en años anteriores en el mismo municipio.
La Oficina Nacional de Auditoría concluyó que estos aumentos no tenían suficiente justificación técnica y podrían provocar daños materiales. Por ello, el hallazgo fue trasladado al Grupo de Responsabilidad Fiscal para determinar responsabilidades y evaluar el daño final al Fisco, mientras que algunos aspectos disciplinarios fueron remitidos a la Procuraduría General de la República.
243
