Luis Alberto Herrera, más conocido en el ámbito ciclista como «Luchu» Herrera, regresa a la atención pública en medio de una controversia de escala impactante. Ocho años después de su regreso a España en 1987, ahora se enfrenta a una investigación formal tras una decisión judicial reciente. Este juez ha solicitado que se abra una investigación en contra de Exciclist, en relación a la desaparición forzada de cuatro vecinos en Fusagasugá, en un suceso que tuvo lugar en octubre de 2002. Entre las directrices del juez está la orden de examinar a Lucho Herrera en relación con este caso alarmante de desaparición forzada.
El pasado domingo, 20 de abril, el medio Mensaje primero reveló que tres ex paramilitares, uno de ellos conocido como «Ojitos», habría proporcionado testimonios incriminatorios en contra de Herrera, implicándolo en un panorama siniestro de asesinatos. Según las declaraciones, le habrían indicado que debía entregar una cantidad de dinero junto con fotografías de las supuestas víctimas, a quienes acusaban de ser guerrilleros. El trasfondo de estas acusaciones estaba ligado a la intención de apropiarse de las tierras de los afectados.
Escalofriantes testimonios vinculan a Herrera con grupos paramilitares
Las narrativas aportadas por ex paramilitares son perturbadoras y contundentes, dejando claro que las acusaciones no son triviales. Luis Fernando Gómez, conocido como «Ojitos», afirmó haber recibido de Herrera dos sobres: uno contenía fotografías de las víctimas y el otro, una suma exorbitante de 40 millones de pesos. En su relato, Gómez mencionó que Herrera le solicitaba que estos individuos fueran «recibidos» por considerar que sus militancias eran el motivo de su captura, pero esta justificación resultó ser un engaño.
Otro individuo apodado «gobierno» brindó detalles escalofriantes, narrando cómo cuatro hombres fueron secuestrados, asesinados y desmembrados. Las víctimas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega.
La cuarta corte penal de la región de Fusagasugá validó estos testimonios el 7 de abril de 2025, lo que llevó a la apertura formal de la investigación y destacó la posibilidad de que Lucho Herrera enfrente cargos por crímenes de lesa humanidad.
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Familias piden justicia mientras Herrera guarda silencio; el juez ordena exámenes sobre Lucho Herrera
Andrés Fabán Rodríguez Torres, un descendiente directo de dos de las víctimas mencionadas, compartió el profundo impacto que esta noticia ha tenido en su familia, quienes habían trabajado para Herrera a lo largo de muchos años. «Al ver su nombre en los documentos, fue un shock para nosotros», expresó el joven en una entrevista con Mensaje primero. Se reveló que los hombres armados de un grupo vinculado a las extintas FARC simularon una operación legítima y engañaron a los campesinos, llevándolos a un destino fatal.
Hasta la fecha, «Luchu» Herrera no ha emitido una declaración oficial sobre las graves acusaciones que se están presentando en su contra. Cabe mencionar que él mismo fue víctima de secuestro por parte de las FARC en 2004, pero en esta ocasión, su silencio es ensordecedor. La Oficina del Fiscal General ha clasificado estos hechos como crímenes de lesa humanidad, lo que podría dar pie a un proceso judicial significativo.
La nación colombiana, que ha sido testigo de uno de los momentos más gloriosos en su historia deportiva, ahora se ve envuelta en uno de los casos más delicados y complejos de los últimos años. Con un país dividido por un pasado violento y la caída de sus ídolos, Colombia se enfrenta nuevamente a un debate nacional sobre la memoria histórica, la justicia y la búsqueda de la verdad.
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