Acerca del naufragio se encuentra el controvertido proyecto de reforma constitucional que busca facilitar un transfugismo político en Colombia. Esta iniciativa, que permitiría a los parlamentarios cambiar de partido cada cuatro años sin enfrentar sanciones ni perder su asiento en el Congreso, ha ido perdiendo apoyo en las últimas horas. El proyecto de transfugismo enfrenta una caída significativa en las subvenciones dentro del parlamento colombiano.
El autor de esta iniciativa, el senador Alejandro Chacón, admitió que la propuesta no se diseñó con la intención de ser aprobada sin debate: «Nunca pensamos que dejaría el quinto debate, siempre se trató de abrir la discusión». A pesar de haber superado cinco de las ocho discusiones necesarias, ahora la propuesta enfrenta un panorama adverso, con un rechazo creciente por parte de varios partidos políticos.
Los bancos del Partido Conservador, los Cambio Radical y el Centro Democrático han hecho declaraciones públicas en contra de la medida, argumentando que tal reforma debilitaría el sistema de partidos y el Instituto Democrático. El rechazo de estos partidos políticos está teniendo un efecto significativo en la velocidad de avance de la iniciativa; el proyecto de transfugismo está perdiendo ventajas en el Congreso Colombiano.
El rechazo de los partidos políticos ralentiza la iniciativa; El Proyecto de Transfuismo pierde subvenciones en el Congreso Colombiano
El Partido Conservador, liderado por la diputada del Senado Nadia Blel, fue explícito en su postura: «No fortalece el sistema del partido y es inapropiado en un calendario electoral que requiere estabilidad». Por otro lado, el partido U también expresó su negativa: «No tenemos la intención de apoyar un proyecto que afecte la unidad ideológica de las comunidades», señaló en un comunicado oficial.
En la misma línea, parlamentarios como Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) y Angélica Lozano (Alianza Verde) advirtieron sobre la problemática que conllevaría dicha legislación. Lozano, en particular, enfatizó que la propuesta representaría un ataque directo a la justicia electoral. Motoa, por su parte, hizo eco de preocupaciones al respecto, señalando que el proyecto busca crear un ambiente de impunidad política al debilitar la Junta de Gobernadores y disminuir la capacidad de sanción de la Corte Suprema.
La preocupación por el impacto de esta reforma no solo es política, sino que también tiene repercusiones directas sobre la legalidad y la estabilidad del sistema electoral en el país. «Este es un ataque a la justicia electoral», advirtió Lozano, manifestando la alarma que suscita entre los sectores más críticos de la política colombiana.
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El argumento presentado por los líderes del proyecto sostiene que las reformas serían beneficiosas para el Tratado Histórico, facilitando su integración y el establecimiento de una posición legal diferenciada, que podría permitir la designación de ciertos miembros de manera más expedita. Sin embargo, Chacón ha negado que se trate de un «mico» en la presentación de la propuesta.
«Lo que estoy haciendo es restituir aspectos constitucionales que se perdieron en 2009. No hay beneficios ocultos ni válidos», insistió. No obstante, persisten las advertencias sobre el contenido de la enmienda, ya que se ha propuesto que el Artículo 107 de la Constitución permita entender la justicia sin las herramientas necesarias para abordar casos de transfugismo político.
Incluso la diputada del Senado Maria Fernanda Cabal, quien originalmente fue una de las defensoras del proyecto, ha reconsiderado su posición tras un análisis más profundo. «No votaré por un beneficio que comprometa la democracia. Hay detalles que deben revisarse con mucha seriedad», afirmó en su cuenta en X.
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